El Tratado de 1929. La otra historia

por Herbert Mujica Rojas

En su libro de potentes luces: El Tratado de 1929. La otra historia, pp. 44-45-46, Fondo Editorial del Congreso del Perú, 2000; el embajador Félix C. Calderón, detalla, como antecedentes a la otra historia del Tratado de Lima y su Protocolo Complementario, del 3 de junio de 1929, lo siguiente:

“Pero hay una cuestión más grave aún. De acuerdo con el derecho de gentes de la época, como muy bien lo recordara el cónsul estadounidense en Lima, S.A. Hurlbut, el Perú por no compartir en ese momento su frontera con Chile, estaba obligado a asumir el pago de las reparaciones de guerra, mas no a sufrir la desmembración violenta de su territorio, puesto que nunca tuvo un diferendo de límites con Chile. Nueve de los catorce artículos del Tratado de Ancón, estuvieron referidos al pago de esa indemnización que le correspondía al Perú por los gastos de guerra. Pero el Tratado de Ancón fue mucho más allá, cuando incorporó el artículo 2do, dirigido a convalidar la anexión territorial de Tarapacá, y el artículo 3ro. que por la vía de la prenda territorial le permitió a Chile especular por cerca de cincuenta años con nuevas conquistas territoriales, no obstante que ya en 1883 las naciones libres condenaban ese proceder basado únicamente en la fuerza. (Véase figura Nro. 1).

En líneas generales, Chile incumplió en cinco ocasiones la ejecución del Tratado de Ancón en los aspectos territoriales, incurriéndose de esta manera en vicios de nulidad del mismo. Es importante a este respecto traer a colación lo que dijo el gran tratadista Fiori en 1885: “Queda fuera de duda que cuando una parte no cumple con sus obligaciones, pone a la otra en situación de poderse declarar desligada del deber de cumplir las suyas. Por consiguiente, si la violación alcanzara la substancia o una de las partes importantes del tratado, se podría inferir la resolución de la convención” (Nouveau Droit International Public, París, 1885, p. 419).

El primer acto de incumplimiento por parte de Chile consistió en apropiarse indebidamente de una parte importante de la provincia de Tarata, incluyendo su capital, y una más pequeña de Chucuito, en Puno, bajo la argucia de que el límite septentrional en la parte oriental de la provincia de Tacna estaba dado por el río Chaspaya, siendo el río Estique, su afluente meridional, la verdadera naciente, por ser el más caudaloso. Los éxitos, años más tarde, del coronel Oscar Ordóñez en la Comisión Especial de Límites no hicieron más que corroborar esta actitud abusiva y ultra vires de Chile. Es oportuno señalar que este nuevo atropello fue posible a causa de un error en el citado artículo 3ro, que llevó las nacientes del río Sama a la cordillera limítrofe con Bolivia, cuando la realidad geográfica nos dice que ese río nace en la cordillera del Barroso, más al oeste, generando así una solución de continuidad insalvable que dio pie para consumar el abuso.

El segundo acto de incumplimiento se dio cuando Chile, arbitrariamente, modificó el límite sur de la provincia de Arica, tal como existía en 1879, transfiriendo las ricas borateras de Chilcaya a Tarapacá. El tercer acto de incumplimiento fue su negativa a respetar el plazo de diez años para realizar el plebiscito, perdiendo inclusive el derecho de posesión sobre las provincias de Tacna y Arica que le había conferido por ese lapso el artículo 3ro. La cuarta violación en la que incurrió Chile vis-á-vis lo estipulado en el Tratado de Ancón se produjo cuando se concluyó con Bolivia en 1904 un tratado de paz y límites en el que cedió a este último país, como si fuera de su pleno dominio y soberanía, una significativa parte de Arica, y otras más pequeñas de Tacna y Tarata, en momentos en que su presencia en esos territorios era, sin atenuantes, completamente ilegal. Finalmente, el quinto acto de incumplimiento tuvo lugar en 1909 mediante el trazo, exprofesamente provocador, del nuevo ferrocarril de Arica a La Paz por territorios que pertenecían históricamente a Tacna y Tarata, además de Arica.

No sabemos dónde estuvieron los estadistas peruanos de entonces, porque patriotas hubo muchos, ni por qué los detractores del presidente Leguía no encañonaron, también, su encono contra quienes condujeron el Perú durante los años que siguieron a la celebración del Tratado de Ancón. En todo caso, no deja de ser paradójico que la crítica se haya ensañado contra quien tuvo el coraje de zanjar este doloroso episodio de nuestra vida republicana, en vez de enfilar sus baterías contra sus predecesores, quienes abrumados, tal vez, por la complejidad de los litigios fronterizos con los países vecinos, optaron por resignarse a los status quo o modus vivendi, o por refugiarse cómodamente, más tarde, en sus torres de marfil para desde allí pontificar acerca de posibles fórmulas de arreglo.

No fue Leguía quien creó los problemas de delimitación fronteriza, sino quien los resolvió en un ochenta por ciento, dejando el camino allanado para que doce años más tarde el presidente Prado pusiera punto final a la delimitación fronteriza del Perú. La dolorosa amputación de Tarapacá y la ocupación de Tacna y Arica fueron resultado de una miope política defensiva en la que se embarcó Manuel Pardo, en circunstancias en que el ejército peruano continuaba operando con estrategias y tácticas de la guerra del siglo XVIII. No resonó, parece, en Lima el eco de la innovación tecnológica que trajo la guerra franco-prusiana ni el carácter total de la guerra que percibió Clausewitz durante las campañas napoleónicas. Pero el Perú sufrió los estragos de los cambios estratégicos, en particular esa condenable política de tierra arrasada que practicó el enemigo para aniquilar nuestra capacidad de respuesta”.