Villarán ofrece un canal y una radio municipales

SIGUE CON DISPARATADAS PROPUESTAS



LIMA | Propuesta polémica. Durante un foro con los candidatos al municipio de Lima organizado por la Univerdidad Científica del Sur, Susana Villarán, de Fuerza Social, adelantó que de ser electa implementaría un canal de televisión y una radio municipales para promover actividades culturales.

"Lima debe ser una ciudad educadora y usar sus espacios públicos para difundir mensajes, entre ellos El Metropolitano. También, a través de una televisión y una radio municipal públicas, tener instrumentos de educación y participación", señaló tras afirmar que estas propuestas -en su eventual gestión- merecerían la reorientación del presupuesto edil.

NO CUADRA. Al respecto, Cecilia Blume, especialista en gestión pública, señaló que dicha propuesta es "ilegal e inconstitucional" porque atenta contra el rol subsidiario del Estado, contemplado en la Constitución.

"Está prohibido que un municipio tenga un canal con recursos públicos. La ley señala que allí donde hay un privado que pueda prestar este servicio (de tv) no tiene por qué gastarse los dineros públicos. La lógica es que se gaste en servicios básicos", indicó.

Además, añadió que más allá del aspecto legal, crear un canal demanda muchos recursos logísticos y de personal, por lo que calificó la iniciativa de "una locura".

"La plata se debe gastar en servicios básicos. Esto no es Suiza, es Lima, y no todos somos millonarios. Además, si ya existe un Ministerio de Cultura, no creo que sea el rol de un alcalde fomentar la cultura", comentó Blume.

Por su parte, el ex presidente del Instituto de Radio y Televisión del Perú (IRTP), Eduardo Bruce, afirmó que no está de acuerdo con que un municipio controle un canal porque "eso huele a manejo político".

"Simpatizo con la aparición de canales sobre el tema urbano en Lima, pero no uno manejado por un alcalde, porque la tentación de manejar los contenidos a favor del alcalde de turno es muy grande", expresó.

Bruce estimó que aunque no hay una cifra exacta, el mantenimiento de un pequeño canal no demandaría menos de $100 mil mensuales de presupuesto.

Fuente : El Correo

Ejército peruano plantea reflotar buque chileno Covadonga

El comandante general del Ejército, Otto Guibovich, coincidió con la propuesta de Ollanta Humala, quien pidió que la Covadonga sea reflotada para ser canjeada por el ´Huáscar´.

El comandante general del Ejército, Otto Guibovich, sostuvo que está a favor de reflotar el buque chileno "Covadonga", hundido en el mar peruano durante la guerra del Pacífico que enfrentó a Perú y Chile en el siglo XIX.

"A mí me interesa muchísimo que podamos recuperar la Covadonga que está hundida en mar peruano; creo que sería interesante poder rescatarla", dijo Guibovich este viernes a la agencia oficial Andina.

El oficial subrayó que en ese conflicto "también hubieron acciones heroicas que deberíamos recuperar y recordar".

Chile mantiene como trofeo de guerra en el puerto de Talcahuano el buque "Huáscar" que fue capturado a Perú en la guerra.

La propuesta de Guibovich se hizo en momentos en que el líder opositor Ollanta Humala propuso que la "Covadonga" sea reflotada para ser canjeada por el "Huáscar".

La nave chilena fue hundida el 13 de setiembre de 1880 frente al puerto de Chancay, 100 km al norte de Lima, por peruanos que dejaron un bote cargado de explosivos que al ser izado por la tripulación chilena estalló provocando el hundimiento.

El tema del "Huáscar" saltó al primer plano luego que en una reciente visita a Lima el ministro chileno de Defensa, Jaime Ravinet, dijera que, de producirse un pedido peruano para devolver el barco, trataría el tema sobre la base de haberse generado condiciones de confianza mutua, al ser consultado por la prensa.

Sobre el "Huáscar", el general Guibovich dijo que se deben "encontrar vías de integración más fuertes entre todos los países".

"Vivimos en un mismo barrio y no nos podemos mudar y creo que es más inteligente buscar vías de integración mas allá de las pequeñas diferencias que podamos tener" con Chile, precisó. AFP

Las Fuerzas Armadas se unirán a la Policía en lucha contra la delincuencia

García al promulgar leyes de cadena perpetua, restricción de beneficios y flagrancia

En una ceremonia en la sede de la Séptima Región Policial para promulgar las leyes que aprueban la cadena perpetua, restringen los beneficios penitenciarios y amplían a 24 horas la detención policial por delitos flagrantes, el presidente Alan García anunció que las Fuerzas Armadas también combatirán la delincuencia y su renuncia a la seguridad policial que se le asigna.

El mandatario sostuvo que la Policía requiere el apoyo de las Fuerzas Armadas, y esta puede colaborar porque “la defensa nacional es la defensa espiritual y de la seguridad de la población”.

García indicó que cuando se requieran “grandes rastrillajes” para hacer retroceder y amedrentar el ánimo delincuencial, se requerirá del “respaldo y apoyo de las Fuerzas Armadas”. El mandatario señaló que es momento de pensar en la reconversión hacia un policía permanente, cuyos efectivos trabajen 8 horas diarias. Señaló que la propuesta de un aumento progresivo de salario en 5 años, debe aplicarse para motivar el retorno al régimen de 8 horas diarias y todos los días, y aquellos que opten por éste, puedan recibir el incremento “desde ahora”. Las leyes En esta ceremonia, se aprobó la norma que restringe los beneficios penitenciarios de semilibertad y libertad condicional para quienes incurren en un nuevo delito en un lapso menor de 5 años, es decir, sean reincidentes. De igual forma, en el caso de que el inculpado cometa un nuevo delito con habitualidad, esta habitualidad constituye una circunstancia agravante, de modo que tampoco de aplicará los beneficios penitenciarios. La modificatoria señala también que en las modalidades agravadas previstas en la ley, el interno redime su pena mediante trabajo o educación a razón de un día de pena por siete de labor efectiva o estudio. Según la norma aprobada por el Congreso, la habitualidad en el delito constituye circunstancia agravante. El juez aumenta la pena hasta en un tercio por encima del máximo legal fijado para el tipo penal, salvo en las modalidades agravadas de los delitos previstos, en cuyo caso se aumenta la pena en una mitad por encima del máximo legal fijado para el tipo penal hasta la cadena perpetua, sin que sean aplicables los beneficios penitenciarios de semilibertad y liberación condicional. En esta circunstancia, no se computan los antecedentes penales cancelados, salvo en las modalidades agravadas de los delitos antes señalados. Flagrancia La otra norma establece que la Policía podrá detener sin mandato judicial a quien sorprenda en flagrante delito, es decir, cuando es descubierto en plena comisión del delito, y también cuando acaba de cometer el hecho punible y es descubierto. Asimismo, serán detenidos los que, tras haber sido identificados en la comisión de un delito por el agraviado o un testigo, o por un medio audiovisual, sean encontrados dentro de las 24 horas de producido el delito. De igual manera, quienes sean encontrados dentro de las 24 horas con efectos o instrumentos procedentes del delito, los que hubieran sido empleados para cometerlo, o con señales en sí mismo o en sus ropas, lo que indique su probable autoría o participación en el delito. Seguridad a funcionarios De igual modo, el mandatario hizo una exhortación a los miembros de la Policía para que realicen un “trabajo redoblado” en favor de la seguridad ciudadana, y a los jueces y fiscales a fin de que se pongan “del lado de la sanción” contra los delincuentes, hizo García, al promulgar las dos leyes que permitirán enfrentar la criminalidad en el país. El mandatario también dispuso “cortar quirúrgicamente” por la mitad el número de efectivos que prestan seguridad a los funcionarios públicos, a fin de que salgan a las calles a devolver la tranquilidad a la población. “Si tenemos que comenzar por el presidente de la República, aquí hago renuncia a cualquier seguridad y a cualquier asistencia uniformada, el último de los uniformados que me acompañe que salga a las calles a defender a la población, yo sabré defenderme a mí mismo”, expresó en el acto que contó con la presencia del ministro del Interior y altos mandos policiales. Dijo que ha llegado el momento de que la Policía, en los meses que restan al Gobierno, y preparando la llegada del próximo para facilitar su trabajo, dedique todo el tiempo posible a reforzar la seguridad ciudadana en las calles de Lima y de todo el país. Sostuvo que los miembros de Policía, y los funcionarios públicos, no pueden pedir la confianza de la sociedad si no ofrecen resultados mayores, y tampoco pueden exigir mejores salarios y condiciones si no demuestran su trabajo. Jueces Asimismo, dijo que la lucha contra la delincuencia y la criminalidad no sólo requiere del trabajo de la Policía, sino también de los jueces y fiscales, a quienes pidió ponerse del lado de la sanción y aplicar con severidad las normas. “Si no quieren, señores jueces, señores periodistas, que haya delincuencia en el Perú, pónganse del lado de la sanción, dejémonos de estar jugando con palabras y aparecer como buenos de la película mientras los malos son los que tienen uniforme, ¿o quieren que la Policía abandone completamente sus uniformes?”, preguntó.

Caricatura

Terroristas condenados deben más de S/. 3,700 millones al Estado

Se les cobrará hasta el último centavo

Con la finalidad de cobrar los más de 3 mil millones de soles que los sentenciados por delitos de terrorismo le deben a nuestro país por concepto de reparaciones civiles, el Ministerio de Justicia (Minjus) designó a Juan Farfán Martínez como procurador público especializado en el cobro de estas deudas.

El presidente del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, Daniel Figallo Rivadeneyra, fue el encargado de presentar a Farfán Martínez en la sede del ministerio.

Durante el acto se informó que los terroristas condenados adeudan al Estado peruano por concepto de reparaciones civiles la suma de 3 mil 783 millones 994 mil 345 nuevos soles, que serán recuperadas por el nuevo funcionario. Explicó que el cobro de dichas reparaciones civiles se realizará a través de embargos y solicitudes de nulidad de actos jurídicos en venta de inmuebles, demanda de alimentos, entre otros. Farfán Martínez declaró que, de ahora en adelante, no se permitirá que los condenados por terrorismo “sean beneficiados con centavo alguno”, en alusión a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que ordenó el pago de indemnizaciones a sentenciados por este delito por presuntas irregularidades en sus procesos. Agregó que “antes de estar reclamando pagos al Estado peruano, (los subversivos) tienen que cumplir con las sentencias recibidas”, que incluyen las reparaciones económicas por los daños personales y materiales ocasionados por sus acciones. “Quienes han sido autores de hechos tan graves, pretenden cobrarle al Estado”, agregó Farfán al rechazar las demandas presentadas ante la Corte Interamericana. Y es que, según fuentes oficiales citadas por la agencia EFE, el Estado peruano debe 19 millones de dólares por concepto de daños, perjuicios e indemnizaciones dictadas por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos en más de 400 demandas por casos relacionados con el terrorismo. Caso Castillo Petruzzi Una de las primeras labores del nuevo procurador será buscar los mecanismos para cobrar la suma de 250 mil soles que debe al Estado el ciudadano chileno sentenciado por terrorismo, Jaime Castillo Petruzzi, según adelantó el propio ministro de Justicia, Víctor García Toma. “La primera responsabilidad que tendrá este procurador es arreglar el problema derivado del caso Castillo Petruzzi. Por un lado éste exhibe una resolución con la cual señala que el Estado peruano le debe 10 mil dólares, pero por otro lado, tenemos una resolución, expedida por un tribunal nacional en la que se señala que nos debe 250 mil soles”, aseveró.