Por Víctor Robles Sosa.
El autogolpe del 5 de abril de 1992 marcó un hito en la historia del Perú, para bien o para mal. Lo “políticamente correcto” es condenarlo a gritos, así que no lo haré. Solo deseo reflexionar sobre aquel episodio a partir de hechos objetivos.
El exsubsecretario de estado norteamericano, Bernard Aronson (1989-1993), reveló hace unos años que a comienzos de la década de los 90’, Washington evaluó la posibilidad de crear una fuerza militar multinacional que ocupara el Perú para evitar que el país cayera en manos de Sendero Luminoso.
Mientras en EE.UU. se hacía esa evaluación, en el Perú se libraba una dura disputa política entre el Gobierno y la oposición en torno a cómo debían ser enfrentados graves problemas: terrorismo creciente, quiebra económica, aislamiento financiero e ineficiencia o ausencia del Estado en gran parte del país.
El Ejecutivo proponía reformas radicales para encarar la situación, pero la oposición –excepto Libertad y parte del PPC- creía que aún era posible hacerlo sin alterar el statu quo.
La confrontación se dio desde el inicio del gobierno de Alberto Fujimori. En julio de 1990 éste pidió facultades para legislar de urgencia y el Congreso se las dio un año después.
Cuando Fujimori dictó dichas normas urgentes, el Congreso derogó 28 de ellas y después (enero 92) el Legislativo aprobó la “Ley de Control Parlamentario de los actos normativos del presidente de la República”, que permitía al Congreso derogar por mayoría simple cualquier decreto de urgencia.
En los medios de comunicación se libró un enfrentamiento intenso entre el presidente y el Congreso, que la ciudadanía siguió con atención porque esperaba que el Gobierno resolviera los graves problemas, en particular el terrorismo y la inflación.
El 5 de abril fue el desenlace de esa confrontación. Fujimori zanjó el conflicto saliéndose del marco constitucional y a pesar de ello la medida extrema recibió un respaldo rotundo de la ciudadanía.
Con todo el poder en sus manos, Fujimori ejecutó sus reformas y consiguió pacificar el Perú, sacarlo de la quiebra y enrumbarlo hacia el desarrollo. Sin embargo, estos logros no tuvieron un correlato político que pusiera fin al conflicto con la oposición. Al contrario, cegado por el éxito, Fujimori siguió vapuleándola y la marginó por completo, sembrando en ella resentimiento en vez de convocar y unir.
Al caer el gobierno de Fujimori y tomar el gobierno sus opositores, todo ese resentimiento afloró atizado por los más radicales y el expresidente acabó preso tras ser sometido a un juicio politizado e injusto.
Llegamos al extremo de darle a la izquierda los órganos del Estado ligados al sistema de justicia, de liquidar nuestros servicios de inteligencia y de echar del Estado a técnicos altamente calificados para reemplazarlos por activistas políticos.
Es hora de reflexionar sobre estos hechos, de reconocerlos y enmendarlos. Es hora de dejar atrás los rencores, pasar la página y unir al país, pues el fujimorismo es hoy una fuerza democrática. Esta es la reconciliación que espera y demanda el Perú.
