POLITICAMENTE INCORRECTO
Medida del gobierno restringirá operaciones y maniobras, impedirá proyectos y dará golpe mortal al SIMA
Víctor Robles Sosa (*)
El ataque verbal lanzado contra los almirantes Jorge Montoya y Alfredo Palacios por el presidente Alan García indica que en la personalidad de éste subyace el espíritu antimilitar de los apristas de viejo cuño, aquellos que guardan aún una profunda aversión a lo castrense.
Sus propias palabras lo confirman cuando alude al viejo golpismo para rebatir los argumentos de Montoya y Palacios, en vez de responderles con argumentos. García ha recurrido al agravio (“golpistas”, “empleados”) en vez de usar argumentos.
La fobia presidencial es absurda en estos días, pues la injerencia militar directa en la política ha quedado sepultada en el pasado, no existe más. Hoy las fuerzas armadas son instituciones comprometidas con la democracia. Las declaraciones de los almirantes Montoya y Palacios en contra de la concesión de las aguas de la base naval del Callao a un proyecto privado se enmarcan en esa realidad. No hay ninguna intención golpista detrás de ellas. Tampoco hay justificación alguna para que el presidente los desprecie llamándolos “empleados” cuando son profesionales calificados que cumplen un rol constitucional importante.
Es cierto que las FFAA le deben obediencia al poder civil, pero éste también le debe respeto a toda la nación. Lo peor es que ese sentimiento antimilitar ha inducido al presidente a cometer el grave error de relegar a un segundo plano la defensa nacional, un aspecto que es vital para toda nación. Éste es el problema de fondo.
Por eso su gobierno carece de políticas de defensa y seguridad nacional; éstas se han dado según la buena o mala disposición del ministro de turno. La excepción positiva fue la gestión de Rafael Rey, quien encaró los problemas y tomó decisiones para resolverlos. Si no hizo más fue por falta de apoyo. El Estado tiene mecanismos institucionales encargados de la defensa, como el Consejo de Defensa Nacional, al cual debió pedírsele su opinión sobre el uso de las aguas de la base naval del Callao para el proyecto del muelle para minerales. Como García no pidió esa opinión antes de levantar la reserva, la Marina se ha visto obligada a hacer escuchar su voz, para hacer público el problema y pedir que se cumpla lo que manda la Constitución, nada más. El ex comandante general de la Marina, Alfredo Palacios, ha señalado que la medida “restringirá en la rada interior sus operaciones y maniobras, y además impedirá el desarrollo de futuros proyectos de la Marina”, perjudicando así la defensa del Perú. También, según Palacios, afectaría “las gradas de construcción y diques flotantes del astillero del Servicio Industrial de la Marina, –único de alto bordo en el país–, lo cual reduciría su capacidad de construcción de buques de alto bordo y los procesos de reparación de todas nuestras unidades”.
Si esto es verdad, la preocupación de ese instituto es justa y razonable, por lo tanto el presidente García debe convocar al Consejo de Defensa Nacional para discutir y analizar el reclamo de los mandos navales. Sobre estos hechos, y llevado por su ignorancia en la materia, un columnista obsesionado con el ex ministro Rey y el almirante Luis Giampietri, ha culpado a estos de los graves errores cometidos por el gobierno aprista. En honor a la verdad debo recordarle que fue Alejandro Toledo quien desarticuló nuestra defensa al desactivar 68 bases contra terroristas, dejar sin presupuesto a las FFAA y desatar la persecución indiscriminada contra los policías y militares que lucharon por la paz. Un sector del Apra respaldó ese despropósito en su momento. Rey y Giampietri, por el contrario, han sido dos voces solitarias y persistentes en este gobierno reclamando rectificar el error y fortalecer la defensa. De hecho la gestión de Rey como ministro de Defensa ha sido aplaudida por los institutos militares. Pero volviendo al tema de fondo, éste sigue abierto: El presidente García está yendo contra la Constitución si persiste en levantar la reserva de las aguas de la Base Naval del Callao obviando la consulta previa al Consejo de Defensa Nacional. Está obligado a hacerlo por mandato constitucional, no tiene otra opción. (*)
Periodista y analista político E-Mail: mailto:victor.robles.sosa@hotmail.com victor.robles.sosa@hotmail.com /
www.victorrobles35.com
Es cierto que las FFAA le deben obediencia al poder civil, pero éste también le debe respeto a toda la nación. Lo peor es que ese sentimiento antimilitar ha inducido al presidente a cometer el grave error de relegar a un segundo plano la defensa nacional, un aspecto que es vital para toda nación. Éste es el problema de fondo.
Por eso su gobierno carece de políticas de defensa y seguridad nacional; éstas se han dado según la buena o mala disposición del ministro de turno. La excepción positiva fue la gestión de Rafael Rey, quien encaró los problemas y tomó decisiones para resolverlos. Si no hizo más fue por falta de apoyo. El Estado tiene mecanismos institucionales encargados de la defensa, como el Consejo de Defensa Nacional, al cual debió pedírsele su opinión sobre el uso de las aguas de la base naval del Callao para el proyecto del muelle para minerales. Como García no pidió esa opinión antes de levantar la reserva, la Marina se ha visto obligada a hacer escuchar su voz, para hacer público el problema y pedir que se cumpla lo que manda la Constitución, nada más. El ex comandante general de la Marina, Alfredo Palacios, ha señalado que la medida “restringirá en la rada interior sus operaciones y maniobras, y además impedirá el desarrollo de futuros proyectos de la Marina”, perjudicando así la defensa del Perú. También, según Palacios, afectaría “las gradas de construcción y diques flotantes del astillero del Servicio Industrial de la Marina, –único de alto bordo en el país–, lo cual reduciría su capacidad de construcción de buques de alto bordo y los procesos de reparación de todas nuestras unidades”.Si esto es verdad, la preocupación de ese instituto es justa y razonable, por lo tanto el presidente García debe convocar al Consejo de Defensa Nacional para discutir y analizar el reclamo de los mandos navales. Sobre estos hechos, y llevado por su ignorancia en la materia, un columnista obsesionado con el ex ministro Rey y el almirante Luis Giampietri, ha culpado a estos de los graves errores cometidos por el gobierno aprista. En honor a la verdad debo recordarle que fue Alejandro Toledo quien desarticuló nuestra defensa al desactivar 68 bases contra terroristas, dejar sin presupuesto a las FFAA y desatar la persecución indiscriminada contra los policías y militares que lucharon por la paz. Un sector del Apra respaldó ese despropósito en su momento. Rey y Giampietri, por el contrario, han sido dos voces solitarias y persistentes en este gobierno reclamando rectificar el error y fortalecer la defensa. De hecho la gestión de Rey como ministro de Defensa ha sido aplaudida por los institutos militares. Pero volviendo al tema de fondo, éste sigue abierto: El presidente García está yendo contra la Constitución si persiste en levantar la reserva de las aguas de la Base Naval del Callao obviando la consulta previa al Consejo de Defensa Nacional. Está obligado a hacerlo por mandato constitucional, no tiene otra opción. (*)
Periodista y analista político E-Mail: mailto:victor.robles.sosa@hotmail.com victor.robles.sosa@hotmail.com /
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