sábado, 5 de febrero de 2011

Militares reclaman a candidatos debate sobre Defensa Nacional

COMANDOS PERUANOS

Representantes de las Fuerzas Armadas consideraron una irresponsabilidad política que los candidatos presidenciales no hayan abordado en sus planes de gobierno la situación de la defensa nacional, por lo que los instaron a ponerle especial énfasis al tratarse de la seguridad de todos los peruanos y advirtieron que quien no lo haga será sancionado en las urnas.

El ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Jorge Montoya, dijo que “no he visto que haya una explicación sobre lo que prevén realizar respecto a la defensa nacional ni cómo enfocan la labor de los institutos armados en el desarrollo del país. Los candidatos tienen que revaluar sus programas de Gobierno y centralizarse en lo que concierte a este tema a futuro”.

Para el vicealmirante en retiro es momento de que los aspirantes a la Presidencia de la República incluyan en el debate público el tema de la Defensa Nacional y su real importancia a desarrollar a mediano y largo plazo.

Montoya consideró además que los candidatos deben tener “ideas claras” sobre cómo hacer frente a la lucha contra el narcotráfico y la subversión en la zona del Valle de los Ríos Apurímac y Ene (VRAE) y el Huallaga.

“Estar en campaña electoral implica tener una visión completa del país, no se puede hacer ninguna obra de desarrollo si la defensa y la seguridad no están presentes, este tema es muy importante para cualquier país”, recalcó.

En tal sentido, lamentó que los candidatos hasta el momento no hayan presentado al país planteamientos concretos, por ejemplo, en materia de repotenciación de las Fuerzas Armadas o liderar la lucha contra los remanentes del narcoterrorismo.

Bomba de tiempo

Por su parte, el general FAP (r) César Sánchez del Solar criticó que “pese a que estamos en una peligrosa situación de indefensión en el frente interno y externo, los candidatos no han planteado propuestas claras respecto a la seguridad y defensa nacionales”.

Indicó que “Alejandro Toledo es uno de los que impulsó el desarme unilateral, por lo que su eventual regreso sería desastroso para la seguridad del país. Sobre todo si tenemos en cuenta que dentro de poco se resolverá el diferendo marítimo con Chile. Hay que preguntarse: ¿qué pasa si la Corte nos da la razón y los chilenos no lo cumplen?”.

“Si no se fortalece nuestra capacidad disuasiva, estamos cobijando una bomba de tiempo que le puede estallar al próximo gobierno. Por eso esperamos que los candidatos se den cuenta de ello y pongan en debate este tema, sobre todo porque quienes no lo hagan serán sancionados en las urnas por la familia militar policial. La ciudadanía debe saber que su voto es un acto de patriotismo”, acotó.

Finalmente, el general EP (r) Germán Parra dijo que:

“Todos los candidatos hablan del buen nivel económico del país, el mismo que aseguran que van a continuar, pero se olvidan que cuanto más rico es un país, se convierte en un plato más apetecible para los demás. Y si no se tiene un nivel de defensa adecuado, pues nos convertimos en un bocado fácil”.

Proyectos de concesión y autoritarismo presidencial


1. INTRODUCCIÓN


Nuevamente se pone en evidencia el ávido interés del gobierno por otorgar en concesión a particulares, en el menor tiempo posible la mayor cantidad de activos del Estado Peruano, propiedades que forman parte del patrimonio común de nuestra sociedad. Si bien la Constitución de 1993 permite la entrega en concesión de propiedades estatales (Art.º 73), estas deben realizarse de manera justa y garantizando el máximo beneficio al Estado. Es de requerimiento jurídico un proceso transparente y debidamente supervisado.
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La angurria presidencial se manifiesta ahora con la inconstitucional dación de poderes mediante el Decreto de Urgencia 001 y la polémica desafectación de un área acuática reservada (R.S. 034 2011) para su empleo en operaciones para la defensa nacional, desconociendo las normas y los procedimientos que lo rigen.

2. LOS HECHOS


Comenzando este último año de administración aprista, el presidente Alan García promulga el Decreto de Urgencia 001 (17/1/2011) con la finalidad de allanar el camino a la concesión de 33 obras públicas de infraestructura y de servicios públicos, entre las que se encuentran dos que afectan las operaciones de la Marina de Guerra del Perú, el Terminal Norte Multipropósito del Callao y el proyecto Isla San Lorenzo-El Frontón.

El inciso 5.3 del DU-001-2011 indica lo siguiente: “b. Los terrenos y/o edificaciones de propiedad directa o indirecta del Estado incluyendo las empresas del Estado, requeridos para la concesión, serán transferidos automáticamente por la entidad titular de los mismos al concedente en la oportunidad en que éste lo señale y a título gratuito, por el solo mérito del Decreto Supremo del sector correspondiente.”

Quiere decir que basta la firma del Ejecutivo para "transferir automáticamente" la propiedad de las Fuerzas Armadas, a través del Ministerio de Defensa, a la empresa concesionaria, sin estudio, planeamiento o discusión técnica de las implicancias que estas podrían tener. El Poder Ejecutivo, es decir el presidente de la República se ha auto premunido de un enorme poder de decisión que sobrepasa las atribuciones democráticas, rompe con el balance de poderes y la supervisión popular. Organizaciones de la sociedad civil, el Instituto de Defensa Legal (IDL) y la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), se han opuesto a la dación de dichas normas de urgencia y han solicitado al Congreso de la República la derogación de las mismas (001 y el modificatorio 002).
El presidente de la República se ha autopremunido de un enorme poder de decisión que sobrepasa las atribuciones democráticas
El día viernes 27 de enero, el Ejecutivo firma la Resolución Suprema 034 (apenas 10 días después del DU 001), por la que se levanta la reserva para la defensa nacional de un área acuática ubicada en el interior de la rada del puerto del Callao, con la finalidad de adecuar la ley al proceso de concesión del Terminal de Embarque de Concentrados de Minerales y al Terminal Norte Multipropósito. Este documento ha sido criticado por Oficiales de la Marina, en situación militar de retiro, quienes fueron insultados por el presidente Alan García a quienes calificó de “golpistas” entre otros adjetivos.[1]

3. ANÁLISIS DE LOS HECHOS


El Decreto de Urgencia 001-2011 está sustentado por un argumento deleznable: "se sustenta además en un escenario en que la incertidumbre sobre la evolución de la economía mundial, donde subyacen riesgos, no permite descartar escenarios de baja probabilidad pero con un alto impacto sobre la actividad económica" [2]

En la economía mundial siempre existirán riesgos e incertidumbres. La economía no es una ciencia exacta, por ser social, y no puede prever escenarios con exactitud en lo que el documento denomina de manera curiosa “escenarios de baja probabilidad y de alto impacto”. Los redactores del documento habrían emplearon estos eufemismos para esconder la verdadera intención.


Los redactores del documento habrían empleado estos eufemismos para esconder la verdadera intención.
En el caso de la polémica Resolución Suprema 034, firmada el viernes 27 de enero (apenas 10 días después del DU-001), se levanta la reserva para la defensa nacional de un área acuática ubicada en el interior de la rada del puerto del Callao.

Los redactores de la RS 034 2011 apelan al derecho del presidente contenido en el Artículo 118 inciso 8. "Ejercer la potestad de reglamentar las leyes sin transgredirlas ni desnaturalizarlas; y, dentro de tales límites, dictar decretos y resoluciones". Pero se olvidan de lo estipulado en ese mismo artículo que indica que: Inciso 14. “Presidir el Sistema de Defensa Nacional; y organizar, distribuir y disponer el empleo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional” y el inciso 15. “Adoptar las medidas necesarias para la defensa de la República, de la integridad del territorio y de la soberanía del Estado”.

Dos destacados oficiales de la marina de Guerra, los Almirantes Alfredo Palacios y Jorge Montoya criticaron, con conocimiento técnico, la iniciativa del Ejecutivo plasmada en el RS 034. El presidente García respondió destempladamente ante estas críticas llegando al colmo del insulto a estos respetables Oficiales. La oposición de los altos Oficiales navales se sustenta en previsión a los problemas a la navegación que causará la infraestructura portuaria que se pretende concesionar en el puerto del Callao fácilmente deducible en la imagen satelital.
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Mapa 1: Rada del Callao. El área achurada con las coordenadas, corresponde a la RS 034-2011 la misma que queda desafecta a la reserva. El empleo excesivo de la rada podría traer futuros problemas al despliegue de la flota naval.


4. CONCLUSIONES

Los proyectos de concesiones constituyen una buena oportunidad para modernizar la infraestructura nacional haciéndola internacionalmente competitiva, acarreando beneficio a la sociedad peruana cuando los contratos se realizan adecuadamente.

Los Decretos de Urgencia promulgados en enero desvirtúan la normatividad vigente en materia de concesiones. Se brinda la posibilidad al Ejecutivo de otorgar propiedad del Estado con la sola firma de un Decreto Supremo, omitiendo la autoridad del Poder Legislativo, representantes de los intereses de la sociedad y contrapeso contra los abusos presidenciales.

Llama la atención la premura presidencial por lograr la materialización de la mayor cantidad de contratos de concesión sin los estudios técnicos que protejan los intereses de la Nación. Es de público conocimiento los beneficios que estos contratos acarrean a los firmantes. Un caso similar se registró con el fallido “faenon”, en el que recibirían sobornos por parte de la empresa beneficiada con la concesión petrolera.[3]


Llama la atención la premura presidencial por lograr la materialización de la mayor cantidad de contratos de concesión sin los estudios técnicos que protejan los intereses de la Nación.

Tratándose de áreas reservadas para la defensa nacional, es preciso contar con la opinión técnica de las instituciones castrenses, depositarias de esta responsabilidad, junto con el Ministerio de Defensa y de todo el Sistema de Defensa Nacional. Es obvio que el interés presidencial sesga esta responsabilidad ya que, de buena fuente, se sabe que el Consejo de Defensa Nacional no se ha reunido para discutir este tema (en realidad no se ha reunido para nada).

Si, la unilateral decisión del presidente produce como consecuencia el entorpecimiento de las operaciones navales, entonces el Alan García estará incumpliendo el inciso 15 del Artículo 118.º de la Constitución política del Perú, el pacto supremo de la República, al permitir la acción contraria, quedando sujeto a una posible denuncia.

Los propios actos de Alan García, la megalomanía reflejada en los poderes con los que se rodea, el insulto a quienes discrepan con él, y su inclinación a influenciar en el proceso electoral democrático, comienza a darle la razón a las sospechas del ex embajador norteamericano en el Perú, James Curtis Struble, quien no pudo confirmar los "reportes sobre depresión maniática o desorden bipolar" tal como lo consigna en el cable 06Lima4570 de diciembre del 2006[4].

Sin embargo, esto no significa que las Fuerzas Armadas se opongan a este tipo de negociaciones ya que estas han actuado de manera proactiva. Existe como antecedente la modificación de un área reservada en el puerto de Chancay con la finalidad de construir un Terminal Portuario Multipropósito, también inconsulto, pero de poca implicancia a la defensa nacional.[5]

Pero por otro lado, se debe tomar en cuenta que este gobierno ha decidido de manera unilateral y autoritaria la venta del intangible aeropuerto de Collique, la privatización de la isla San Lorenzo, el otorgamiento de una Estación Naval a Bolivia en Ilo (problema de crear otro enclave), la venta de la sede de la Escuela de Blindados de Ancón, la Escuela de Aviación del Ejército de Moquegua, etc.
Los peruanos y el próximo gobierno heredaremos más problemas que los beneficios que estas inversiones podrían producir

Si se permite al presidente continuar con esta ola de concesiones sin estudios técnicos, los peruanos y el próximo gobierno heredaremos más problemas que los beneficios que estas inversiones podrían producir. No se trata de oponerse a las inversiones, se debe buscar el justo equilibrio, la viabilidad técnica, la seguridad que no afectará a los intereses nacionales (incluida la defensa) y que el Perú, socio en la gestión de estas empresas, no sea el convidado de piedra que la historia ha debido de registrar siempre. Que el Perú no avance a puertos tormentosos.
No, ya es hora de cambiar.
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[1] Diario La Primera 31 de enero 2011-02-01. Diario El Comercio 1 de febrero del 2011.
[2] DU 001-2011
[3] Caso del tráfico de influencias de Rómulo León Alegría para beneficiar a la empresa noruega Discover Petroleum en un caso conocido como los “petroaudios” o “petrogate”
[4] “Reports of manatic depression or bipolar disorder are impossible to confirm, but rumors in this connection are widespread”.
[5] RESOLUCIÓN SUPREMA N.º 539-2008-DE/MGP
Fuente: http://ivanizquierdo.blogspot.com/

Áreas marítimas y defensa nacional

Por Alfredo Palacios Dongo

El pasado viernes 28 de enero se publicó en el diario oficial El Peruano la Resolución Suprema N.° 034-2011-DE/, en la que sin pedir opinión a la Marina de Guerra del Perú, se dispone levantar la reserva de un área acuática establecida para fines de Defensa Nacional, para la construcción y concesión por 20 años de un terminal de embarque de minerales al norte del muelle 7, y sobre el cual no existe un estudio técnico oceanográfico.
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Dicho levantamiento afecta un área comprendida entre el muelle N°5 de minerales y el varadero “el ancla”, y por su cercanía y orientación al muelle marginal, donde se amarran las unidades navales, restringirá en la rada interior sus operaciones y maniobras, y además impedirá el desarrollo de futuros proyectos de la Marina. De igual forma, en el Terminal Norte Multipropósito, de acuerdo a lo planteado por la Autoridad Portuaria Nacional (APN), se proyecta la ampliación de unos cien metros del muelle N.° 5 de minerales, lo cual afectaría otra zona del área acuática de la Base Naval, y además, las gradas de construcción y diques flotantes del astillero del Servicio Industrial de la Marina —único de alto bordo en el país—, lo cual reduciría su capacidad de construcción de buques de alto bordo y los procesos de reparación de todas nuestras unidades en los diques flotantes, y truncaría futuros proyectos de nuevos diques para reparaciones de buques más grandes tipo panamax.

Bajo este panorama, se estarían proyectando además otros trabajos de expansión portuaria circundantes a la Base Naval del Callao, la cual no debería estar comprendida dentro del proceso de promoción a la inversión, y la Marina de Guerra, como parte integrante de las FF AA, cuya finalidad primordial es la de garantizar la independencia, soberanía e integridad territorial de la República, debe ser consultada sobre cualquier modificación o afectación de áreas acuáticas para la Defensa Nacional. La Marina cuenta con 51 áreas acuáticas en todo el territorio –reservadas con RS N.° 694-2005-DE/MGP– para cumplir sus funciones, las que conjuntamente con sus unidades, dependencias, bases, instalaciones portuarias, capitanías de puerto, entre otras, están destinadas en uso exclusivo y reservado para la Defensa Nacional, para garantizar el control y la seguridad de nuestro dominio marítimo de 200 millas, y los ámbitos lacustre y fluvial en el territorio nacional.

Por último, el presidente Alan García personifica a la Nación y no debería emplear expresiones desmedidas al hablar de “golpe militar” ni usar frases ordinarias como “cada chancho a su rancho” contra quienes, como cualquier ciudadano, nos hemos manifestado en contra de dicha medida por afectar la Defensa Nacional. Expreso, 05.02.2011.