domingo, 7 de agosto de 2011

EL ESTADO POLICIACO NEOLIBERAL CHILENO




Por: Nil Nikandrov

Fecha de publicación: 03/08/11

Traducción desde el inglés por Sergio R. Anacona

Strategic Culture Foundation

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El millonario presidente chileno, Sebastián Piñera, orgullosamente se aferra a la invocación de que su gobierno les dio a los chilenos una sensación de seguridad sin precedentes. Su “gran alianza estratégica” se suponía que aumentaría la eficiencia en el ejercicio de la autoridad en el país, lo que incluía a Carabineros (policía uniformada), policía civil, el ministerio del interior, el sistema judicial más los representantes de la sociedad civil chilena cuyo papel honorario es expresar apoyo público a las iniciativas del presidente. Como es de esperar, Piñera evita mencionar el profundo compromiso con la alianza de las agencias militares de contra inteligencia de Chile, ya que su sello aparece irreversiblemente comprometido con el sangriento golpe de estado que produjo el derrocamiento de Salvador Allende. El presidente chileno ordenó un aumento del 20 por ciento en el tamaño de la fuerza –un total de 10 mil hombres—de carabineros bajo el pretexto de la lucha contra la delincuencia y respaldar la campaña que pretende mejorar la imagen de esta formación paramilitar que, junto con la policía secreta DINA, arruinó su reputación al reprimir cruelmente la disensión bajo el gobierno de Augusto Pinochet. Por el momento, Piñera se encuentra en proceso de implementar una profunda reforma de las agencias chilenas responsables de la seguridad nacional y la lucha contra la delincuencia organizada, tráfico de armas, narcotráfico, etc. Las medidas podrían ser vistas como completamente razonables sino fuera por la agenda política represiva del régimen liberal chileno que de manera creciente se alza tras ellas.

El mes de febrero pasado, Piñera introdujo nuevas normas para la policía y para el ministerio de seguridad pública. La novedad principal fue el establecimiento de la “División de Estudio”, entidad investigadora encargada de entre otras cosas, de luchar contra las amenazas al orden público. Además, la misión de la división incluye el desarrollo de nuevos enfoques para identificar y neutralizar fuentes de conflicto político y social. La descripción de las amenazas publicadas por el ministerio policial se ve sospechosamente breve y vagamente redactada, pero las declaraciones hechas individualmente por altos funcionarios policiales y de los servicios de seguridad, dejaron la impresión que la división se dedicaría a prevenir brotes “extremistas” en fechas simbólicas como ser al 1º de Mayo (Día Internacional del Trabajo), 11 de Septiembre (fecha del derrocamiento de Salvador Allende) y el 29 de Marzo (Día del Joven Combatiente).

La División de Estudio en cooperación con el departamento de orden público, mantendrá un registro de huelgas y diferentes conflictos sociales, ecológicos o relacionados con el desempleo en el país sobre la base de informaciones suministradas por los gobiernos locales. La división deberá reprimir las violaciones del orden público por parte de grupos “radicales” preferiblemente mediante medidas preventivas. Se dará atención especial a las regiones del país que mantienen un legado de problemas socio-económicos –aquellas habitadas por chilenos denominados “socialmente inadaptados” o conflictivos. El número de personas que se identifican con estas categorías tiende a crecer paulatinamente en la medida que la economía neoliberal tiende a empujar a las masas de “inadaptados” fuera de la esfera del desarrollo social.

Se empleará un arsenal de medios de vigilancia y una permeante red de agentes para estrechar el control sobre los estudiantes y organizaciones juveniles del país. Los jóvenes candidatos a emplearse en el servicio de seguridad continuarán siendo reclutados como informantes que típicamente trabajan como empleados asistentes en edificios de apartamentos observando a los residentes sospechosos, infiltrarse en círculos internos de personas de interés para los servicios de seguridad o participar en actos para espiar a los que protestan. Los agentes ya fogueados serán enviados ocasionalmente a provocar estallidos violentos: rompiendo vidrieras de negocios, avisos comerciales, cócteles Molotov lanzados contra vehículos de la policía, que se citan como justificativos para la represión policial con bastones, gas lacrimógeno y cañones lanza-agua. Ocasionalmente, los manifestantes identifican a los provocadores y la policía promete investigar pero siempre colabora con los agentes para que no tengan problemas.

En varios incidentes que captaron gran cobertura mediática, “manifestantes desconocidos enmascarados” quemaron banderas chilenas, comentarios de prensa hechos en torno a reclamos en el sentido que aquellos que luchan por una educación gratuita son antipatriotas y por lo tanto no merecen ningún beneficio social. Se pretende ignorar que en Chile las manifestaciones son masivas y completamente pacíficas. El ministro de educación, Joaquín Lavín, prestamente describió lo que mostraba la televisión en los casos mencionados con hechos orquestados por pequeños grupos ideológicamente prejuiciados y adictos a la violencia. Sin duda alguna los grupos extremistas también existen en Chile.

Un número de explosiones causó preocupación en el país. Según investigaciones llevadas a cabo, estas fueron hechas por un grupo de unas 25 personas de diferente extracción social. Los ataques han continuado durante varios años, siendo los blancos centros comerciales, bancos y estaciones de policía y son de carácter claramente antisistémico y anticapitalista.

Aunque los hechores no han sido apresados en el acto, se han producido algunas detenciones a un número de sospechosos. Algunos de los detenidos han sido puestos en libertad poco después por falta de evidencias incriminatorias, mientras que aquellos que continúan detenidos niegan todos los cargos. Uno de ellos, Omar Hermosilla Marín, asegura que la policía sencillamente necesitaba producir algún tipo de éxito al tratar el caso y utilizó como chivos expiatorios a miembros del grupo Mapu Lautaro conocido por haber tomado parte en la lucha armada contra el régimen de Pinochet. Marín se refiere a si mismo y a sus colegas como presos políticos señalando que: “No tienen evidencias de ningún tipo. Los casos se están cayendo y ninguno de ellos ha sido llamado a los tribunales, pero la campaña mediática desatada por voceros vinculados anteriormente al régimen de Pinochet, hacen que mantengan a la gente encarcelada.” En la opinión de Marín, las explosiones son atribuidas a grupos anarquistas. “En cuanto a nosotros, esos métodos ya son de un pasado distante, nuestra causa hoy en día es la lucha política,” señaló.

Se sabe que agrupaciones indígenas se encuentran bajo creciente presión en Chile. Durante décadas el mundo ha sido testigo de la lucha de los Mapuche, grupo de habitantes indígenas del centro-sur de Chile quienes tienen que luchar para vivir en sus territorios ancestrales y salvaguardar el área de la Araucanía contra los apetitos económicos neoliberales por los recursos naturales de la región. El conflicto entre las comunidades indígenas y agresivos inversionistas, se reeditó durante los gobiernos de Eduardo Frei y Michelle Bachelet, ambos de la Concertación, coalición de centro-izquierda, como también bajo el gobierno del actual presidente Piñera. Habitualmente, las protestas Mapuche son lideradas por gente joven, los cuales consecuentemente sufren las iras del gobierno liberal. Muchos de los dirigentes Mapuche son individuos educados graduados en universidades europeas y canadienses y se dan cuenta con suma claridad el futuro miserable que espera a su pueblo si sus tierras caen víctima de la privatización depredadora neoliberal. Esto explica la intensidad de la resistencia planteada por los Mapuche, quienes a menudo se niegan a conversar con las autoridades locales y aun con las del gobierno, bloquean carreteras y hasta incendian aserraderos –incidentalmente de propiedad de coroneles y generales pinochetistas retirados.

A veces el conflicto llega hasta choques armados en las montañas con el resultante lanzamiento por parte de la policía y carabineros de amplias redadas contra el pueblo Mapuche. A los jóvenes dirigentes Mapuche, Héctor LLaitul, Ramón Llanquileo , José Huemuche y Jonathan Huillical les aplicaron penas de cárcel que van desde 5 a 25 años por supuestos intentos de homicidio y robos a mano armada.

En estos casos, las evidencias fueron groseramente fraguadas y los testimonios fueron hechos por unánimes testigos enmascarados. Ante esta situación, los dirigentes indígenas replicaron con una huelga de hambre que duró 80 días –suspendida debido al riesgo letal inminente. Sus defensores decidieron pedir la ayuda de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Eventualmente, la ola de protestas que hubo en Argentina, México, Canadá, España, Francia, Alemania y otros países, obligó a la Corte Suprema del país a reducir las penas de cárcel de los dirigentes indígenas.

Amnistía Internacional ha instado al gobierno chileno a reducir la represión de las protestas sociales, advirtiéndole que la actual práctica pone en peligro el futuro de la democracia en Chile.

La directora para Chile del órgano vigilante, Ana Piquer, criticó acremente la aplicación de la ley antiterrorista a las protestas pacíficas que se multiplican a través del país. El creciente temor del gobierno chileno de perder el control sobre la sociedad es un secreto a voces. El dilema que tiene es aplastar el descontento con mano cada vez más dura o comenzar a ejercitar cierto grado de tolerancia.

Los comentaristas están emitiendo pronósticos alarmantes. El pasado mes de mayo, en encuestas de opinión pública, el 60 por ciento de los chilenos dieron bajas calificaciones al gobierno de Piñera, la opositora y ostensiblemente de centro-izquierda Concertación resultó aun peor con una tasa del 80 por ciento de desaprobación. Del mismo modo, alrededor del 60 por ciento de los chilenos expresó su desagrado con el parlamento y el senado del país, que resultó el peor desempeño de la legislatura que se recuerde. Lo que asusta de sobremanera a la elite chilena es que la juventud indignada agita consignas obviamente extraídas de la época de Salvador Allende.

Contrario al empeño de la propaganda liberal de proyectar una sombra sobre el pasado no muy distante, este mismo pasado pareciera ejercer una constante atracción entre la generación joven. Generalmente, los neoliberales a través del mundo, siempre creyeron que no podían confiar en los pueblos de los países que ellos manejaban y Chile, vitrina del neoliberalismo, vívidamente ejemplifica esta tendencia. Los servicios de seguridad del país se están infiltrando en cada rincón de la sociedad, supervisan las transacciones por Internet y escuchan clandestinamente unas 1500 conversaciones telefónicas diarias. El grueso de la información adquirida debe ser imposible de procesar de manera que el gobierno abrió una licitación para desarrollar un software (soporte lógico) para de manera automática colar a través de Internet y para sondear el intercambio en los medios sociales respecto de las actividades de la maquinaria estatal chilena. Se requiere que el soporte lógico (software) elija y procese el contenido dependiendo de los temas políticos que están siendo tratados, y según las condiciones de la licitación, este será de propiedad exclusiva del estado una vez que se complete la fase de desarrollo del proyecto.

Como observación final, debo decir que lo anterior representa una pequeña fracción de la cantidad total de información actualmente a mi disposición en torno al “renacimiento policial” en Chile.

Irrefutable carrera armamentista chilena

Por Alfredo Palacios Dongo

Nuevamente se puso en debate el tema del armamentismo chileno. El pasado 24 de julio el ministro de Defensa peruano, Daniel Mora Ácuatro días antes de juramentar—, manifestó que el Perú no debería desarmarse unilateralmente por tener cinco fronteras y estar pendiente la resolución del diferendo marítimo. Luego, el 27 de julio, Rafael Roncagliolo —a un día de juramentar como canciller— sostuvo que el gasto militar chileno ha sido desproporcionado y los demás países tienen derecho a preocuparse.

La réplica chilena no se hizo esperar. El presidente Sebastián Piñera y el canciller Alfredo Moreno contestaron que Chile no está en ninguna carrera armamentista, que su gasto en defensa no es desproporcionado, y que no pretenden agredir a nadie. Además reiteraron que quieren transparentar y homologar los gastos militares con Perú, tal como lo hicieron con Argentina. Sin embargo, en ambos asuntos —armamentismo y homologación— están tratando de confundir a la opinión pública internacional.

En cuanto al armamentismo, habría que recordarles que desde el año 2000, con distintos proyectos —Alcázar, Fragata, Puente, Neptuno, Spica, Roma, Danubio, Fortaleza y Bicentenario— iniciaron una agresiva carrera armamentista adquiriendo, con gastos estimados en US$ 10,000 millones, unidades de combate ofensivas de última tecnología y armamento de gran alcance y poder destructivo, rompiendo el equilibrio estratégico en la región. Varios estudios e informes corroboran que desde el 2002 Chile registra los mayores gastos militares de la región, entre ellos, el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos de Londres, la Revista de Defensa Jane’s Defence Weekly y el Instituto de Investigación para la Paz de Estocolmo, que en su último informe de marzo pasado asegura que Chile fue el principal comprador de armas en América Latina entre el 2006 y 2010.

Sobre la homologación de gastos militares, habría que recordarles que el año 2005 Perú y Chile suscribieron una “Metodología estandarizada común para la medición de gastos de defensa”, proceso que nunca se inició debido a la carrera armamentista chilena y la imposibilidad de determinar sus gastos militares, lo cual ya había sido advertido por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) en su informe final sobre la metodología elaborada para Chile y Argentina en 1999, señalando que no era factible conocer o estimar gastos anuales del material bélico chileno debido a la ley reservada del cobre.

Bajo este panorama y aparte de este debate, lo que le compete al Estado peruano es garantizar la seguridad y defensa nacional asignando mayor presupuesto para modernizar y repotenciar las unidades de nuestras FF. AA., las que con 40 años de servicio en promedio, tienen su equipamiento desactualizado tecnológicamente y obsoleto, y por falta de recursos, su operatividad se encuentra seriamente afectada. Expreso, 06.08.2011.

Chile evalúa escenarios de conflicto en 2012-2013 tras fallo en La Haya

Ha pasado desapercibida en el Perú la noticia que el 25 de febrero último, el presidente Sebastián Piñera sostuvo una reunión en el Palacio de la Moneda con los Comandantes en Jefe del Ejército, general Juan Miguel Fuentes-Alba; de la Armada, almirante Edmundo Gonzales y de la Fuerza Aérea, general del aire Jorge Rojas.

El motivo del encuentro fue analizar y evaluar los posibles escenarios que, se considera, surgirán en el 2012/2013 en su relación con Perú cuando la Corte Internacional de Justicia de La Haya emita su sentencia sobre el diferendo marítimo existente entre ambos países.

En ese contexto, la inteligencia predictiva que plantea situaciones o hechos que pueden ocurrir en el futuro, teniendo como fundamento a la inteligencia básica y actual, permite determinar que el 2012 es un año clave para los intereses internacionales de Chile en la región.

¿Por qué?

Pues al fallo de La Haya debe agregarse otra situación. Vence el plazo fijado imperativamente por la Constitución Política de Bolivia para denunciar cualquier tratado que se oponga a su Carta Magna, la cual señala que la aspiración (derecho para los bolivianos) marítima, es irrenunciable.

En dicho año concluye el plazo establecido por el artículo 9 transitorio de la citada constitución boliviana para que ese país pueda recuperar cualidad marítima al haber perdido hace 132 años su acceso soberano al Océano Pacifico en la Guerra que libró junto con Perú contra Chile en 1879.

Debido a ese hecho, sus relaciones con Santiago de Chile a nivel de embajadores están suspendidas desde 1962, salvo un paréntesis [1] entre 1975 y 1978, durante los gobiernos militares de los generales Hugo Banzer Suárez (Bolivia) y Augusto Pinochet Ugarte (Chile).

Cada 23 de marzo Bolivia siempre conmemora la derrota de sus tropas en la batalla definitiva de ese conflicto armado, la defensa de la ciudad de Calama, entonces en territorio Boliviano. Combate o Batalla del puente Topater.

El 2012 indudablemente será un año clave para Chile, no sólo en sus relaciones con PERU, sino también con Bolivia, pues considerando la disposición transitoria del acotado artículo constitucional boliviano los tratados firmados por La Paz deben estar en línea con su Carta Magna. Y si no es así, buscarán declararlos nulos ipso jure.

Ello, podría llevar al presidente Evo Morales a desahuciar el Tratado de Límites de para buscar una salida soberana al mar. Menudo problema que se viene.
No debemos olvidar que para el 2012 la ciudad de Cochabamba, Bolivia será sede de la Asamblea General de la OEA, donde la cancillería boliviana desatará una fuerte ofensiva diplomática por el problema de la mediterraneidad.

Frente a ese próximo escenario —de orden externo— es obvio que en el encuentro sostenido por el primer mandatario chileno con los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, han tenido en consideración para el análisis efectuado, la “Apreciación de Inteligencia Estratégica” formulada por la División de Análisis y Planificación de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI).

En dicho documento el Director de la ANI —desde el 1.° de abril de 2010— Gonzalo Yuseff Quiroz, debe haber proyectado como hipótesis de posibilidad, que el fallo de La Haya solo puede darse en un sentido: declarar fundada en todo o en parte la demanda interpuesta por el Estado peruano.

Esto es, reconocer en su integridad o en un extremo los derechos de nuestro país sobre el mar territorial materia de la controversia jurídica, con cuya sentencia Chile pierde en cualquiera de estos dos sentidos.

Asimismo, previsto la fuerte arremetida que desarrollará el presidente Evo Morales para tratar de solucionar el problema de la mediterraneidad boliviana. Llegando incluso a desconocer tratados que le fueron impuestos por la fuerza luego de perder su acceso al Océano Pacífico.

De lo que ha trascendido sobre dicha reunión se conoce hubo además una exposición por cada Comandante en Jefe respecto a cómo veían los escenarios futuros —desde la perspectiva de la estrategia militar— en cuanto al próximo fallo de La Haya y la posición que podría adoptar Bolivia en el 2012 con relación al tratado de 1929.

Hay preocupación por ambos escenarios y por una eventual judicialización de la pretensión marítima de La Paz, estando a la demanda presentada por el Perú.

Pero, ¿por qué estas exposiciones de los Comandantes en Jefe ante el presidente Piñera?

Ello, debido a que las consideraciones políticas priman sobre la estrategia militar. Porque la política conduce y dirige la guerra y mantiene la supremacía sobre la estrategia militar que debe adecuarse a los grandes lineamientos de la dirección política.

Según se desprende de lo expresado, la estrategia militar está estrechamente condicionada por la política. La política nacional decide y la estrategia militar obedece; la primera traza la orientación y designa el objetivo que debe alcanzarse; la segunda, emplea la fuerza de acuerdo a la orientación impartida, para alcanzar el objetivo impuesto por la victoria de las armas o la amenaza de su empleo.

Dirigir y conducir la guerra, son atributos del gobernante, a quien incumbe preverla, definir su finalidad, guiarla de acuerdo a los requerimientos del objetivo político, cuya determinación actualización es también su responsabilidad.

Por dirección y conducción de la guerra se entiende como la orientación integral y coherente del Presidente de la República antes, durante y al concluir el conflicto, para prever, preparar, coordinar, impulsar y poner en ejecución las acciones necesarias, como continuación de la política, con la finalidad de alcanzar y mantener sus objetivos políticos.

Dicho esto, estando a la precisión dada, de acuerdo al libro de la Defensa Nacional de Chile presentado el 14 de enero de 2010 por la presidenta Michelle Bachelet, los tres primeros objetivos de la Defensa Nacional de Chile son: conservar la independencia y soberanía del país; mantener la integridad del territorio nacional y concurrir a la creación de condiciones de seguridad externa fundamentales para lograr el bien común de la nación.

Conforme a dicho libro, la política de defensa de Chile se enmarca dentro de los siguientes principios generales del estado:

El estado de Chile tiene la voluntad de proteger a su población, defender sus intereses nacionales, salvaguardar su independencia política, su soberanía nacional y su integridad territorial.

El estado de Chile tiene la responsabilidad de mantener una capacidad militar suficiente para concurrir a facilitar el logro de los intereses y objetivos del país, cuidando que el desarrollo de esa capacidad militar guarde proporción con el desarrollo del resto de las capacidades del país.

El estado de Chile tiene el derecho y la responsabilidad de emplear todas las capacidades nacionales, y en particular su potencial bélico, si fuese necesario, para la defensa del país y el reguardo de los intereses nacionales frente a amenazas externas.

Para el estado de Chile es de particular interés y conveniencia de la estrecha vinculación y coordinación entre su política de defensa y su política exterior, complementándose y potenciándose mutuamente, aunque actuando la primera en respaldo de la última.

Considerando dichos objetivos de la Defensa Nacional y los principios que rigen la política de defensa de Chile, la pregunta que fluye clara e ineluctablemente es: ¿Chile acatará el próximo año 2012 un fallo favorable al PERU en el litigio que sigue con dicho país en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, sabiendo que constituiría un duro revés al interés nacional el cual afectaría la moral y el espíritu combativo de sus fuerzas armadas?

Si bien jurídicamente tendrían que cumplir el fallo al haberse sometido a la jurisdicción y competencia de dicha corte supranacional, hay que tener presente que el 73% de la opinión publica chilena está en contra de acatarlo. Ni que decir de sus Fuerzas Armadas las cuales lo desconocerían, pues así lo han acordado los tres Comandantes en Jefe en una reunión efectuada en diciembre de 2010.

No debemos olvidar que las fuerzas armadas de Chile operan bajo el lema: “Por la Razón o por la Fuerza” Ya sabemos que cuando se les acaba la razón utilizan la fuerza.

El principal indicador de inteligencia estratégica que nos permite conocer la intencionalidad del estado chileno en materia bélica es identificado la presencia de una exagerada “carrera armamentista” que ha llevado a cabo dicho país rompiendo el equilibrio militar en la región.

Este exagerado “armamentismo” en el escenario descrito precedentemente, constituye una seria y peligrosa amenaza a la Seguridad Nacional del Perú. Ello, porque revela en el ámbito de la defensa la verdadera intención que tiene Chile en sus relaciones con Perú y Bolivia, estando a la orientación de su actual política de defensa que es de carácter ofensiva y disuasiva.

Eso, bajo la tesis denominada HV3 (Hipótesis Vecinal 3), donde las sectores castrenses y quienes los apoyan han logrado que sus Fuerzas Armadas se encuentren operativamente en la capacidad de poder enfrentan de manera simultánea a las de Argentina, Bolivia y Perú.

Con tal finalidad, han creado el “centro de entrenamiento conjunto norte” en las instalaciones del “fuerte Condell” en el sector de Punta Gruesa en la localidad de Iquique, pues el centro de gravedad de sus fuerzas armadas es el “teatro de operaciones del norte” (frontera con el Perú) donde el dispositivo y composición de sus respectivas fuerzas conjuntas están orientados para actuar sobre determinados objetivos ubicados en el territorio peruano.

La fuerza militar conjunta que ha sido entrenada en dicho centro, para el planeamiento y conducción de las operaciones militares, requiere disponer de inteligencia precisa, oportuna y eficaz que les informe sobre la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas Peruanas.

Ello, para saber qué tenemos y cuáles son nuestros planes de defensa porque le tienen temor a la Fuerza Aérea del Peru (FAP).

Por eso, los agentes de la dirección de inteligencia de la fuerza aérea de Chile –conocida por el acrónimo de DIFA- reclutaron al técnico inspector FAP Víctor Ariza Mendoza [2] en el 2002 para que operara como un espía a favor de la inteligencia militar de Chile, debido a que miopemente se desarticuló el Sistema de Contrainteligencia (SICON) Peruano.

Chile mediante el espionaje ha logrado su objetivo de producir una peligrosa brecha en nuestra seguridad entre los años 2002 al 2009 causando un serio perjuicio a la defensa del Perú.

Eso, es un hecho real que ha sido acreditado indubitablemente en el proceso penal seguido contra Ariza Mendoza ante la Justicia Militar Policial que lo ha condenado a la pena de 35 años de prisión por el delito de traición a la patria al haber proporcionado a Chile información secreta sobre nuestra Defensa Nacional.

Hoy la “Potencia o Poder Combativo Relativo” (PCR) de las fuerzas armadas de Chile, es como 10 (diez). Mientras la PCR de las Fuerzas Armadas de Perú, es como 1 (uno). Existe pues un marcado desbalance entre el potencial militar de ambas fuerzas. Una evidente asimetría a favor de las del vecino país del sur.

En el período comprendido entre 1996 al 2008, las fuerzas armadas de Chile han dispuesto de un presupuesto —para adquirir armamento— que ascendió a la cuantiosa suma de $17,667 millones de dólares. Esto, sin considerar lo invertido en los años 2009 y 2010 que ha incrementado dicho gasto a suma mayor.
Por el lado Peruano, el gobierno aprista les ha asignado a las Fuerzas Armadas la cantidad de 600 millones de dólares con la finalidad de implementar el “Núcleo Básico de Defensa” (NBD) en el período 2006 al 2011, dizque para que sean ¡disuasivas frente a las de Chile! El gobierno de Toledo no les asignó ni un solo dólar para incrementar la capacidad operativa y ello conlleva estar indefensos ....... Y ELLO TIENE UN NOMBRE

Con el presupuesto asignado por el actual régimen PERUANO a las FF. AA., jamás podremos tener capacidad disuasiva frente a las de Chile. Eso es una ilusión. No nos autoengañemos. El Perú en términos convencionales, está en un estado de indefensión total frente a Chile, tanto más, que no tenemos una política de Estado en materia de Defensa Nacional.

Ese es el escenario proyectado al 2012. Hay que dejar de consolarse con el sofisma del NBD que, insisto, de disuasivo no tiene nada frente a las armas de nueva generación que posee Chile. Se vienen momentos difíciles para nuestra Seguridad Nacional. Estamos advertidos desde ahora.