La Corte IDH es solo un escalón
Por: Víctor Robles Sosa (*)
Pocos dudan hoy del sesgo ideológico con que la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos juzgan los hechos de violencia que se produjeron en el Perú durante la agresión terrorista de Sendero Luminoso y el MRTA contra la democracia peruana.
Ese sesgo está, por ejemplo, en la sentencia del 25 de noviembre del 2006, que obligó al Perú a “realizar un acto público de reconocimiento de su responsabilidad internacional en relación con las violaciones declaradas en esta sentencia en desagravio a las víctimas y para satisfacción de sus familiares, en una ceremonia pública, con la presencia de altas autoridades del Estado y de las víctimas y sus familiares”, y a “difundir dicho acto a través de los medios de comunicación”.
Ese fallo y otros parecidos se dieron porque desde el 2000 los agentes del Perú en la Corte se allanaron ante las acusaciones de DDHH obedeciendo directivas políticas precisas.
Los analistas coinciden en que el autor intelectual de esa política fue el entonces ministro de Justicia Diego García Sayán. Estos hechos parecen corroborarlo:
- El jefe de su gabinete de asesores, Javier Ciurlizza, tuvo conversaciones secretas con Abimael Guzmán y otros cabecillas, a espaldas del presidente Paniagua.
- Permitió que la cúpula de Sendero Luminoso se reuniera con Abimael Guzmán de manera oculta, en el penal de la Base Naval del Callao.
- Encargó la Comisión de Indultos del sector de Justicia a miembros de ONG defensoras de terroristas.
- Patrocinó la conformación de una Comisión de la Verdad con una mayoría marxista que le dio un enfoque falaz a la historia de la agresión terrorista.
- Sometió sin reservas al Perú a la Corte Interamericana y se inició la política de allanamiento sistemático ante las denuncias contra el Estado peruano en “casos de DDHH”.
- Se promovió e inició la aplicación de la doctrina penal de mano blanda con los terroristas y puño de hierro con los militares.
- Se instauró la política de “flexibilización” penitenciaria, que continuó después el gobierno de Toledo, con las siguientes consecuencias:
- Desapareció el régimen de rigor para los terroristas avezados, y el preferente para los arrepentidos, mezclándolos abusivamente.
- Abimael Guzmán tuvo acceso a teléfono, diarios y revistas; libre intercambio de correspondencia, contacto personal con sus visitantes, etc.
- Cerraron los penales Challapalca y Yanamayo porque la Comisión Interamericana opinó que es “inhumano” que los terroristas estén allí.
- Se indultó a terroristas cuyas peticiones de indulto a la Comisión Lanssier habían sido rechazadas por recomendación de la Dincote.
El saldo de esa política es el siguiente: De unos 4,000 terroristas presos que había el año 2000, hoy quedan menos de 250, mientras que más de mil militares son perseguidos penalmente.
El andamiaje caviar sigue intacto en el PJ, Fiscalía, Sector Justicia, INPE, etc., por eso sigue la persecución a los héroes de Chavín de Huántar. La Corte IDH es solo el último escalón.
Si el gobierno y el Congreso quieren acabar con la persecución deben desarmar ese andamiaje. Si no lo hacen, pronto veremos a nuestros héroes en el banquillo de los acusados.
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