Opinión de “que no es inviable” para militares ha sido refutada por ex ministro de Economía, P.P. Kuczynski
ENRIQUE QUIROGA
CARMONA Mayor General FAP (r) Es muy triste tener que señalar que continúa la desinformación por parte del Gobierno sobre el tema de la supresión de las pensiones renovables -cédula viva- , tratando de justificar como sea esta medida arbitraria e irracional. Desgraciadamente la obsesión del mandatario en suprimir este beneficio antes de dejar la presidencia con argumentos que son absolutamente inexactos está convenciendo a todos los miembros de la familia militar-policial, de que el antagonismo del APRA con las FF AA que existió por muchos años, a partir del los sucesos de 1932 en Trujillo, sigue “vivito y coleando”. Aunque particularmente, por algunos gestos y expresiones que ha tenido, y que no los ha podido disimular, creo que en este aspecto se trata fundamentalmente de algo personal y recóndito de nuestro presidente.
Se usa como argumento principal, según palabras textuales de la ex ministra de Economía, “que mantener la cédula viva es inviable”, por el costo que ello tendría. Esto no es cierto, como lo han indicado connotados economistas, entre ellos el Sr. Pedro Pablo Kuczynski, quien hace pocos días en un artículo publicado en un diario de circulación nacional ha sostenido que es factible técnicamente mantener la cédula viva si se suben las aportaciones del Estado y de los beneficiarios, pero que la ministra Aráoz ha preferido liquidar la cédula viva. El Sr. Kuczynski ha sido presidente del Consejo de Ministros y ministro de Economía del Perú en diversas oportunidades, de modo que creemos que conoce perfectamente el tema. ¿Se atrevería la Sra. ministra de Economía a pretender demostrarle públicamente al Sr. Kuczynski que está equivocado? Estamos seguros que no lo haría, simplemente porque no podría hacerlo. Esta solución de aumento de las aportaciones para la subsistencia de la “cédula viva” y el reflotamiento de la Caja de Pensiones Militar-Policial fue también aprobada por el ex ministro de Defensa de este régimen, embajador Allan Wagner, en el “Acuerdo Consensuado” entre las FF AA, la PNP y el Ministerio de Defensa, que consta en el acta 01-2007, remitida al Consejo de Ministros por su sucesor en el cargo de ese portafolio, el Dr. Antero Flores-Aráoz. Es decir que en opinión de los expertos que intervinieron en ese proceso, esta solución era “viable”, a pesar de lo cual el Dr. Alan García no permitió que este acuerdo se tramitara favorablemente. ¿Por qué? El tema del personal militar y policial es crucial para la defensa interna y exterior de la República, pero resulta evidente que para la mencionada funcionaria la seguridad y la defensa nacional no son su problema, solo le interesa cuadrar su caja y no enemistarse con el presidente.
Es suicida actuar así en un país como el nuestro, que tiene inmensas riquezas naturales, y un vecino con graves carencias críticas en esta materia, especialmente en lo que se refiere a energía y agua, a pesar de lo cual no se le da ninguna importancia a la protección del país. Es también falso el argumento con el que se pretende justificar la desaparición de la pensión renovable, de que es injusto e inconstitucional que los militares tengan beneficios que no tienen el resto de los trabajadores. Esta justificación es efectista y artificiosa, pero carente de seriedad y veracidad. En casi todos los países del mundo civilizado, entre ellos los de nuestra región, el régimen pensionario del personal castrense es diferente, porque no es posible racional y coherentemente exigir a este personal que acepte numerosas restricciones y obligaciones sin alguna forma de compensación. Este tratamiento personal y laboral totalmente diferente va desde la suspensión de algunos de los más importantes derechos constitucionales que tenemos todos los peruanos hasta la obligación de aceptar órdenes y misiones que ponen permanentemente en riesgo la integridad física y hasta la vida, sin otra compensación distinta que un reconocimiento ceremonial póstumo en casos de fallecimiento en acto de servicio.
Al respecto habría que recordar que a diferencia de cualquier otro trabajador civil, los militares podemos ser arrestados sin mandamiento judicial, hasta por varios días, estamos sujetos a dos códigos penales, el Código Penal Común aplicable todos los peruanos y el Código de Justicia Militar, por el que podemos ser condenados a penas muy severas, se trabaja sin horario, los servicios militares y policiales incluyen días feriados, no podemos oponernos a cambios de colocación, no podemos rechazar ninguna orden de misión, aunque estas supongan el riesgo de nuestra propia vida, no podemos tener sindicatos, ni siquiera viajar en nuestras vacaciones, cuando es posible hacerlo, sin la autorización correspondiente, tampoco podemos mientras estamos en servicio opinar libremente ni siquiera sobre temas que conciernen a nuestros derechos como en este caso etc. etc.. ¿No lo sabe el presidente, no lo sabe la ministra o simplemente no les interesa esta realidad?
Es aberrante suponer que nuestro personal pueda cumplir cabalmente arriesgadas misiones militares o policiales sin pensar que de fallecer en una de estas misiones sus viudas e hijos pequeños van a quedarse de por vida con la pensión congelada derivada de los reducidos sueldos que perciben y que históricamente siempre fueron sumamente bajos. Y que la esperanza que existe hace más de sesenta años y que está constitucionalizada como un derecho en el Art 174 de nuestra Carta Magna, de que sus deudos queden asegurados con una pensión que les permita un mínimo de dignidad, este gobierno aprista se la está quitando. Estamos convencidos que el apasionamiento está primando sobre la objetividad, siendo cierto una vez más aquello de que “las pasiones nublan la mente, pero hacen transparente el corazón”.
Se usa como argumento principal, según palabras textuales de la ex ministra de Economía, “que mantener la cédula viva es inviable”, por el costo que ello tendría. Esto no es cierto, como lo han indicado connotados economistas, entre ellos el Sr. Pedro Pablo Kuczynski, quien hace pocos días en un artículo publicado en un diario de circulación nacional ha sostenido que es factible técnicamente mantener la cédula viva si se suben las aportaciones del Estado y de los beneficiarios, pero que la ministra Aráoz ha preferido liquidar la cédula viva. El Sr. Kuczynski ha sido presidente del Consejo de Ministros y ministro de Economía del Perú en diversas oportunidades, de modo que creemos que conoce perfectamente el tema. ¿Se atrevería la Sra. ministra de Economía a pretender demostrarle públicamente al Sr. Kuczynski que está equivocado? Estamos seguros que no lo haría, simplemente porque no podría hacerlo. Esta solución de aumento de las aportaciones para la subsistencia de la “cédula viva” y el reflotamiento de la Caja de Pensiones Militar-Policial fue también aprobada por el ex ministro de Defensa de este régimen, embajador Allan Wagner, en el “Acuerdo Consensuado” entre las FF AA, la PNP y el Ministerio de Defensa, que consta en el acta 01-2007, remitida al Consejo de Ministros por su sucesor en el cargo de ese portafolio, el Dr. Antero Flores-Aráoz. Es decir que en opinión de los expertos que intervinieron en ese proceso, esta solución era “viable”, a pesar de lo cual el Dr. Alan García no permitió que este acuerdo se tramitara favorablemente. ¿Por qué? El tema del personal militar y policial es crucial para la defensa interna y exterior de la República, pero resulta evidente que para la mencionada funcionaria la seguridad y la defensa nacional no son su problema, solo le interesa cuadrar su caja y no enemistarse con el presidente.
Es suicida actuar así en un país como el nuestro, que tiene inmensas riquezas naturales, y un vecino con graves carencias críticas en esta materia, especialmente en lo que se refiere a energía y agua, a pesar de lo cual no se le da ninguna importancia a la protección del país. Es también falso el argumento con el que se pretende justificar la desaparición de la pensión renovable, de que es injusto e inconstitucional que los militares tengan beneficios que no tienen el resto de los trabajadores. Esta justificación es efectista y artificiosa, pero carente de seriedad y veracidad. En casi todos los países del mundo civilizado, entre ellos los de nuestra región, el régimen pensionario del personal castrense es diferente, porque no es posible racional y coherentemente exigir a este personal que acepte numerosas restricciones y obligaciones sin alguna forma de compensación. Este tratamiento personal y laboral totalmente diferente va desde la suspensión de algunos de los más importantes derechos constitucionales que tenemos todos los peruanos hasta la obligación de aceptar órdenes y misiones que ponen permanentemente en riesgo la integridad física y hasta la vida, sin otra compensación distinta que un reconocimiento ceremonial póstumo en casos de fallecimiento en acto de servicio.
Al respecto habría que recordar que a diferencia de cualquier otro trabajador civil, los militares podemos ser arrestados sin mandamiento judicial, hasta por varios días, estamos sujetos a dos códigos penales, el Código Penal Común aplicable todos los peruanos y el Código de Justicia Militar, por el que podemos ser condenados a penas muy severas, se trabaja sin horario, los servicios militares y policiales incluyen días feriados, no podemos oponernos a cambios de colocación, no podemos rechazar ninguna orden de misión, aunque estas supongan el riesgo de nuestra propia vida, no podemos tener sindicatos, ni siquiera viajar en nuestras vacaciones, cuando es posible hacerlo, sin la autorización correspondiente, tampoco podemos mientras estamos en servicio opinar libremente ni siquiera sobre temas que conciernen a nuestros derechos como en este caso etc. etc.. ¿No lo sabe el presidente, no lo sabe la ministra o simplemente no les interesa esta realidad?
Es aberrante suponer que nuestro personal pueda cumplir cabalmente arriesgadas misiones militares o policiales sin pensar que de fallecer en una de estas misiones sus viudas e hijos pequeños van a quedarse de por vida con la pensión congelada derivada de los reducidos sueldos que perciben y que históricamente siempre fueron sumamente bajos. Y que la esperanza que existe hace más de sesenta años y que está constitucionalizada como un derecho en el Art 174 de nuestra Carta Magna, de que sus deudos queden asegurados con una pensión que les permita un mínimo de dignidad, este gobierno aprista se la está quitando. Estamos convencidos que el apasionamiento está primando sobre la objetividad, siendo cierto una vez más aquello de que “las pasiones nublan la mente, pero hacen transparente el corazón”.
