Por recorte de presupuesto de equipamiento, burla en remuneraciones y pensiones y abandono a combatientes del VRAE
VÍCTOR ROBLES SOSA (*)
La Marina no tiene presupuesto para patrullar el mar de Grau y nuestros ríos, el gobierno se niega a proteger legalmente a los soldados que combaten a los terroristas, quienes nos defendieron del terror en los años 80’ y 90’ y son perseguidos contra el mandato constitucional, y la promesa presidencial de darles un sueldo digno a los militares y policías parece cada día más una burla.
Así está nuestra Defensa Nacional. Y encima, el Ministerio de Economía y Finanzas pretende recortarle el presupuesto del 2011 en más de 750 millones de nuevos soles.
Cuidado señores congresistas y periodistas, no es el presupuesto “de las fuerzas armadas”, como dicen algunos, sino de la Defensa y la Seguridad de nuestra nación, que es muy distinto. El esfuerzo que hizo el ex ministro Rafael Rey por reequipar a nuestras FFAA se irá al agua si el MEF consuma el recorte. Si esto ocurre nuestros militares no podrán capacitarse ni entrenarse en el manejo de los nuevos equipos. ¿De qué servirán éstos si nadie sabrá operarlos? Tampoco habrá fondos para alimentar y vestir a nuestras tropas, ni para dotar del combustible necesario a las unidades de combate. La tesis que sustenta el recorte dice que “no hay hipótesis de conflicto exterior hoy en día”, lo cual es aberrante, pues las adquisiciones militares se hacen de cara a posibles escenarios futuros. ¿Alguien descartaría de plano que un guerrerista pudiera llegar al poder en un país vecino en el futuro? En 1989, cuando la Secretaría de Defensa Nacional le presentó al presidente Alan García una hipótesis de conflicto con Ecuador, aquel la descartó alegando que su entonces colega de Ecuador Rodrigo Borja era su “hermano” y jamás haría la guerra. Pocos años después el ejército ecuatoriano inició una ocupación silenciosa de territorio peruano, y en 1995 estalló la Guerra del Cenepa.
Si García hubiese tenido visión, ese conflicto no nos hubiera sorprendido. Un caso ilustrativo del abandono de la Defensa es el de la fuerza de Guardacostas de la Marina de Guerra (DICAPI), que hoy no puede cumplir su misión –patrullar el litoral marítimo y los ríos- porque le han cortado el 40% de su presupuesto al haber sido transferidas a la Autoridad Portuaria Nacional (APN) las funciones que le permitían recaudar esos fondos. El 2003 el gobierno se comprometió a reponerle esos fondos a la DICAPI mediante una asignación presupuestal, pero hasta ahora no cumple. El punto es que la DICAPI cumple un rol vital para la Seguridad nacional al combatir la pesca ilegal, el contrabando y el tráfico ilícito de drogas. Siendo suspicaz podría pensar que esos intereses han influido en el MEF y en el Congreso para que la fuerza de Guardacostas siga casi paralizada, pero nos resistimos a creerlo. En el plano de la lucha contra el terrorismo, la situación es igualmente desalentadora. El presidente Alan García jamás ha visitado a las tropas que combaten en el VRAE, pero en cambio asiste a todas las ceremonias del “lugar de la memoria” concebido para hacer escarnio de las fuerzas armadas y victimizar al terrorismo.
Han transcurrido cuatro años y medio del gobierno del presidente García y el Perú tiene unas fuerzas armadas desmoralizadas, casi desarmadas, empobrecidas, legalmente desamparadas y sus hombres siguen percibiendo sueldos miserables. Como si se quisiera liquidarlas. Los avances que se dieron en la gestión del ex ministro Rafael Rey están siendo desmontados, empezando por la anulación del Decreto Legislativo 1097, que proponía solo aplicar a los policías y militares el Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) que rige en 16 de los 25 departamentos del país. En consecuencia, seguirá la persecución indiscriminada y violatoria del debido proceso y de principios fundamentales del Derecho en agravio de los soldados y policías que han sido implicados injustamente en delitos que se produjeron durante la guerra contra el terrorismo en los años 80’ y 90’. La mala entraña política de la anulación del DL 1097 ha quedado confirmada por la aprobación de otra norma legal que dispone que el NCPP sea aplicado a los demás funcionarios del Estado, lo cual constituye una discriminación para los policías y militares, pues también son servidores públicos. Dicho trato discriminatorio va en contra de la Constitución y supone considerar ciudadanos de segunda categoría a los miembros de la PNP y las FFAA.
El fantasma del antimilitarismo aún pervive en un sector clave del Apra, sin duda. De manera simultánea, el ministerio de Defensa ha paralizado el Decreto Legislativo 1095 que aprobó el ex ministro Rey para acabar con el acoso penal de las ONG rojas a nuestras fuerzas del VRAE. El ministro Jaime Thorne ha dispuesto que el reglamento de la norma sea “guardado”, por lo tanto la ley no puede aplicarse y la persecución tiene carta libre para continuar. El gobierno también ha sepultado el proyecto que elaboró Rey para que el Estado –como manda la ley- sufrague la defensa legal de los militares y policías procesados por presuntos delitos cometidos en el cumplimiento de sus funciones. Al cancelarse dicho proyecto, persistirá el injusto abandono legal del estado a los procesados, quienes tendrán que pagar su defensa con los miserables sueldos y las magras pensiones que perciben, inclusive poniendo su casa como garantía, sin amparo alguno del Estado al que defienden con las armas. En cuanto al aumento de sueldos y pensiones prometido, sigue siendo dilatado y el MEF no tiene al parecer la menor intención de ejecutarlo pese a que ha sido aprobado por una comisión de alto nivel de la Presidencia del Consejo de Ministros, y por el MINDEF cuando Rey fue ministro.
Todo esto configura una situación injusta y deplorable en perjuicio de los únicos servidores públicos que ofrendan la vida en el cumplimiento del deber y que han hecho posible que el Perú tenga hoy la paz social que sustenta la seguridad indispensable para que las inversiones traigan el progreso. Este gobierno tendrá que rendir cuentas ante la historia por el maltrato que les brinda hoy a quienes salvaron a nuestra democracia del totalitarismo y libraron a la Nación de un genocidio terrible. (*) Periodista y analista político
Si García hubiese tenido visión, ese conflicto no nos hubiera sorprendido. Un caso ilustrativo del abandono de la Defensa es el de la fuerza de Guardacostas de la Marina de Guerra (DICAPI), que hoy no puede cumplir su misión –patrullar el litoral marítimo y los ríos- porque le han cortado el 40% de su presupuesto al haber sido transferidas a la Autoridad Portuaria Nacional (APN) las funciones que le permitían recaudar esos fondos. El 2003 el gobierno se comprometió a reponerle esos fondos a la DICAPI mediante una asignación presupuestal, pero hasta ahora no cumple. El punto es que la DICAPI cumple un rol vital para la Seguridad nacional al combatir la pesca ilegal, el contrabando y el tráfico ilícito de drogas. Siendo suspicaz podría pensar que esos intereses han influido en el MEF y en el Congreso para que la fuerza de Guardacostas siga casi paralizada, pero nos resistimos a creerlo. En el plano de la lucha contra el terrorismo, la situación es igualmente desalentadora. El presidente Alan García jamás ha visitado a las tropas que combaten en el VRAE, pero en cambio asiste a todas las ceremonias del “lugar de la memoria” concebido para hacer escarnio de las fuerzas armadas y victimizar al terrorismo.
Han transcurrido cuatro años y medio del gobierno del presidente García y el Perú tiene unas fuerzas armadas desmoralizadas, casi desarmadas, empobrecidas, legalmente desamparadas y sus hombres siguen percibiendo sueldos miserables. Como si se quisiera liquidarlas. Los avances que se dieron en la gestión del ex ministro Rafael Rey están siendo desmontados, empezando por la anulación del Decreto Legislativo 1097, que proponía solo aplicar a los policías y militares el Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) que rige en 16 de los 25 departamentos del país. En consecuencia, seguirá la persecución indiscriminada y violatoria del debido proceso y de principios fundamentales del Derecho en agravio de los soldados y policías que han sido implicados injustamente en delitos que se produjeron durante la guerra contra el terrorismo en los años 80’ y 90’. La mala entraña política de la anulación del DL 1097 ha quedado confirmada por la aprobación de otra norma legal que dispone que el NCPP sea aplicado a los demás funcionarios del Estado, lo cual constituye una discriminación para los policías y militares, pues también son servidores públicos. Dicho trato discriminatorio va en contra de la Constitución y supone considerar ciudadanos de segunda categoría a los miembros de la PNP y las FFAA.
El fantasma del antimilitarismo aún pervive en un sector clave del Apra, sin duda. De manera simultánea, el ministerio de Defensa ha paralizado el Decreto Legislativo 1095 que aprobó el ex ministro Rey para acabar con el acoso penal de las ONG rojas a nuestras fuerzas del VRAE. El ministro Jaime Thorne ha dispuesto que el reglamento de la norma sea “guardado”, por lo tanto la ley no puede aplicarse y la persecución tiene carta libre para continuar. El gobierno también ha sepultado el proyecto que elaboró Rey para que el Estado –como manda la ley- sufrague la defensa legal de los militares y policías procesados por presuntos delitos cometidos en el cumplimiento de sus funciones. Al cancelarse dicho proyecto, persistirá el injusto abandono legal del estado a los procesados, quienes tendrán que pagar su defensa con los miserables sueldos y las magras pensiones que perciben, inclusive poniendo su casa como garantía, sin amparo alguno del Estado al que defienden con las armas. En cuanto al aumento de sueldos y pensiones prometido, sigue siendo dilatado y el MEF no tiene al parecer la menor intención de ejecutarlo pese a que ha sido aprobado por una comisión de alto nivel de la Presidencia del Consejo de Ministros, y por el MINDEF cuando Rey fue ministro.
Todo esto configura una situación injusta y deplorable en perjuicio de los únicos servidores públicos que ofrendan la vida en el cumplimiento del deber y que han hecho posible que el Perú tenga hoy la paz social que sustenta la seguridad indispensable para que las inversiones traigan el progreso. Este gobierno tendrá que rendir cuentas ante la historia por el maltrato que les brinda hoy a quienes salvaron a nuestra democracia del totalitarismo y libraron a la Nación de un genocidio terrible. (*) Periodista y analista político
No hay comentarios:
Publicar un comentario