Fue desaprobado en la comisión de Constitución y se quiso introducir subrepticiamente en próximos comicios
JAVIER VALLE-RIESTRA (*)
Los snobs se rasgaron, hace dos años, las vestiduras porque el voto facultativo no fue aprobado en la comisión de Constitución. En los últimos días se ha pretendido volver el tema introduciéndolo solamente para comicios municipales y regionales, y ha sido rechazado por cuarta vez. En la primera votación del 2008 fue un resultado conveniente para el Perú. Estoy, empero, en una posición maniquea, ubicua, porque mi reflexión fue contra ese tipo de sufragio aunque mi voto fue a favor. 
Pero, eso, fue por flexión, acatando la consigna de la Célula Parlamentaria Aprista, a la que pertenezco. Pero como no he perdido libertad de pensamiento ni de palabra, replanteo mi tesis, ya que se ha vuelto a debatir el tema en la comisión de Constitución. Examinemos el porqué de mi rechazo a la neófita postura. No sé de qué se queja el APRA, beneficiada con el voto obligatorio desde 1931, año en que ganamos las elecciones y por fraude subió Sánchez Cerro; en 1936, en que desde las catacumbas apoyábamos a Eguiguren, pero se anuló el proceso; vencimos en 1945 y dominamos las Cámaras; en 1956 impusimos a Prado; en 1962 ganó Víctor Raúl y el militarismo lo despojó golpistamente y en 1985 y 2006 triunfó Alan. Con o sin voto obligatorio somos el mayor partido del país. Igual Acción Popular, que se hizo del poder dos veces y sigue siendo un partido aunque diezmado.
Hemos avanzado. Hasta comienzos del siglo XX, la víspera de las elecciones se reunían en locales ubicados en las cercanías de las plazas públicas bandas de plebe asalariada; durante la noche eran armadas y embriagadas, y al alba se disputaban a viva fuerza las ánforas. Desde 1920 vino constitucionalmente el voto obligatorio y luego el voto para mujeres y analfabetos. Sostienen los facultativistas que la propuesta de hoy es un avance más. Al contrario, es un retroceso. Se autoexcluirían las mujeres por rechazo a las algaradas multitudinarias; y los iletrados por no tener mayoritariamente conciencia cívica. No vengamos ahora con el cuento de hacer el elogio del analfabeto. Está fundamentalmente en esa situación por su desidia. Si forjamos una democracia así, será un sistema de minorías. De elites. La Constitución señala que los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos mediante iniciativa legislativa, remoción o revocatoria de autoridades, demanda de rendición de cuentas, problemas limítrofes; referéndum para reforma total o parcial de la Constitución, aprobación de normas con rango de Ley, ordenanzas municipales, descentralización. Muy bien. Con voto opcional, eso lo efectuarán con ciencia infusa minorías ínfimas. Ya veo el manifiesto que se redactará subversivamente en el año 2026: “A LA NACIÓN: El Jefe de Estado, los parlamentarios, y las diversas autoridades electas hace unos meses por dos millones de personas, en un país de cincuenta millones de habitantes, carecen de legitimidad. Esos usurpadores no representan a la República, razón por la cual sectores militares, sindicatos y universidades hemos depuesto al nefasto régimen”. Eso es una ucronía a la que era aficionado Basadre siguiendo a Renouvier. Un puede ser. No ha sucedido. Pero podría suceder. Los politicastros están desmantelando al Perú. Ya no hay servicio militar obligatorio, no existe libreta militar, queremos voto facultativo. Hemos escogido hoy la suerte desintegradora del Perú de mañana. Solo votarán los costeños, los blancos, los señoritos y los bachilleres.
II En el diario de debates de 1920, hace noventa años, el diputado José Antonio Encinas, un convencido de que con la implantación del sufragio obligatorio se finiquitaría la indolencia de la población ante los procesos electorales conjurándose, además, el fraude comicial, dijo en aquella oportunidad frases con vigor hoy: “Nosotros establecemos ya en el Perú, definitivamente, la nueva teoría del voto, y este es un asunto de lo más interesante. Si se estudia con un poco de detención la sicología del pueblo peruano, no se necesita hacer un análisis minucioso para llegar a la conclusión del voto obligatorio. Basta recurrir a hechos concretos. Se sabe que a pesar de que los registros electorales contienen, por ejemplo, 2,000 inscripciones, apenas votan 200 ciudadanos; y entonces los candidatos en forma subrepticia tratan de adulterar la votación con el propósito de llegar a conseguir mayoría. Y ¿Por qué, a pesar del número apreciable de electores, no se verifica en su totalidad la votación? Es por la profunda indiferencia que existe en materia electoral. Y yo no voy a referirme a provincias lejanas de la capital de la República: basta ver lo que pasa en Lima en los días de elecciones: las mesas totalmente desprovistas de electores... Esto significa la más profunda indiferencia por parte del elemento ciudadano para cumplir con este deber cívico importantísimo y trascendental. De allí que la Asamblea, teniendo en cuenta que este derecho político es uno de los derechos fundamentales del organismo nacional, tiene que verse en la necesidad de agregar aquí, en el segundo inciso (en ese entonces se discutía el que sería el artículo 67 de la Constitución de 1920) la palabra obligatorio”.
III Las elecciones sin quórum serían un caos, sobre todo, engendrando un sistema con voto libre en comicios municipales y regionales. Ese voto facultativo permitiría el ausentismo y el caos. Solamente irían a las urnas los fanáticos, los costeños, los blancos, los bachilleres. Sería una vulnerable democracia de minorías. No se puede confundir la realidad europea de países integrados con la tempestuosa andina nuestra, en que más fácil es abstenerse que concurrir al acto electoral. Nadie dice que sea obligatorio votar. Puede formularse blanco, nulo o viciado. Lo sostenido es que es obligatorio asistir a los comicios. Y es que la doctrina considera al sufragio un deber cívico, una obligación, una función pública, como consecuencia del principio democrático del autogobierno. Por eso Hauriou afirma que es la organización política del asentimiento a una propuesta o decisión y la organización política del sentimiento de confianza a determinadas personas o programas. En cualquier asamblea (el Parlamento, las comisiones congresales, etc.) se exige quórum para sesionar. Con mayor razón, para elegir Jefe de Estado, parlamentarios, autoridades regionales, alcaldes, regidores; ejercitar el poder constituyente originario, referéndums, revocatorias, etc. Si todo eso lo celebraran minorías serían actos recusables ulteriormente por deficitarios. Algunos alegan que somos retardatarios quienes mantenemos esta posición. Se atreven a pontificar que igual sucedió en la Independencia, cuando se sostenía que no estábamos preparados para la República. Pero, a esa República –que fue un virreinato sin rey, sin virrey, sin audiencia y sin juicio de residencia– del siglo XIX es a la que volveríamos con el voto facultativo, porque entonces sólo votaban minorías: los contribuyentes, los propietarios y estaban excluidos los analfabetos y las mujeres. El ausentismo electoral falsifica totalmente el mecanismo del gobierno representativo. Rompe toda relación entre el sentimiento real de la nación y los resultados comiciales. Quedamos en manos de una masa incógnita, muda, pero temperamental y peligrosísima. Integran una multitud oscura, desconocida, merced a la cual la política, que es el arte de prever, no puede hacer pronósticos visionarios. Esa masa puede ingresar bruscamente en la escena política bajo la influencia de cualquier excitación transitoria, derrocar a los gobernantes y sepultar al régimen; obran como un huracán para caer seguidamente en la indiferencia y en la inercia de mayoría silenciosa. Como dice Moreau, un buen gobierno debe estar al abrigo de un azar semejante. La garantía no puede venir, sino del voto disciplinado de todos los ciudadanos, con quienes las autoridades electorales deben realizar docencia. La clásica doctrina greco-romana consideraba al sufragio como un privilegio obtenido por el nacimiento; durante la Edad Media se vinculaba a un estamento o clase social; durante la revolución francesa para ser ciudadano activo era necesario no ser criado y pagar, además, una contribución igual a tres jornales. Hoy en el Perú se pretende que las elites politizadas sean las únicas que voten. Es regresismo y no progresismo. Así que en nombre del vanguardismo snob no fomentemos la anarquía.
IV Otro tema paralelo mencionado primigeniamente es la disolución constitucional del Parlamento convocando a nuevas elecciones. No. Yo soy partidario de la renovación bienal por mitades. AGP dijo en su mensaje al Congreso del año 2009: “Debemos establecer la renovación de la mitad del Congreso a la mitad del gobierno para dar más oportunidad a la opinión del pueblo y si eso no logra la aprobación en el Parlamento propondré un referéndum para que el pueblo decida”. Pretende restaurar así una norma existente en las Constituciones de 1856 (Art. 53), que renovaba anualmente por terceras partes y de 1860 (Art. 57), que revocaba bienalmente, también, por tercios. Todo esto desapareció desde la Charta de 1920. Pero esa regla no dio resultados fructíferos históricamente. Basadre recuerda casos funestos. El Presidente ha querido dar a entender que con el sistema propuesto se iría la mitad mala de los legisladores. Y eso no es cierto porque la renovación se hace por sorteo y no se quedan los mejores necesariamente. Hace quince años se publicó una monografía de J.J. Linz titulada “La quiebra de la democracia presidencial”. Sostuvo que las democracias indoamericanas se habían desplomado por carecer de sistemas parlamentaristas, que son más flexibles y se pueden adecuar a los vaivenes de la opinión pública. Si como en los Estados europeos democráticos se pudiese disolver el Parlamento cuando ingresa en entredicho con la Nación, nuestras democracias se salvarían. Por supuesto que deberíamos colocar como en la Constitución española republicana de 1931 que las Cámaras disueltas se reúnen de pleno derecho y recobran su potestad si el Presidente no hubiere cumplido dentro del plazo la obligación de convocar a nuevas elecciones. Ítem más, en el caso de segunda disolución el primer acto de los nuevos electos sería examinar y resolver sobre la necesidad del decreto de disolución del anterior Congreso. El voto desfavorable de la mayoría absoluta de los legisladores llevaría aneja la destitución del Presidente. Tenemos casos históricos en que de haber existido la posibilidad de disolver legítimamente el Congreso y convocar a uno nuevo, nos habríamos guarnecido de dictaduras. El ultrapopular Guillermo Billinghurst (1914) era hostilizado por el Parlamento civilista, el cual se unió al militarismo y lo derrocó el cuatro de febrero porque vaciló y no llegó a armar las fidelísimas milicias obreras con las que pretendió defenderse de la oligarquía. José Luis Bustamante (1945) deslealmente se unió a la plutocracia antiaprista. Quiso convocar totalitariamente a una Asamblea Constituyente para menguar al APRA. Si hubiera habido parlamentarismo habría podido dispersarse validamente al Legislativo y convocar a nuevos comicios; lógicamente el APRA habría triunfado. Era nuestra mejor hora histórica. Fujimori en 1992 se enfrentó a los escaños y los disolvió manu militari. Si hubiera existido la posibilidad constitucional de convocar elecciones, él, AFF, las habría ganado porque era, también, su momento. Pero habríamos evitado la dictadura corrupta empezada el cinco de abril. Son ucronías, pero es lo que pudo suceder. AGP se quedó corto. Debemos restaurar la Carta Constitucional de 1979 e introducirle un Senado indisoluble, el voto inexorablemente obligatorio en toda clase de comicios presidenciales, parlamentarias, ediles, regionales y de referéndum, la renovación bienal por tercios, etc., y así no nos encontraremos en la disyuntiva de sufragar, es decir ayudar con el voto en lugar de naufragar, romper, hundirse. (*) Jurista y congresista.
