lunes, 27 de septiembre de 2010

Militares y PNP ganan batalla

Ministro de Defensa impulsará que cédula viva se mantenga
Las protestas de miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional en situación de retiro y el malestar de los que están en actividad surtieron sus frutos, esto debido a que el Ministerio de Defensa defenderá la vigencia de la cédula viva para todos los uniformados que actualmente prestan servicios en las instituciones castrenses.
LA RAZON pudo enterarse de que el flamante ministro de Defensa Jaime Thorne León planteará al ministro de Economía y Finanzas Ismael Benavides que el cierre de la cédula viva sólo se aplique a los nuevos oficiales que ingresen a los institutos armados.
Por esa razón los asesores del Ministerio de Defensa estarían elaborando una propuesta legislativa para modificar el Decreto Ley 19846, que es el régimen pensionario de los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, donde garantizará el derecho de los actuales uniformados a la cédula viva y sólo se cerrará para los nuevos ingresantes a partir de la aprobación de la norma en el Parlamento Nacional y su posterior vigencia. Lo que el despacho de Thorne León buscaría es hacer un “corte generacional” que es garantizar el beneficio de los que ya gozan de este beneficio y aportan a la Caja de Pensiones Militar Policial. Sin embargo, este derecho, según la propuesta que se estaría elaborando, se extinguiría para los nuevos oficiales que ingresen a los institutos armados, quienes aportarán a un nuevo sistema pensionario, que podría ser la ONP o la AFP, esto es materia de estudio. Este tema sería revelado en la presentación del ministro de Defensa Jaime Thorme y del titular del Interior Fernando Barrios en la Comisión de Defensa Nacional del Congreso, para el martes 28, que los ha convocado para que explique el presupuesto de su sector y las políticas que piensan implementar en estas carteras ministeriales. Hace unos días el titular de Defensa viajó al VRAE y en breves declaraciones a la prensa, Thorne León sostuvo que los objetivos de gestión son continuar con la recuperación de la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas, a través del Núcleo Básico de Defensa y la mejora del bienestar del personal militar resolviendo la desigualdad existente en las remuneraciones.

Voto voluntario es un regresismo, fomentador de la anarquía y desintegrador del Perú del mañana

Fue desaprobado en la comisión de Constitución y se quiso introducir subrepticiamente en próximos comicios
JAVIER VALLE-RIESTRA (*)
Los snobs se rasgaron, hace dos años, las vestiduras porque el voto facultativo no fue aprobado en la comisión de Constitución. En los últimos días se ha pretendido volver el tema introduciéndolo solamente para comicios municipales y regionales, y ha sido rechazado por cuarta vez. En la primera votación del 2008 fue un resultado conveniente para el Perú. Estoy, empero, en una posición maniquea, ubicua, porque mi reflexión fue contra ese tipo de sufragio aunque mi voto fue a favor.
Pero, eso, fue por flexión, acatando la consigna de la Célula Parlamentaria Aprista, a la que pertenezco. Pero como no he perdido libertad de pensamiento ni de palabra, replanteo mi tesis, ya que se ha vuelto a debatir el tema en la comisión de Constitución. Examinemos el porqué de mi rechazo a la neófita postura. No sé de qué se queja el APRA, beneficiada con el voto obligatorio desde 1931, año en que ganamos las elecciones y por fraude subió Sánchez Cerro; en 1936, en que desde las catacumbas apoyábamos a Eguiguren, pero se anuló el proceso; vencimos en 1945 y dominamos las Cámaras; en 1956 impusimos a Prado; en 1962 ganó Víctor Raúl y el militarismo lo despojó golpistamente y en 1985 y 2006 triunfó Alan. Con o sin voto obligatorio somos el mayor partido del país. Igual Acción Popular, que se hizo del poder dos veces y sigue siendo un partido aunque diezmado.
Hemos avanzado. Hasta comienzos del siglo XX, la víspera de las elecciones se reunían en locales ubicados en las cercanías de las plazas públicas bandas de plebe asalariada; durante la noche eran armadas y embriagadas, y al alba se disputaban a viva fuerza las ánforas. Desde 1920 vino constitucionalmente el voto obligatorio y luego el voto para mujeres y analfabetos. Sostienen los facultativistas que la propuesta de hoy es un avance más. Al contrario, es un retroceso. Se autoexcluirían las mujeres por rechazo a las algaradas multitudinarias; y los iletrados por no tener mayoritariamente conciencia cívica. No vengamos ahora con el cuento de hacer el elogio del analfabeto. Está fundamentalmente en esa situación por su desidia. Si forjamos una democracia así, será un sistema de minorías. De elites. La Constitución señala que los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos mediante iniciativa legislativa, remoción o revocatoria de autoridades, demanda de rendición de cuentas, problemas limítrofes; referéndum para reforma total o parcial de la Constitución, aprobación de normas con rango de Ley, ordenanzas municipales, descentralización. Muy bien. Con voto opcional, eso lo efectuarán con ciencia infusa minorías ínfimas. Ya veo el manifiesto que se redactará subversivamente en el año 2026: “A LA NACIÓN: El Jefe de Estado, los parlamentarios, y las diversas autoridades electas hace unos meses por dos millones de personas, en un país de cincuenta millones de habitantes, carecen de legitimidad. Esos usurpadores no representan a la República, razón por la cual sectores militares, sindicatos y universidades hemos depuesto al nefasto régimen”. Eso es una ucronía a la que era aficionado Basadre siguiendo a Renouvier. Un puede ser. No ha sucedido. Pero podría suceder. Los politicastros están desmantelando al Perú. Ya no hay servicio militar obligatorio, no existe libreta militar, queremos voto facultativo. Hemos escogido hoy la suerte desintegradora del Perú de mañana. Solo votarán los costeños, los blancos, los señoritos y los bachilleres.

II En el diario de debates de 1920, hace noventa años, el diputado José Antonio Encinas, un convencido de que con la implantación del sufragio obligatorio se finiquitaría la indolencia de la población ante los procesos electorales conjurándose, además, el fraude comicial, dijo en aquella oportunidad frases con vigor hoy: “Nosotros establecemos ya en el Perú, definitivamente, la nueva teoría del voto, y este es un asunto de lo más interesante. Si se estudia con un poco de detención la sicología del pueblo peruano, no se necesita hacer un análisis minucioso para llegar a la conclusión del voto obligatorio. Basta recurrir a hechos concretos. Se sabe que a pesar de que los registros electorales contienen, por ejemplo, 2,000 inscripciones, apenas votan 200 ciudadanos; y entonces los candidatos en forma subrepticia tratan de adulterar la votación con el propósito de llegar a conseguir mayoría. Y ¿Por qué, a pesar del número apreciable de electores, no se verifica en su totalidad la votación? Es por la profunda indiferencia que existe en materia electoral. Y yo no voy a referirme a provincias lejanas de la capital de la República: basta ver lo que pasa en Lima en los días de elecciones: las mesas totalmente desprovistas de electores... Esto significa la más profunda indiferencia por parte del elemento ciudadano para cumplir con este deber cívico importantísimo y trascendental. De allí que la Asamblea, teniendo en cuenta que este derecho político es uno de los derechos fundamentales del organismo nacional, tiene que verse en la necesidad de agregar aquí, en el segundo inciso (en ese entonces se discutía el que sería el artículo 67 de la Constitución de 1920) la palabra obligatorio”.

III Las elecciones sin quórum serían un caos, sobre todo, engendrando un sistema con voto libre en comicios municipales y regionales. Ese voto facultativo permitiría el ausentismo y el caos. Solamente irían a las urnas los fanáticos, los costeños, los blancos, los bachilleres. Sería una vulnerable democracia de minorías. No se puede confundir la realidad europea de países integrados con la tempestuosa andina nuestra, en que más fácil es abstenerse que concurrir al acto electoral. Nadie dice que sea obligatorio votar. Puede formularse blanco, nulo o viciado. Lo sostenido es que es obligatorio asistir a los comicios. Y es que la doctrina considera al sufragio un deber cívico, una obligación, una función pública, como consecuencia del principio democrático del autogobierno. Por eso Hauriou afirma que es la organización política del asentimiento a una propuesta o decisión y la organización política del sentimiento de confianza a determinadas personas o programas. En cualquier asamblea (el Parlamento, las comisiones congresales, etc.) se exige quórum para sesionar. Con mayor razón, para elegir Jefe de Estado, parlamentarios, autoridades regionales, alcaldes, regidores; ejercitar el poder constituyente originario, referéndums, revocatorias, etc. Si todo eso lo celebraran minorías serían actos recusables ulteriormente por deficitarios. Algunos alegan que somos retardatarios quienes mantenemos esta posición. Se atreven a pontificar que igual sucedió en la Independencia, cuando se sostenía que no estábamos preparados para la República. Pero, a esa República –que fue un virreinato sin rey, sin virrey, sin audiencia y sin juicio de residencia– del siglo XIX es a la que volveríamos con el voto facultativo, porque entonces sólo votaban minorías: los contribuyentes, los propietarios y estaban excluidos los analfabetos y las mujeres. El ausentismo electoral falsifica totalmente el mecanismo del gobierno representativo. Rompe toda relación entre el sentimiento real de la nación y los resultados comiciales. Quedamos en manos de una masa incógnita, muda, pero temperamental y peligrosísima. Integran una multitud oscura, desconocida, merced a la cual la política, que es el arte de prever, no puede hacer pronósticos visionarios. Esa masa puede ingresar bruscamente en la escena política bajo la influencia de cualquier excitación transitoria, derrocar a los gobernantes y sepultar al régimen; obran como un huracán para caer seguidamente en la indiferencia y en la inercia de mayoría silenciosa. Como dice Moreau, un buen gobierno debe estar al abrigo de un azar semejante. La garantía no puede venir, sino del voto disciplinado de todos los ciudadanos, con quienes las autoridades electorales deben realizar docencia. La clásica doctrina greco-romana consideraba al sufragio como un privilegio obtenido por el nacimiento; durante la Edad Media se vinculaba a un estamento o clase social; durante la revolución francesa para ser ciudadano activo era necesario no ser criado y pagar, además, una contribución igual a tres jornales. Hoy en el Perú se pretende que las elites politizadas sean las únicas que voten. Es regresismo y no progresismo. Así que en nombre del vanguardismo snob no fomentemos la anarquía.

IV
Otro tema paralelo mencionado primigeniamente es la disolución constitucional del Parlamento convocando a nuevas elecciones. No. Yo soy partidario de la renovación bienal por mitades. AGP dijo en su mensaje al Congreso del año 2009: “Debemos establecer la renovación de la mitad del Congreso a la mitad del gobierno para dar más oportunidad a la opinión del pueblo y si eso no logra la aprobación en el Parlamento propondré un referéndum para que el pueblo decida”. Pretende restaurar así una norma existente en las Constituciones de 1856 (Art. 53), que renovaba anualmente por terceras partes y de 1860 (Art. 57), que revocaba bienalmente, también, por tercios. Todo esto desapareció desde la Charta de 1920. Pero esa regla no dio resultados fructíferos históricamente. Basadre recuerda casos funestos. El Presidente ha querido dar a entender que con el sistema propuesto se iría la mitad mala de los legisladores. Y eso no es cierto porque la renovación se hace por sorteo y no se quedan los mejores necesariamente. Hace quince años se publicó una monografía de J.J. Linz titulada “La quiebra de la democracia presidencial”. Sostuvo que las democracias indoamericanas se habían desplomado por carecer de sistemas parlamentaristas, que son más flexibles y se pueden adecuar a los vaivenes de la opinión pública. Si como en los Estados europeos democráticos se pudiese disolver el Parlamento cuando ingresa en entredicho con la Nación, nuestras democracias se salvarían. Por supuesto que deberíamos colocar como en la Constitución española republicana de 1931 que las Cámaras disueltas se reúnen de pleno derecho y recobran su potestad si el Presidente no hubiere cumplido dentro del plazo la obligación de convocar a nuevas elecciones. Ítem más, en el caso de segunda disolución el primer acto de los nuevos electos sería examinar y resolver sobre la necesidad del decreto de disolución del anterior Congreso. El voto desfavorable de la mayoría absoluta de los legisladores llevaría aneja la destitución del Presidente. Tenemos casos históricos en que de haber existido la posibilidad de disolver legítimamente el Congreso y convocar a uno nuevo, nos habríamos guarnecido de dictaduras. El ultrapopular Guillermo Billinghurst (1914) era hostilizado por el Parlamento civilista, el cual se unió al militarismo y lo derrocó el cuatro de febrero porque vaciló y no llegó a armar las fidelísimas milicias obreras con las que pretendió defenderse de la oligarquía. José Luis Bustamante (1945) deslealmente se unió a la plutocracia antiaprista. Quiso convocar totalitariamente a una Asamblea Constituyente para menguar al APRA. Si hubiera habido parlamentarismo habría podido dispersarse validamente al Legislativo y convocar a nuevos comicios; lógicamente el APRA habría triunfado. Era nuestra mejor hora histórica. Fujimori en 1992 se enfrentó a los escaños y los disolvió manu militari. Si hubiera existido la posibilidad constitucional de convocar elecciones, él, AFF, las habría ganado porque era, también, su momento. Pero habríamos evitado la dictadura corrupta empezada el cinco de abril. Son ucronías, pero es lo que pudo suceder. AGP se quedó corto. Debemos restaurar la Carta Constitucional de 1979 e introducirle un Senado indisoluble, el voto inexorablemente obligatorio en toda clase de comicios presidenciales, parlamentarias, ediles, regionales y de referéndum, la renovación bienal por tercios, etc., y así no nos encontraremos en la disyuntiva de sufragar, es decir ayudar con el voto en lugar de naufragar, romper, hundirse. (*) Jurista y congresista.

Carta de la Promoción XXXIII del Colegio Militar Leoncio Prado al presidente Alan García

Señor presidente, Alan García, no pertenecemos a esfera política alguna, por lo que queremos preguntarle ¿Sabe usted cómo se forma un militar?
Muchos casi niños renuncian a las comodidades de su hogar, a los afectos familiares para entregarse a la formación militar, para luego ponerse al servicio de la patria, no al servicio de sus propios intereses. Estos muchachos casi niños aún viven internos, se levantan antes que salga el sol. Mientras otros duermen hasta el mediodía sin entregar nada útil a los demás. Sus comidas son simples y básicas, mientras muchos otros comen a la carta. Su aspecto y cuidado personal es impecable -limpios, pulcros y aseados-, renuncian a la diversión, a la vida ligera, a trasnochar, a beber sin control, a la droga, para dedicarse a estudiar sobre cómo ser un mejor soldado y mejor servidor de la patria. Mientras otros se sirven de la patria, ellos la sirven.

Se transforman en hombres completos, lavan, planchan, cocinan y limpian, están en todas las desgracias naturales ayudando y sirviendo a cuanta disposición les den. Muchos disfrutan de las grandes comodidades, atenciones y lujos. Acuérdese del terrorismo que gracias a la política de gobierno se desarrolló, acuérdese de los apagones y cómo algunas personas ligadas a las altas esferas renegaban porque se le iba la luz y se perdían de fiestas y conciertos, mientras que el personal al que usted le quiere quitar la cédula viva patrullaba y protegía a todos.

Señor Presidente, cuando ellos se van de baja no cobran CTS como todos los que trabajan para el Estado, además no pueden quejarse porque los meten presos según su código interno. Seguramente, que después de su mandato, usted al igual que su ex ministra de Economía se irán al extranjero, y usted debe saber desde ahora que los que se quedarán siempre son los militares y policías, es decir, ustedes pasarán y ellos seguirán siempre en sus sitios estudiando y preparándose para servir mejor y defender a la patria que les vio nacer. La izquierda los quiere ver presos, la derecha se muestra indiferente. Pero si todos atacáramos a los que nos resguardan, ¿quién protegerá al PERÚ? Los hijos de los izquierdistas están enfocados en cómo sacar provecho de cada coyuntura política. Los hijos de los derechistas están en Harvard, Oxford, Yale, y está claro que ninguno tomará un arma para desalojar al enemigo que traspusiera nuestras fronteras o volviera a crear un conflicto interno.

¿Sabe usted que cuando bajan las defensas en el organismo humano entran virus y microbios a apoderarse de nuestra salud? Aplique este mismo principio a las “defensas de Perú”. Que no se vea luego en una situación peligrosa porque las defensas y moral de nuestros militares y policías están debilitadas y dejando las puertas abiertas a los enemigos. ¿Se acuerda de la huelga policial? ¿Ha visto alguna vez en el Perú una huelga militar? ¿Se imagina una huelga militar policial? Pregunto ¿qué haríamos ante un ataque subversivo o externo de algún país y ellos se encuentren en huelga?, ¿quiénes nos defenderían? ¿La izquierda o derecha? ¿El serenazgo? Entonces, Presidente, no maltratemos más a LAS DEFENSAS DE PERU. Ellos son los únicos hombres en el país que defienden a la patria con su vida ¿Algún hijo suyo lo hizo? Analice sus decisiones con prudencia, si usted decide hacer las cosas correctas su estabilidad, credibilidad y proyecciones a futuro crecerán y muchos como yo, creeremos que acertamos en darle nuestro voto. Usted es un hombre inteligente y educado y sabe que en la vida no se hace lo que nos gusta, no se hace lo que conviene; se hace lo que es correcto, sin medir las consecuencias, porque cuando se miden las consecuencias de hacer lo correcto, sin lugar a dudas, terminamos haciendo lo incorrecto.

Cada decisión que nosotros tomamos marca la historia nuestra, y la de los que nos rodean. Lo que nos otorga poder, lo que nos otorga autoridad, es la humildad. Se puede estar bien haciendo lo correcto con honestidad e integridad. Shakespeare en su obra “El mercader de Venecia” nos muestra y demuestra cuán imperfecta es la JUSTICIA HUMANA, y debe saber que usted está condenando a la muerte a miles de ex militares y policías que en algún momento entregaron su vida en la defensa de su patria. Una buena decisión libera y engrandece. La Iglesia le pidió a usted un gesto de generosidad con los militares y policías jubilados y la no cancelación de la cédula viva. Usted no escuchó la voz del Creador, que a través de la Iglesia le habló. Solo se limitó a apoyarse en su propio entendimiento. Y el apoyo humano es débil, inestable e imperfecto. “Cuando hay peligro el hombre clama a Dios y al Soldado, mas cuando el peligro pasa, Dios es olvidado y el Soldado despreciado”. Presidente, para terminar, le digo que somos casi de la misma generación, en la que nos enseñaron que la palabra vale más que la firma, que el respeto por otro ser humano es parte de nuestra formación. Yo creo que ellos hicieron mucho por el Perú y ahora nos toca al pueblo compensarlos y hacer por ellos.

Éxito del modelo exportador peruano está supeditado a la capacidad del Estado de administrar los conflictos sociales

A propósito de la conferencia magistral de Daniel Schydlowsky sobre “Sostenibilidad del crecimiento económico en el Perú”
JORGE MANCO ZACONETTI (*)
Ante un auditorio pleno de estudiantes y profesores en el histórico Salón General del Centro Cultural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, el profesor de la Universidad de Harvard (Phd) Daniel Schydlowsky recordó amenamente los años de su formación como economista en la Facultad de Ciencias Económicas de nuestra universidad, y disertó sobre la “sostenibilidad del crecimiento y desarrollo de la economía peruana” para los próximos años, explicando los posibles peligros del entorno internacional y las políticas de mitigación de riesgos que debieran ponerse en práctica.
Ha sido mérito de los organizadores del evento al haber invitado a uno de los más importantes economistas peruanos del siglo XX, autor de la conocida “Anatomía de un Fracaso Económico” (1979), escrito conjuntamente con el profesor Juan Wicht, y que constituye una crítica fundamental al modelo de acumulación estatal de los años setenta.
Al margen de los recuerdos y añoranzas preñadas de anécdotas de su formación, el reconocido mérito intelectual del profesor Schydlowsky enfatizado por más de uno de los comentaristas se relaciona con la necesidad de repensar la teoría económica, la macro y microeconomía desde la perspectiva de una “economía periférica” donde los supuestos de la libre competencia en los diversos mercados, de bienes, servicios, capital y acceso a la información se contradicen con la realidad. ¿POR QUÉ SE CRECIÓ? Como economistas sanmarquinos nos debiera interesar si el crecimiento económico alcanzado por la economía peruana en la última década resulta sostenible en el largo plazo, y de resultar positiva la respuesta cabe preguntarse qué condiciones económicas e institucionales se requieren para asegurar este crecimiento. De allí, que comentaremos en esta primera parte los factores que explicaron el crecimiento económico según el profesor Schydlowsky, los cuales se resumen en el cuadro que presentamos más abajo. El primer punto sobre “el crecimiento generalizado hacia fuera”, según lo expuesto, se distinguiría de los otros períodos de bonanza económica que ha caracterizado la historia económica de nuestro país. De allí, que la afirmación que éste no fue solamente un crecimiento liderado por la minería. Lamentablemente en la exposición no se recurrió a ningún cuadro estadístico que pudiera refrendar el crecimiento generalizado hacia fuera. Es decir, qué rama o sector lidera las exportaciones, y el carácter cualitativo de las mismas. Por ello, nos permitimos exponer un cuadro que mide el grado de apertura de la economía peruana estimado por la suma de las exportaciones e importaciones como participación en la producción nacional (PBI), desde 1971 al 2010, considerando los quinquenios desde 1971 hasta el 2010. Es verdad que la economía peruana es cada más abierta al mundo con un grado de inversión superior al 40%, sobre todo en la bonanza minera del 2004 al 2008. Es más, se supone que los diversos tratados de libre comercio con terceros países debieran fortalecer tales tendencias para llegar a igualar o superar a nuestro vecino del sur que tiene un grado de apertura superior al 80%. Ver Cuadro de “Perú: Apertura al Mercado Mundial por Quinquenios” Mas lo que debiera interesar es la composición de las exportaciones que en un promedio del 60% se explican por las exportaciones mineras, de oro y cobre en lo fundamental, si se agregan las de harina de pescado, aceites de pescado y los hidrocarburos como crudo pesado, residuales y nafta prácticamente la participación tradicional de las exportaciones con escaso o débil valor agregado se eleva cerca al 80% de las exportaciones. Sin embargo, en honor a la verdad cabe reconocer el crecimiento de las exportaciones no tradicionales sobre toda la velocidad del crecimiento de agropecuarios (espárragos, frutas, caña de azúcar, café etc.) y textiles, que han tenido un despegue notable en los últimos años, lo cual diversifica la cartera de exportaciones con un peso relativo minoritario en relación a las exportaciones mineras. Sin embargo, desde nuestro punto de vista las inversiones y crecientes exportaciones mineras fueron, como señala el profesor Schydlowsky, ayudadas por “mercado externo boyante”.

Al respecto, bien vale la pena interrogarse sobre los factores que explican y determinan la rentabilidad del sector exportador, especialmente minero, y el control del excedente generado en la economía y lo referido al llamado “valor de retorno”, pues a mi entender el límite a la sostenibilidad del modelo exportador radicaría más que en factores económicos, en factores institucionales como la capacidad del Estado de enfrentar y administrar los llamados conflictos sociales. Como economistas nos debiera interesar el grado de eslabonamiento o interdependencia sectorial del sector exportador con el resto de la economía interna, en especial la industria manufacturera. Es decir, qué le compra a la industria el sector exportador tradicional, el nivel de propensión tributaria a través de los impuestos realmente abonados, y los sueldos y salarios pagados en el sector exportador. Si bien se hizo referencia a una realidad que resultaría inédita en la historia del país cuando se señalaba el “pleno empleo” alcanzado en algunos departamentos como Ica, La Libertad, Lambayeque gracias al crecimiento exportador no tradicional producto de inversiones privadas que han encontrado en el agro costeño una generosa oportunidad de inversión con innovaciones tecnológicas como el riego por goteo, mejoramiento de semillas etc. Se puede compartir el criterio que el mejor mecanismo para superar la pobreza resulta ser el fomento del empleo digno por medio de la inversión privada. Mas me pregunto si puede haber empleo digno con “salarios de exportación” de 400 ó 500 nuevos soles mensuales en jornadas de trabajo de más de 10 horas de labor, con una débil capacidad negociadora por la ausencia de sindicatos, de allí las presiones redistributivas por los beneficios del crecimiento. Si el lenguaje y la filología económica tiene algún sentido, en ningún momento se escuchó en la conferencia magistral categorías como control del excedente, transnacionales, grupos de poder o de presión, desarrollo desigual. Evidentemente la teoría económica desarrollada por nuestro autor no le permitiría reconocer el grado de control del excedente económico, es decir, de la plusvalía global, sobre todo apropiada por el sector minero controlado por las empresas transnacionales (Barrick, Newmont, Xstrata, Freeport, Glencore, Grupo México, Teck Cominco etc.) que controlan gran parte de la producción y del excedente minero generado en el país. ¿Por qué creció Perú tan bien en esta década? ¿Qué fue diferente? 1. Crecimiento generalizado hacia fuera. No fue sólo minería o harina de pescado. 2. Aprovechamiento de recursos productivos desocupados. Nos acercamos un poco más a la capacidad productiva. 3. Aprovechamiento de curvas de oferta planas. 4 Alargamiento de horizontes. 5. Migración de empresarios a la agricultura y a la provincia. 6. La tecnología y el crédito migraron con los empresarios. Riego por goteo; fertigación; control de calidad. 7. Pocas sorpresas provenientes del gobierno. Los empresarios pudieron concentrarse en ser empresarios AYUDÓ: Mercado externo boyante. Arrancar de una recesión. En tal sentido, existiría una gran diferencia entre el crecimiento liderado por el sector exportador chileno donde la empresa estatal Codelco contribuye fuertemente con el ahorro interno a través del impuesto a la renta, royalty, ley reservada del cobre que detrae para el estado chileno el 10% de los ingresos de exportación, otros impuestos y utilidades netas etc. Al respecto un aproximado del 40% de las exportaciones cupríferas en Chile resultan responsabilidad de la empresa estatal, lo cual ha permitido que durante el llamado “boom minero” durante el período 2004-2009 del 100% de las exportaciones de Codelco cerca del 54% del ingreso de las exportaciones haya sido un valor retenido como contribución fiscal y excedente económico. Diferente es la realidad de nuestro país donde con excepción de grupos mineros como Benavides de la Quintana y Mra. Buenaventura con participación importante en Mra. Yanacocha y en la Mra. Cerro Verde, o el grupo Brescia con la Mra. Minsur y la fundición de estaño Funsur, más otras familias mineras como Letts en la Mra. Volcan, San Ignacio de Morococha, y medianas auríferas, el control del excedente está bajo responsabilidad del capital transnacional, y de bancos de inversiones con accionariado difundido. Por ello, lo importante es reconocer la baja propensión tributaria del sector exportador minero, donde durante el llamado “boom minero” del 100% de ingresos de exportación, el fisco apenas capta el 12% como impuesto a la renta, regalías, aporte voluntario, y derechos de vigencia. Creemos que esta diferencia sustancial entre el sector exportador chileno y peruano es clave para entender el liderazgo del sector exportador y sus efectos de arrastre al conjunto de la economía. Si bien el profesor Schydlowsky hizo referencia a la necesidad de capturar una mayor proporción de la renta minera a favor del fisco, cuando las condiciones económicas explican la percepción de rentas extraordinarias por medio de impuestos extraordinarios mediante una renegociación estratégica entre el Estado y las empresas, tal como lo recomienda la última literatura del Fondo Monetario Internacional (FMI); sin embargo su propuesta, en la mitigación de riesgos de “sembrar el mineral” como hace Venezuela con el petróleo, resultaría en profundizar un modelo primario empobrecedor, al menos que en lugar de la exportación de oro en barra se produjese para el exterior joyería o artesanía de oro y plata. Sin embargo, en lo central de su disertación no se hacía cuestión de estado o una crítica al modelo primario exportador que caracteriza a la economía peruana donde cualitativamente el Estado ha transferido rentables empresas públicas y valiosos yacimientos mineros, y el control del excedente ha sido enajenado al país. En otros términos, las decisiones sobre el ahorro y la acumulación por lo menos en el sector minero resulta exógeno a la economía peruana, y presumo que gran parte del excedente se remesa.

Lamentablemente el BCR no publica la información entre las salidas y entradas de capital a nivel sectorial, para saber el “quantum de capital fresco” que capitaliza el país, y la remesa de utilidades como pago de factores al exterior por sectores. Mas si se reconoce como práctica financiera el levantamiento de ahorro interno y externo mediante el mecanismo de bonos para el financiamiento de importantes inversiones como Camisea, Edegel, Kallpa en generación eléctrica y otras industrias, se debe reconocer que dicho mecanismo resulta un elemento nuevo producto de la confianza que genera la relativa estabilidad económica para los inversionistas en la última década. Un simple ejemplo nos puede graficar esta afirmación sobre lo que Carlos Malpica llamaría “El Mito de la Inversión Extranjera”. Las utilidades remesadas entre el 2005 al 2008 por la transnacional minera Southern Perú Copper Corporation (SPCC) que tiene al Grupo México como principal accionista. Durante el boom minero las utilidades remesadas en promedio han sido de 1,000 millones de dólares anuales gracias a los bajos costos de producción de 50 centavos de dólar la libra de cobre, y precios de mercado por encima de los 3 dólares. En tal sentido, el financiamiento del proyecto de cobre en Tía María en el Valle del Tambo- Arequipa requiere un financiamiento de cerca de 950 millones de dólares para una explotación en un periodo de 19 años que se financiaría con la utilidad neta de un año. En otras palabras del mismo “cuero salen las correas”. De allí la necesidad de estudios más profundos sobre el rol de la inversión extranjera y el grado de capitalización en la economía peruana. En verdad, resulta penoso reconocer que terminando la primera década del Siglo XXI, el Perú no tenga una Tabla de Insumo Producto para estimar el grado de interdependencia sectorial de la economía peruana. La que existe data de 1994 y resultaría irrelevante para estimar los cambios fundamentales en la nueva estructura económica peruana en las dos últimas décadas. Ello por ejemplo nos demostraría nuestra dependencia sobre los insumos y maquinaria importada para el crecimiento del sector exportador tradicional.

Debemos reconocer que la principal reforma económica inaugurada a inicios de la década de los noventa está en relación a las políticas de estabilización macroeconómica que han determinado bajas tasas de inflación monetaria y en especial el desmontaje de la actividad económica empresarial del Estado mediante una radical privatización de empresas públicas, sobre todo en el sector minero energético. Por ello, un crecimiento económico basado en las exportaciones debiera ser analizado con mucho cuidado, sobre todo a partir del aspecto cualitativo de las mismas, el grado de elaboración y el nivel de valor agregado que curiosamente no se registró en la conferencia magistral como un imperativo económico para alcanzar el desarrollo. Después de todo no existe evidencia, y el profesor Schydlowsky lo sabe, en la historia económica de los países capitalistas que hayan alcanzado el desarrollo económico en el siglo XX con el crecimiento basado en la exportación de materias primas.
En resumen, una conferencia magistral provocadora para múltiples reflexiones que debieran estimular a los estudiantes y profesores de economía a una revisión permanente de los postulados teóricos frente a la realidad para recrear una teoría económica que permita repensar, explicar, y predecir los hechos económicos de nuestras economías.
De allí la necesidad de promover sólidas investigaciones sobre el complejo mecanismo económico en una “economía periférica” que tiene en la crítica de la economía política un poderoso instrumento para asumir e incorporar los valiosos aportes del profesor Schydlowsky. (*) Investigador UNMSM y Consultor Web: www.mancozaconetti.com / Blogs: http://kuraka.blogspot.com y http://bitacorajmz.blogspot.com

Señor presidente, demuestre que su oposición a la cédula viva no es revanchismo por sucesos de 1932

Opinión de “que no es inviable” para militares ha sido refutada por ex ministro de Economía, P.P. Kuczynski
ENRIQUE QUIROGA
CARMONA Mayor General FAP (r) Es muy triste tener que señalar que continúa la desinformación por parte del Gobierno sobre el tema de la supresión de las pensiones renovables -cédula viva- , tratando de justificar como sea esta medida arbitraria e irracional. Desgraciadamente la obsesión del mandatario en suprimir este beneficio antes de dejar la presidencia con argumentos que son absolutamente inexactos está convenciendo a todos los miembros de la familia militar-policial, de que el antagonismo del APRA con las FF AA que existió por muchos años, a partir del los sucesos de 1932 en Trujillo, sigue “vivito y coleando”. Aunque particularmente, por algunos gestos y expresiones que ha tenido, y que no los ha podido disimular, creo que en este aspecto se trata fundamentalmente de algo personal y recóndito de nuestro presidente.

Se usa como argumento principal, según palabras textuales de la ex ministra de Economía, “que mantener la cédula viva es inviable”, por el costo que ello tendría. Esto no es cierto, como lo han indicado connotados economistas, entre ellos el Sr. Pedro Pablo Kuczynski, quien hace pocos días en un artículo publicado en un diario de circulación nacional ha sostenido que es factible técnicamente mantener la cédula viva si se suben las aportaciones del Estado y de los beneficiarios, pero que la ministra Aráoz ha preferido liquidar la cédula viva. El Sr. Kuczynski ha sido presidente del Consejo de Ministros y ministro de Economía del Perú en diversas oportunidades, de modo que creemos que conoce perfectamente el tema. ¿Se atrevería la Sra. ministra de Economía a pretender demostrarle públicamente al Sr. Kuczynski que está equivocado? Estamos seguros que no lo haría, simplemente porque no podría hacerlo. Esta solución de aumento de las aportaciones para la subsistencia de la “cédula viva” y el reflotamiento de la Caja de Pensiones Militar-Policial fue también aprobada por el ex ministro de Defensa de este régimen, embajador Allan Wagner, en el “Acuerdo Consensuado” entre las FF AA, la PNP y el Ministerio de Defensa, que consta en el acta 01-2007, remitida al Consejo de Ministros por su sucesor en el cargo de ese portafolio, el Dr. Antero Flores-Aráoz. Es decir que en opinión de los expertos que intervinieron en ese proceso, esta solución era “viable”, a pesar de lo cual el Dr. Alan García no permitió que este acuerdo se tramitara favorablemente. ¿Por qué? El tema del personal militar y policial es crucial para la defensa interna y exterior de la República, pero resulta evidente que para la mencionada funcionaria la seguridad y la defensa nacional no son su problema, solo le interesa cuadrar su caja y no enemistarse con el presidente.

Es suicida actuar así en un país como el nuestro, que tiene inmensas riquezas naturales, y un vecino con graves carencias críticas en esta materia, especialmente en lo que se refiere a energía y agua, a pesar de lo cual no se le da ninguna importancia a la protección del país. Es también falso el argumento con el que se pretende justificar la desaparición de la pensión renovable, de que es injusto e inconstitucional que los militares tengan beneficios que no tienen el resto de los trabajadores. Esta justificación es efectista y artificiosa, pero carente de seriedad y veracidad. En casi todos los países del mundo civilizado, entre ellos los de nuestra región, el régimen pensionario del personal castrense es diferente, porque no es posible racional y coherentemente exigir a este personal que acepte numerosas restricciones y obligaciones sin alguna forma de compensación. Este tratamiento personal y laboral totalmente diferente va desde la suspensión de algunos de los más importantes derechos constitucionales que tenemos todos los peruanos hasta la obligación de aceptar órdenes y misiones que ponen permanentemente en riesgo la integridad física y hasta la vida, sin otra compensación distinta que un reconocimiento ceremonial póstumo en casos de fallecimiento en acto de servicio.
Al respecto habría que recordar que a diferencia de cualquier otro trabajador civil, los militares podemos ser arrestados sin mandamiento judicial, hasta por varios días, estamos sujetos a dos códigos penales, el Código Penal Común aplicable todos los peruanos y el Código de Justicia Militar, por el que podemos ser condenados a penas muy severas, se trabaja sin horario, los servicios militares y policiales incluyen días feriados, no podemos oponernos a cambios de colocación, no podemos rechazar ninguna orden de misión, aunque estas supongan el riesgo de nuestra propia vida, no podemos tener sindicatos, ni siquiera viajar en nuestras vacaciones, cuando es posible hacerlo, sin la autorización correspondiente, tampoco podemos mientras estamos en servicio opinar libremente ni siquiera sobre temas que conciernen a nuestros derechos como en este caso etc. etc.. ¿No lo sabe el presidente, no lo sabe la ministra o simplemente no les interesa esta realidad?

Es aberrante suponer que nuestro personal pueda cumplir cabalmente arriesgadas misiones militares o policiales sin pensar que de fallecer en una de estas misiones sus viudas e hijos pequeños van a quedarse de por vida con la pensión congelada derivada de los reducidos sueldos que perciben y que históricamente siempre fueron sumamente bajos. Y que la esperanza que existe hace más de sesenta años y que está constitucionalizada como un derecho en el Art 174 de nuestra Carta Magna, de que sus deudos queden asegurados con una pensión que les permita un mínimo de dignidad, este gobierno aprista se la está quitando. Estamos convencidos que el apasionamiento está primando sobre la objetividad, siendo cierto una vez más aquello de que “las pasiones nublan la mente, pero hacen transparente el corazón”.

Conducta claudicante y farisaica de la Corte de DD HH de San José al pronunciarse contra amnistías e indultos

Lo hizo contra leyes peruanas que promovían punto final de delitos cometidos durante la lucha antiterrorista
JAVIER VALLE-RIESTRA (*)
En estos días hemos presenciado el bochorno exhibido por quienes llamándose demócratas censuraban la excarcelación de Lori Berenson, luego de quince años de prisión. En mi concepto no solo fue una medida justa, sino tardía porque jamás debió condenársele kafkianamente por la justicia militar, a cadena perpetua, y luego por la justicia común a veinte años de prisión. La jueza del caso la liberó condicionalmente. Vino el vómito de ira de los puritanos que pedían cárcel. Pero se ha producido una reacción saludable para entender que el fallo liberador fue justo y, en cambio, cruel e inquisitorial el del tribunal que la volvió a las ergástulas. Hasta el Presidente de la República ha condenado semejante medida. Esto es moralmente muy grave. Todas las constituciones del Perú han permitido amnistías, indultos, perdones, sobreseimientos; y supranacionalmente lo consagran maximalistamente el Artículo 4°, inc. 6 del Pacto de San José, cuyo texto es:
“Toda persona condenada a muerte tiene derecho a solicitar la amnistía, el indulto o la conmutación de la pena, los cuales podrán ser concedidos en todos los casos. (…)”
Y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de NNUU, en su Artículo 6°, inc. 4, señala: “Toda persona condenada a muerte tendrá derecho a solicitar el indulto o la conmutación de la pena. La amnistía, el indulto o la conmutación de la pena capital podrán ser concedidos en todos los casos.” Vale decir que ambos pactos, columna vertebral de nuestros Derechos Humanos, preceptúan que la amnistía —técnicamente la desaparición del hecho— y el indulto —técnicamente el perdón de la pena o las libertades procesales— proceden en todos los casos. No han colocado ninguna limitación, ninguna taxativa, ninguna excepción rabulesca. Un individuo puede ser hasta narcotraficante. Recordar un caso de esa índole, el de Suárez Rosero vs. Ecuador ante la CIDH (Ver sentencias: serie C. N° 35 y serie C. N° 44), en que el 12 de noviembre de 1997 dispuso la procedencia de la demanda, la excarcelación, una investigación y el pago de una indemnización a la víctima y a sus familiares, así como resarcirles los gastos en que hubieran incurrido. Todo esto por haberse festinado el plazo racional de pesquisa judicial. Estuvo más de cuatro años y medio detenido. No le tembló la mano al tribunal en un caso poco estético. Cumplió con su deber.

II
El Tribunal Constitucional peruano, en 1997, SS. Nugent; Acosta Sánchez; Díaz Valverde; García Marcelo, con el concurso de los magistrados ultrademocráticos Rey Terry, Aguirre Roca y Revoredo Marsano, declaró improcedente una demanda de Inconstitucionalidad contra diversos artículos de las Leyes 26479 y 26492. Argumentaba en su fundamento jurídico nueve, sin maniqueísmo alguno: Noveno.- En lo referente al derecho a saber la verdad de los hechos delictivos objeto de la amnistía, no es posible realizar actos de cumplimiento en virtud de que los artículos 4 y 6 de la Ley 26479 y artículos 1 y 3 de la Ley 26492 han prescrito que deben anularse los antecedentes policiales, judiciales o penales, que pudieran registrarse contra los amnistiados por la ley y que los hechos o delitos comprendidos en la amnistía así como los sobreseimientos definitivos y las absoluciones, no son susceptibles de investigación o pesquisa quedando todos los casos judiciales, en trámite o en ejecución, archivados definitivamente; o sea que los efectos que puedan conducir a la determinación de la verdad de los acontecimientos ya han quedado agotados. Y fallaron: Declarando improcedente la demanda de inconstitucionalidad de las leyes 26479 y 26492, porque sus efectos quedaron agotados antes del veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y seis, fecha en que se instaló el Tribunal, dejando a salvo el derecho que se menciona en el fundamento número doce; debiendo publicarse esta sentencia en el diario oficial “El Peruano”.

III Sin embargo todo esto fue rectificado prevaricadoramente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por sentencia del 14 de marzo del 2001 en el caso Barrios Altos (Chumbipuma Aguirre y otros vs. Perú). En sus fundamentos 41 y 42 dijo, respecto a la incompatibilidad de leyes de amnistía con la Convención: “41. Esta Corte considera que son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. 42. La Corte, conforme a lo alegado por la Comisión y no controvertido por el Estado, considera que las leyes de amnistía adoptadas por el Perú impidieron que los familiares de las víctimas y las víctimas sobrevivientes en el presente caso fueran oídas por un juez, conforme a lo señalado en el artículo 8.1 de la Convención; violaron el derecho a la protección judicial consagrado en el artículo 25 de la Convención; impidieron la investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y sanción de los responsables de los hechos ocurridos en Barrios Altos, incumpliendo el artículo 1.1 de la Convención, y obstruyeron el esclarecimiento de los hechos del caso. Finalmente, la adopción de las leyes de autoamnistía incompatibles con la Convención incumplió la obligación de adecuar el derecho interno consagrada en el artículo 2 de la misma”. Y en el punto 4 de la sentencia se decidió por unanimidad: 4. Declarar que las leyes de amnistía Nº 26479 y Nº 26492 son incompatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos y, en consecuencia, carecen de efectos jurídicos. Vemos así que las leyes de punto final o de olvido expedidas por regímenes indoamericanos no quedaron en pie, pese a que buscaban la paz social. Sin embargo, es imprescindible precisar que la Ley 26479 tenía una cláusula referida a la amnistía de los heroicos militares que se sublevaron el 13 de noviembre de 1992 ejercitando el derecho constitucional de insurgencia contra el autogolpe del 5 de abril de 1992. Pero esa ley se cumplió a medias. Se tardó en regresar a filas a los que estaban en edad militar. Se les discutió el tiempo de servicios y se vetó por el Poder Ejecutivo una ley que ascendía por acto heroico a dichos oficiales. Se impuso el criterio prusiano y retrógrado de considerarlos en entredicho con la disciplina militar. Confundían así golpe cuartelero con derecho de insurgencia democrático. Felizmente, el 10 de marzo del 2005, el Parlamento insistió en su ley y se reconoció a esos héroes el tiempo de permanencia en retiro o disponibilidad como tiempo de servicios y se les promocionó al grado inmediato superior. Acato todo lo que diga en materia de DDHH la CIDH. Pero considero que hay una actitud farisaica en el anulamiento de amnistías, contraría sus propios estatutos, que como hemos visto la consagran en su Artículo 4, inciso 6. La amnistía, el indulto o la conmutación de la pena, podrán ser concedidos en todos los casos, reitero. Nuestros países necesitan paz. Y el perdón y el olvido no solo puede ser extendible a los buenos, a los intachables, a los de primera comunión; tiene que extenderse, incluso, a militaristas y fascistas. Solo así podremos recomenzar. Por eso es que son equívocas actitudes de cenáculo senecto la postura de la CIDH en entredicho con sus propios pactos. IV NO ES LA ÚNICA CLAUDICACIÓN DE LA CIDH: CASO LORI BERENSON Repetiré hasta el hartazgo la vergüenza democrática y contra los derechos Humanos perpetrada por la Corte de San José. Hablemos de la gran desilusión. La Corte Interamericana de Derechos Humanos expidió un fallo claudicante en el caso de Lori Berenson (25.Nov.2004). Fue una sentencia política para contemporizar con la ultraderecha y la reacción peruanas que amenazaban con retirar al Perú de la competencia contenciosa de la CIDH. Tuvo ese fallo la virtud estratégica de retener al Perú dentro del núcleo duro del Pacto. Por eso me alegro. En cambio, ha sido nefasto porque contiene una injusticia gravísima: haber refrendado los veinte años de carcelería para esa antipatiquísima ciudadana yanqui. ¿Qué había hecho Lori Berenson? Fue una diletante. Una aventurera. Quería imitar al “Che” Guevara, a Regis Debray. En el Derecho Penal se habla del proceso de comisión del delito o iter criminis: el pensamiento, la conspiración, que son impunes y los castigables que son los actos preparatorios, la tentativa o frustración, y la consumación. La Berenson quizás estuvo en actos preparatorios. Visitó el totalitario Congreso de Fujimori, que no era ninguna expresión democrática. Lo merodeó. Se supone que quería asaltarlo. Pero no lo hizo. Fue arrestada en un autobús. No tenía armas. No tenía documentos con falsa identidad. No formaba parte de ningún comando de aniquilamiento. No mató ni mandó matar. Convivía con un panameño, Castrellón, dizque vinculado al MRTA, ambos sin ninguna clase de antecedentes. Sin embargo, el 12 de agosto del 2000, la Sala Plena del Consejo Supremo de Justicia Militar, en el apogeo de la dictadura fujimorista, decidió luego del juicio declinar competencia e inhibirse a favor del fuero ordinario declarando insubsistente la sentencia que la condenaba como autora del delito de traición a la Patria. El Fiscal Provincial ad hoc, de la justicia común, al reanudar el juicio, la denunció por banalidades: haberse presentado como esposa de Pacífico Castrellón, haber alquilado un inmueble de la Av. La Técnica, haber adoctrinado militantes, haber colaborado en adquirir medios de comunicación, haber obtenido credenciales de la Asociación Nacional de Periodistas. A la hora de fallar la Sala Nacional de Terrorismo, el 20 de junio del 2001, presidida por Marcos Ibazeta Marino, la condenó por suministrar información sobre el Congreso, reconociendo que no había intervenido en tareas de adoctrinamiento ni financiamiento. Pero sobre todo consideró “que no se había logrado plena certeza de que la inculpada haya llegado a asociarse y ser parte integrante de la organización del MRTA”. Por Recurso de Nulidad, el 13 de febrero del 2002, la Corte Suprema de Justicia, al analizar el grado de participación, señaló que la encausada no tuvo codominio funcional del hecho, ya que este es un elemento que define la conducta de los coautores; razón por la cual solamente cabía atribuir a la encausada la calidad de cómplice secundario o accesorio, por cuanto su colaboración consistió en un aporte inocuo, sin el cual también hubiera sido posible la configuración del injusto típico, lo cual es un atenuante. Si embargo, declararon no haber nulidad. Se recurrió entonces a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, asesorados por el gran defensor de la libertad Ramsey Clark, pero el fallo astígmata no vio los contrafueros contra los Derechos Humanos y declaró improcedente la acción. El único voto reivindicable de la sentencia de la CIDH es el de la jueza chilena Medina Quiroga. Sostiene que existían deficiencias en la definición del tipo de terrorismo y que era insostenible lo afirmado por la Sala presidida por Ibazeta: “que las imperfecciones de la Ley penal podían cambiarse cuando los tiempos y las situaciones cambien y cuando las normas hayan perdido razonabilidad”. Esa reflexión es próxima a la doctrina judicial nazi de que el juez debe ser intérprete del sentimiento de la Nación. Esa magistrada afirmó, también, que si las pruebas actuadas ante la justicia militar carecían de validez, era incongruente que las invocase para fallar. Y terminó diciendo dicha jueza que “el sufrir tratos crueles o degradantes, durante casi tres años de detención, debe ser reparado y una suma de dinero no me parece suficiente reparación”. Esa reparación debió ser, agregó, una significativa reducción de la condena. Por ejemplo, contabilizar dos días de prisión por cada día efectivamente detenida en condiciones inhumanas. La Corte prevaricó así por miedo al primitivismo cavernario de una prensa demagógica y de politicastros que no educan, sino que apelan a los sentimientos ancestrales de la colectividad. Mejor hubiera sido mi solución, propuesta en los días de mi efímero premierato democratizador: expulsarla del Perú por non grata rumbo a Estados Unidos. Ya haría más de dos lustros que el asunto estaría olvidado. Tengo una posición equilibrada. Censuro el caso Berenson como condeno los inicuos atropellos perpetrados por la izquierda con puños de encaje contra el heroico comando Chavín de Huántar, gloria del Ejército. Los políticos de antaño tenían más coraje para defender los Derechos Humanos. Allí están las leyes de amnistía de 1945 y 1956 que excarcelaron a infinitos compañeros apristas, acusados de gravísimos hechos cruentos perpetrados por pasión política. Pero hoy no nos atrevemos a nada; precisamente cuando el Perú necesita pacificación y olvido. Ese sería el mejor comienzo del 2011. (*) Jurista y congresista

Jefe Supremo de las FFAA y PNP, Alan García, busca excluir a uniformados de la familia peruana

Está echando gasolina al incendio que vive el país por acción del crimen organizado, narcoterrorismo y delincuencia común
ARTURO CASTRO (*)
La Constitución del Perú dispone en su artículo 167 que, “El Presidente de la República es el Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional”. Como bien sabemos, el rol del Jefe Supremo impele el cumplimiento de funciones y responsabilidades para el logro del bienestar general y la seguridad integral de la nación peruana.
Consideramos que este rol no se está cumpliendo con la responsabilidad que amerita y de conformidad a la Constitución vigente. No solo se está dejando desprotegida a la nación con la unilateral política de desarme, sino que, trayendo sentimientos antimilitaristas pretéritos del Apra visceral de los años 30, se quiere, pretende y exige la muerte por inanición de las fuerzas de seguridad del país, al enviar al degolladero el régimen de cédula viva.
El presidente Alan García Pérez personifica a la nación y en su calidad de Jefe Supremo de las FFAA y PNP, muestra su particular forma de agradecer, contrario a su mensaje de 28 de julio último, en que –de la boca para afuera- destacó el reconocimiento a las FFAA y a la PNP por su sacrificada lucha contra las fuerzas oscuras del mal, manifestando su interés y decisión para reestructurar y mejorar las remuneraciones y pensiones del personal militar y policial, en la situación de actividad y retiro. Con la presentación del proyecto de presupuesto del Ejecutivo al Parlamento, se consumó una mayúscula ingratitud del gobierno a las Fuerzas Armadas y PNP de la Nación. Atrás quedaron sus promesas electorales, su mensaje a la nación de este 28 de julio, esperamos sea el último de su existencia política. Lejos, muy lejos se estancaron en una ciénaga los proyectos de la Comisión del PCM Velásquez Quesquén, las diferentes organizaciones de militares y policías en retiro. Ni el proyecto de su amigo y tocayo Allan Wagner fue considerado. En el mencionado proyecto de presupuesto para el año 2011 planteó primero la desaparición de la cédula viva para soldados y policías, y después ha retrocedido diciendo se mantendrá solo para los discapacitados y viudas; y la anulación del ingreso a las escuelas de formación de estas fuerzas, aunque luego también ha retrocedido diciendo que la reducción del ingreso será al 50%, así como la congelación de remuneraciones del personal retirado. ¿No es esta la demostración más palpable de una actitud mezquina, prepotente y negligente contra la familia militar-policial? ¿Dónde quedó la política de integración de todos los peruanos? ¿Por qué en su calidad de Jefe Supremo busca la exclusión de militares y policías de la gran familia peruana? ¿Qué intereses bajo la mesa existen, teniendo en cuenta que faltan pocos años para la decisión de la Corte Internacional de la Haya respecto al diferendo marítimo? Si hacemos un retroceso histórico en el tiempo, recordamos que en 1879 el General Mariano Ignacio Prado gobernaba el Perú, héroe del Dos de Mayo de 1866. Ostentaba el grado de General de División que le había conferido Chile. Era compadre de Aníbal Pinto, presidente chileno. Mariano Prado confió en él, creyó que por ese compadrazgo Chile no le declararía la guerra, su estupor y sorpresa fue inmensa cuando Pinto le declaró la guerra el 5 de abril de ese año.

Lo demás es historia conocida. Regresando al presente, el presidente García tenía entre manos una sorpresa para la familia militar-policial, contrario a su discurso expresado en el Congreso. ¡Aumento sí; pero, desaparición de la cédula viva, cierre de las escuelas de formación y disminución del presupuesto! Y envió a su ministra de Economía para dar la cara y enfrentar un duro vendaval, un huracán de desacuerdos, un peñón de oposiciones y un avinagrado desdén que se ha ganado de los familiares de soldados y policías. Todo fue una gran mecida, una gran mentira, una gran maniobra de distracción que estaría sirviendo para otros fines. Los afectados por esta decisión polémica se preguntan ¿Cómo se deben estar carcajeando en el país del sur? Con seguridad burlonamente. No necesitan ningún conflicto, porque los mal llamados gobernantes del Perú se encargan de mantener debilitadas y famélicas a sus fuerzas de seguridad. Y así, con ese gran cuajo acorde con su volumen, cada día en ascenso pretende llegar por tercera vez a la casa de Pizarro el 2016. ¿Qué les parece? Militares y policías infieren que este proyecto de marras ya estaba cocinado, ¡Dios sabe desde cuándo! Todo lo demás, era lo de menos.

En el Congreso, con seguridad no pasará nada. Será aprobado, pese a que hay voces apristas discordantes, que se alinearán de inmediato porque son disciplinados alanistas o apristas. ¡Qué tal bomba de tiempo que le dejará Alan al próximo gobierno! Lo que más llama la atención es que los ministros de Defensa e Interior aparecen como dos convidados de piedra, que aparentaron sorpresa ante tamaña y abusiva decisión presidencial. ¿Por qué ambos ministros, que se supone representan el sentir de las FFAA y PNP, de inmediato no presentaron su renuncia irrevocable? Del Ing. Rafael Rey lo podemos entender por su formación académica e ideológica, pero del general Octavio Salazar que vivió las perores épocas, no lo entendemos. A los dos ministros les preguntamos ¿Por qué seguir esta comparsa como marionetas tapándole los huecos oscuros a este gobierno, que se ha ensañado con las fuerzas de seguridad de la nación? En un diario de la capital ante la pregunta que le plantean a la Ministra de Economía de este régimen “¿Y en verdad será capaz de convencer a congresistas que tienen una posición contraria a su proyecto? Por ejemplo, al almirante Giampietri”. “Yo creo que sí. Si Giampietri tiene una real preocupación por el personal policial y militar en actividad debería escuchar esta propuesta. Ahora, esta no es idea mía. Hemos trabajado con el premier, con los ministros de Interior y Defensa, y con el presidente. Y él está convencido de que este es el momento adecuado para hacer esta reforma. Más claro ni el agua. Los titulares de Defensa e Interior sí conocían de este nefasto proyecto. En reciente Comunicado de la Alianza por la Reivindicación de las FFAA y PNP del 3 de setiembre 2010 expresa lo siguiente: “Lo establecido en las DÉCIMA OCTAVA y DÉCIMA NOVENA disposiciones finales de dejar sin efecto todas las disposiciones aplicables al régimen del Decreto Ley N° 19846 referidas a LA RENOVACIÓN, HOMOLOGACIÓN O NIVELACIÓN DE LAS PENSIONES CON LAS REMUNERACIONES, INCLUSO EN EL CASO DE LAS PENSIONES DE INVALIDEZ E INCAPACIDAD O DE SOBREVIVENCIA DE DICHO RÉGIMEN, no sólo desconoce lo establecido en los artículos 174º y 206º de la Constitución, sino que refleja una ignorancia total de carácter legal y pone en evidencia una actitud demencial de parte del Ejecutivo frente al estado de derecho en el país”. “El presidente Alan García ha traicionado una vez más a las FFAA y la PNP, pues ha faltado a su compromiso de hacer justicia a los que cumplieron el encargo de pacificar el país y lograr el clima de tranquilidad que necesita el país, y lo único que ha hecho es sembrar vientos y tendrá que asumir las consecuencias de cosechar tempestades, porque los cuarteles rebosan de malestar en estos momentos”. “En tal sentido, exigimos de parte de los Señores Ministros de Defensa y del Interior, del Presidente del CCFFAA y de los Comandantes Generales de las FFAA y Director General de la PNP, una respuesta inmediata y firme, frente a este pretendido atropello de parte del Jefe Supremo de las FFAA y PNP; de no ser así EXIGIMOS su inmediata renuncia al cargo, por falta de liderazgo y lealtad al personal bajo su comando”. Invocamos al Ejecutivo a la cordura y al Legislativo a tener en cuenta que la aprobación de este proyecto solo polarizará la situación social entre civiles y uniformados, lo cual es contraproducente para la seguridad integral de la nación. El gobierno está agregando gasolina a la ya debilitada sensación de inseguridad que vive el país por efectos de la delincuencia común, narco-terrorismo, TID y delitos agravados. Es necesario un momento de reflexión en los decisores, para que nuevamente analicen, recapaciten y modifiquen este proyecto. Si no lo hacen, pasarán a la historia como los dos personajes responsables de la catástrofe que afectará a las FFAA y PNP, sus familiares y lo que es muy grave a la Seguridad Nacional. (*) Blogs: http://amaruperu.blogspot.com

El vaso de leche de la mujer maravilla

CÉSAR A. BENAVIDES CAVERO (*)
Hace varios días escribimos sobre doña Susana Villarán de la Puente, candidata “estrella”, y evaluamos sus declaraciones periodísticas, radiales y televisivas, que los ciudadanos escuchamos todos los días. Por sus declaraciones, percibimos que aspira ser una súper comisaria y cree que de ser Alcalde, este cargo le otorgaría esas facultades. Sin embargo, lejos está de saber lo que es la Seguridad Ciudadana; y parece que ignora los conceptos de las Naciones Unidas (CEPAL-ILPES) sobre la existencia de trece percepciones sobre inseguridad en toda Latinoamérica y de ellas sólo una le corresponde, casi con carácter de exclusividad a la Policía Nacional ¿Cuál es? La Vida y el patrimonio de los ciudadanos.
En este segundo análisis sobre dicha candidata estrella, la oligárquica, aunque solo sea por sus apellidos, doña Susana Villarán, le recordamos que mediante Ley Nº 24059 del 04 de Enero del 1983 el Vaso de Leche se convierte en programa de asistencia alimentario materno infantil en todos los municipios provinciales del país. Esta lucha social la lideró el conocido “Tío frejolito” alcalde de Lima, Alfonso Barrantes y que el 05 de Enero de 1985 su primer director fue el Dr. Oscar Ugarte Ubilluz (hoy ministro de Salud). Sin embargo, doña Susana dice que ella fue co-organizadora del Vaso de Leche junto con el Dr. Barrantes, con lo cual pareciera que le está rondando un alemancito (alzheimer), porque en la historia de ese programa no aparece ella por ningún lado.

Ahora esta candidata dice que hay que despenalizar la marihuana, ¿no será que también querrá su “troncho” para su consumo personal? ¿Qué pretende esta “lideresa”? ¿Quizá querrá entregar la educación al SUTEP o a la CGTP?, o ¿Se nombre de ministro de Educación al profesor Nilver López? ¿Acaso pretenden volver a las épocas del terrorismo genocida que nos tocó vivir a todos los peruanos? ¿Tal vez estaría buscando una alianza estratégica con la FARC? Pise la tierra y baje de su nube mujer maravilla o si prefiere la llamaremos la candidata “caperucita rota”. Esos lobos que está llevando en sus listas son feroces en su mayoría, no negamos que debe haber algunos buenos, como lo fuera el “Tío frejolito”, pero esos ya están enterrados. (*) Director de Comunicaciones del CAL y miembro del Instituto Peruano de Criminalística y Pericias.

Se busca un Jefe Supremo de las FFAA y PNP

HUGO RAMÍREZ CANAVAL
Contralmirante (r)
El Perú requiere urgentemente los servicios de un Jefe Supremo para los desencantados guardianes de su seguridad que son las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional; de alguien que asumiendo su papel de Jefe, les devuelva el orgullo y haga respetar -como alguna vez prometió- y ponga freno a los actos anti peruanos de algunos de los miembros del Poder Ejecutivo.

Quien tiene una casa y decide ampliarla y dotarla de los mejores equipos, por fuerza tiene que mejorar los muros, poner rejas en las ventanas y si puede, un cerco eléctrico para protegerla de la rapiña del vecino, sobre todo si se sabe que le tiene envidia y que se ha preparado para meterse a la fuerza… Si bien vemos que el gobierno está tratando de satisfacer las necesidades espirituales y materiales de los peruanos, a todos nos tiene muy preocupados contemplar a diario las reiteradas muestras de que ese mismo gobierno no está haciendo nada para garantizar la pervivencia del Estado peruano, así como su soberanía y libertad de acción. Lo peor es que los políticos de turno no solamente no están haciendo nada para darnos a los peruanos una capacidad de disuasión ante las bravuconadas y abiertas amenazas de la cúpula militar y política chilena, a pesar de anuncios de ministros y formación de comisiones -como la comisión Herrera- que a ningún resultado han llegado. ¡Todo ha sido una farsa!, ¡Sí, una farsa! Como que son cosas que han estado manejadas por esa señora Ministra que le mintió al país y al Congreso con lo del TLC con Chile, con lo de la Ley de la Selva, diciendo que el país perdería todo porque se anularía el TLC con el Tío Sam.

Y nos trajo el “baguazo”. Esta vez, hemos sido informados de esa irresponsable actitud del Ejecutivo, de presentar su proyecto de Ley del Presupuesto para el año 2011, preparado por la ministra de marras y aprobado en el Consejo de Ministros un día que no estuvo presente el Ministro de Defensa, con modificaciones sustanciales a todo lo que se había estado aprobando, modificaciones introducidas a última hora en esas perversas Disposiciones Finales, que todo lo arreglan… Lo grave de este triste intento que no pasará en el Congreso –así lo han dicho congresistas de varias bancadas- es que el presidente de la República le permite esa actitud irresponsable de su engreída ministra (se dice que es la que mejor cumple sus órdenes) y en compensación le permite que ella trabaje para sus amigos los empresarios chilenos -que a su vez, cumplen órdenes de los halcones chilenos que le tienen miedo a nuestras FFAA.

Es preciso que alguien les haga entender que están incursos en el delito de lesa Patria, pues están atentando contra la seguridad de la República, al estar trabajando para la desaparición de las FFAA y PNP y de la Caja de Pensiones Militar Policial, que la ministra mentirosa quiere convertir en una AFP chilena. Qué otra cosa puede significar: 1) Tratar de desmoralizar a los peruanos que a la hora de la hora pondrán el pecho en defensa de la soberanía nacional del Perú, al decirles que eso de los aumentos fue una farsa; que para el miserable aumento de 100 soles le están quitando presupuesto de luz y combustibles a los Institutos, y que a ella le importa un rábano; 2) Planear cerrar las escuelas de Oficiales y de Suboficiales de las FFAA y PNP por 2 años. Esta barbaridad no se le ocurrió ni a los camaradas de la CVR (la tristemente famosa Comisión de la Venganza y el Rencor) y 3) Planear eliminar la cédula viva, que fue creada para compensar los miserables sueldos que el Estado siempre ha pagado a los maestros, enfermeras, policías y militares. Sucede que en la actualidad, los sueldos de “los uniformados” no se mueven desde que en 1980 el gobierno de Belaunde nos castigó por lo del golpe de 1968 (30 años sin variación), mientras que Toledo les duplicó el sueldo a los maestros y con este gobierno, como consecuencia de los exámenes de selección, hay más de 200 mil maestros que han triplicado sus sueldos, lo cual está bien; a esto hay que agregar que las enfermeras hace años que ya salieron de perdedores. ¿Por qué entonces esa perversidad con los uniformados, que al fin, somos los únicos que nos preparamos para poner el pecho en defensa de la sociedad y de la soberanía de la Patria? ¿Por qué? ¡Porque la consigna es DESAPARECER LAS FFAA. Y de yapa, la doña planea enfrentar a los de “actividad” con los “retirados” ofreciendo aumentos para los de “actividad”, y de paso, desaparecer la Caja de Pensiones Militar Policial para convertirla en una AFP chilena. Los jóvenes que todavía acuden a las escuelas de formación militar y policial deberían ser premiados por el hecho de presentarse voluntariamente a servir a la patria por semejantes sueldos miserables y estar siempre listos para salir a poner el pecho. Necesitamos un Jefe Supremo que haga lo que cualquier jefe : ¡Defender a su gente! Y lo que hace cualquier presidente. ¡Defender la soberanía e integridad de la Patria!

La Ocupación de Guayaquil

.......................José Boterín
Pintura del Museo Naval del Perú
“Capitán de Navío Julio J. Elías Murguía”



Por Ernesto Linares

Durante la guerra que Bolívar le declaró al Perú, una de las victorias peruanas más importantes fue la ocupación de Guayaquil, cuya plaza se rindió a la Marina de Guerra del Perú después de un bloqueo de casi 3 meses.

En los combates de Guayaquil había muerto el vicealmirante Guisse el 24 de noviembre de 1828, pero el bloqueo de Guayaquil no aflojó y el puerto empezó a ser abandonado. El coronel colombiano Daniel O’Leary escribía:

“Guayaquil es un desierto. No se ve en la calle una persona decente; sólo las familias de la viuda y de las Garaycoas están aquí” (1).

La escuadra peruana que bloqueaba Guayaquil se componía de 3 buques: la fragata Presidente, la corbeta Libertad y la goleta Peruviana. Todos estaban al mando del teniente 1° José Boterín, el marino más joven que se ha hecho cargo de la escuadra en la historia de la Marina de Guerra del Perú.

Los colombianos contaban con la goleta Guayaquileña y los bergantines Adela y Potrillo. El 6 de diciembre de 1828, los colombianos pusieron a flote dos brulotes para hundir a los buques peruanos, utilizando dos pequeñas naves llamadas Serafín y Caupolicán. El resultado fue desastroso como lo escribió O’Leary:

“Nuestros brulotes se convirtieron en burlotes. Pasé dos malas noches a bordo, pero sin objeto. Uno de los brulotes se fue a pique, los prácticos que debían conducirlos se echaron al agua aterrorizados, creyendo que el diablo se los iba a llevar” (2)

El 15 de diciembre Boterín envío una expedición al Morro con un oficial y 12 soldados para sorprender al Comandante Militar y 8 soldados, logrando que se subleve todo el pueblo a favor de Perú, formándose una montonera con 100 hombres armados sólo de lanzas (3).

Bolívar decidió reforzar la escuadra colombiana en Guayaquil, pero era muy tarde. El 6 de enero de 1829 le escribía a Paéz:

“La fragata Colombia debe haber salido el 13 de diciembre de Cartagena para Puerto Cabello. Allí debe ser socorrida de todo lo necesario para un viaje de 6 meses y debe salir en convoy con un bergantín de guerra perfectamente equipado” (4).

Para el 11 de enero de 1829, la guarnición colombiana de Guayaquil se había reducido al batallón Ayacucho y dos compañías de artillería (5). Esto se debía a que la situación se complicaba en Guayaquil por la falta de víveres y por la invasión a territorio colombiano por el Ejército del Perú al mando del Presidente La Mar. Para esa época, la escuadra peruana fue reforzada por los siguientes buques: la corbeta Pichincha, bergantín Congreso y la goleta Arequipeña, además contaba con 8 lanchas cañoneras.

El 15 de enero, Daule se subleva a favor de Perú. Los rebeldes Domingo Iglesias y el capitán Avellanet matan al Comandante Militar Luis Dávalos. Las fuerzas sutiles peruanas pasaron a situarse en las embocaduras de los ríos Daule y Babahoyo.

Boterín intima el 13 de enero la rendición de Guayaquil a su Intendente, el general Illingworth, marino británico al servicio de Colombia. Este envía a Boterín dos parlamentarios: los coroneles Manuel Antonio de Luzurraga y a Juan Ignacio Pareja. El 19 de enero arribó a Guayaquil el capitán de navío Hipólito Bouchard en la fragata transporte Monteagudo mientras continúan las conversaciones en la goleta Arequipeña. Bouchard había sido nombrado como Comandante en Jefe de la escuadra peruana en reemplazo de Guisse. Al final, la noche del 19 se acuerda un armisticio de 10 días, dentro del cual, si ninguna de las partes tenía noticia de una batalla entre los ejércitos de Colombia y Perú, las fuerzas colombianas abandonarían Guayaquil. El acuerdo fue ratificado el 20 de enero por Hipólito Bouchard y Juan Illingworth. Como no llegó ninguna noticia a la ciudad, Illingworth se retiró con sus fuerzas, conformadas por el batallón Ayacucho y parte del batallón Girardot, este último llegado en los últimos días, hacia el norte por la vía del Daule.

Illingworth escribió en su parte al general Juan José Flores lo siguiente:

“En tan críticas circunstancias; cortados todos los recursos, y la comunicación de los pueblos, sin poder rescatar ni un solo soldado por las continuas amenazas enemigas, temiendo la introducción de armas y de la oficialidad de la tercera División, me vi precisado a oír la última invitación del jefe enemigo, a fin de entrar en una transacción que me diese el tiempo necesario, bien para salvar esta guarnición, bien para disminuir los nuevos peligros que me rodeaban; y como cada hora se producían eventos que angustiaban más y más mi situación, no fue posible conseguir otras condiciones, que las que constan en el convenio que en copia tengo que acompañar a usted” (6)

La ocupación de Guayaquil por la marina peruana fue el golpe más rudo que recibió Colombia en esta guerra. Al respecto, Daniel O’Leary escribió lo siguiente:

“La pérdida de Guayaquil nos ha acarreado grandes males; pero era una consecuencia natural de nuestra falta de marina en el Pacífico. Ahora no es tiempo de llorar las faltas que hemos cometido. Pensemos sólo en remediarlas. La posición geográfica del Perú desde un punto de vista militar, es tan superior a la nuestra, que sin exageración puedo decir que la derrota de su ejército le será menos perjudicial que la victoria a nosotros” (7).

Esta victoria peruana está olvidada, pero se debe saber que fue uno de los primeros triunfos en guerras internacionales que tuvo Perú y que los nombres de José Boterín, Manuel Sauri, Juan José Panizo, José María Salcedo, Francisco Forcelledo, Elcorrobarrutia y otros jóvenes marinos deben ser recordados en el futuro por su valeroso logro.

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Notas
(1) Daniel Florencio O’Leary. 1952. Memorias del General O’Leary, T. III, pp. 429 – 430. Carta de O’Leary a Sucre del 6 de diciembre de 1828.
(2) Ibídem.
(3) Félix Denegri Luna. 1976. Historia Marítima del Peru, T VI, pp. 238 – 239. Parte oficial de José Boterín al Secretario General.
(4) Mariano Sánchez Bravo. 2004. Historia Marítima del Ecuador, T. XI, Primera Parte, p. 157.
(5) O’Leary, Op. Cit., pp. 438 – 440. Carta de O’Leary a Bolívar del 11 de enero de 1829.
(6) Sánchez, Op. Cit., pp. 158 – 159. Parte oficial del Comandante General de Guayaquil al Jefe Superior del Sur de Colombia.
(7) O’Leary, Op. Cit., pp. 445 – 447. Carta de O’Leary a Estanislao Vergara del 21 de febrero de 1829.

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Pistas del trasiego del hampa peruana a Chile



Así como Australia era lugar de castigo para los delincuentes de Inglaterra, durante el tiempo del virreinato del Perú, la Capitanía General de Chile era el botadero de todos los indeseables del Perú. El tribunal de la Inquisición se encargaba de poner orden y reprimía por igual delitos comunes y conducta contraria a la moral y a la religión. Así, los casos más graves eran sancionados en la hoguera, en la que eran quemados vivos los sentenciados o en imagen (“estatua”) si habían muerto o estaban prófugos.


Siendo Lima el centro del virreinato en donde se concentraban las riquezas que obtenían los españoles del extenso virreinato, esta activa vida comercial, intelectual y política atrajo también a gran número de individuos al margen de la ley (como sucede hoy en todas partes del mundo).

Nuestro renombrado escritor Ricardo Palma publicó en 1897 la tercera edición de su obra Anales de la Inquisición de Lima*, en la cual expone lo que encontró en los archivos de la Biblioteca Nacional, que estaban a disposición de todos los investigadores, entre ellos estudiosos chilenos que llegaban a Lima.

Cuando los rateros chilenos atacan al Perú y finalmente ocupan la capital, la Biblioteca Nacional se convirtió en blanco de incontrolable saqueo. A lo largo de la historia, en las guerras se reconoce lo que son trofeos de guerra: armas del enemigo, banderas o insignias, dinero en efectivo; pero no libros ni bibliotecas.

Ricardo Palma
El afán chileno al saquear la Biblioteca Nacional del Perú no era sólo entorpecer el desarrollo de la cultura del país atacado; también esta ratería se explica porque los chilenos que habían consultado el material de nuestra Biblioteca comprobaban con desagrado el papel de vertedero o basurero social en que las autoridades virreinales limeñas habían convertido a la Capitanía General de Chile.

Nuestro tradicionista, que fue Director de la Biblioteca nacional, vivió en carne propia la barbarie de los incontrolables rateros que se llevaban libros y manuscritos por carretadas. Con amargura escribe en el prólogo de Anales de la Inquisición de Lima: “Referencias hay en estas páginas á obras y manuscritos que existieron en la Biblioteca de Lima. Fatalmente, este edificio fué entrado á saco en Marzo de 1881, y los cincuenta mil volúmenes que contuvo de los que ocho mil se contraían exclusivamente á la América colonial, sólo Dios conoce las manos á donde habrán ido” (p. 5).

Está claro que los terroristas chilenos, con la mascarada de considerar botín de guerra lo que son bienes culturales, en verdad lo que buscaban era retirar de la luz pública los documentos que demostraban el importante papel que el detritus humano del virreinato había tenido en la formación de la nación chilena. Esto, añadido al hecho histórico de que el conquistador Francisco Pizarro mandó a Chile, tierra baldía, sin riquezas y con etnias primitivas, a Diego de Almagro y sus huestes para deshacerse de ellos y no compartir los tesoros incaicos, generó en los chilenos contemporáneos un gran resentimiento heredado de los almagristas, que habían retornado al Perú furiosos por el engaño y desencadenaron una guerra civil contra Pizarro.

Desde el desengaño de Almagro y hasta el final del virreinato Chile siempre fue una tierra a donde nadie quería ir. Por ello iba gente obligada a hacerlo, esto es, los presidiarios, soldados y curas.

Con saqueo y todo, Ricardo Palma llega a individualizar casos de desterrados a Chile, con nombre y apellido. Entre los nombres de expulsados a Chile que registra Palma tenemos:


Feliciana Fritis, bruja (p. 99)
Juan de Ochoa, promiscuo sexual (p. 99)
Felipe de Latorre, bígamo (p. 99)
Nicolás de Araus y Borja, farsante y zahorí (p. 100)
Juan de Cerda, bígamo (p. 100)
Juan Bautista Gómez, bígamo (p. 101)
Matías de Cabrera, bígamo (p. 101)
Bernardo de Aguirre, bígamo (p. 101)
Matías de Aybar, promiscuo sexual (p. 114)
Nicolás Benito Campuzano, bígamo (p. 115)
Pedro Martín de Orellana, bígamo (p. 116)
Francisca Andrea de Benavides, bruja y alcahueta (p. 116)
Inés de Peñalillo, bruja (p. 116)
Petronila Guevara, bruja (p. 117)
María Barreto y Navarrete, bruja y farsante (pp. 117-18)
José Nicolás Michel, embustero y falso sacerdote (p. 120)
Pedro Sigil, falso sacerdote e idólatra (p. 120)
Calixto de Erazo, bígamo (p. 121)
Domingo Llanos de Espinola, polígamo (p. 121)
Juan José Otárola, bígamo (pp. 121-22)
Juan Antonio Pereira, blasfemo (pp. 126-27)
Diego Pacheco, falso sacerdote (p. 127)
Rafael de Pascual y Sedano, hereje (pp. 127-28)
José Zegarra, falso sacerdote (p. 128)
Juan de Salas, bígamo (p. 129)
Juan José Meneses, brujo y blasfemo (p. 142)
José Pantaleón, agitador antirreligioso (p. 143)
Francisco del Rosario, agitador antirreligioso (p. 144)

Esto es lo que ha podido rescatarse, lo demás —documentos sobre otros delincuentes más peligrosos— lo robaron los chilenos para tratar de ocultar el sustrato maligno de las castas que proliferaron en su país.

La gran mayoría de los desterrados era enviada a Valdivia, a la isla Juan Fernández o a la ciudad de Concepción. En esta pequeña muestra se nota una mayoría de transgresores religiosos (blasfemos, herejes, falsos sacerdotes, brujos), contingente que llegó a tener una influencia multiplicada. Hasta el día de hoy en Chile los Diez Mandamientos (especialmente el sétimo “No robarás” y el quinto “No matarás”) son una curiosidad cultural (para ellos no es religiosa) que les estorba, puesto que la conducta de Chile como nación está basada en el robo y en el homicidio.

Almagristas dando muerte a Pizarro

Para mayor burla, esta gente que por razones históricas lleva en sus genes la incredulidad religiosa y el instinto primitivo de apoderarse de lo ajeno a como dé lugar (si es matando, mejor) no vacila en utilizar sin ningún respeto el nombre y persona de Cristo, y se han atrevido a levantar el llamado “Cristo de la Concordia” en Arica, para infundir el mensaje de que Cristo avala el robo territorial perpetrado contra Bolivia y el Perú.

Aparte de las raíces demográficas, de los núcleos de lumpen antirreligioso que llegaron a Chile, la iniciativa chilena de erigir la mencionada estatua debe verse como continuación natural de la prédica antiperuana y antiboliviana del clero chileno que, alejándose del mensaje de paz y fraternidad de Cristo, incitaba a las masas chilenas al robo y al homicidio, presentando a Bolivia y al Perú como naciones que merecían el castigo de Dios por la mano de Chile. De esta manera, esa campaña de azuzamiento al robo, al asesinato y al terrorismo que duró décadas —según demuestra Carmen McEvoy en su libro Armas de disuasión masiva— no sólo recibió la bendición de los sacerdotes chilenos, sino que ellos mismos la propiciaron desde el púlpito y la intensificaron durante el transcurso de la guerra.

La mona, aunque de seda se vista…


* Vuelta a publicar en Lima en 1997, en edición facsimilar.

Investigan a Susana Villarán por delito contra la fe pública



Por adulteración de transcripción oficial del Congreso

La candidata a la alcaldía de Lima Susana Villarán de la Puente oculta que es investigada por el Ministerio Público por el presunto delito contra la fe pública en la modalidad de falsificación de documentos y falsedad genérica, en agravio del Estado por supuestamente haber adulterado una transcripción oficial de una sesión de trabajo del Congreso de la República en el año 2004.


Inmersos en la misma presunta fechoría se encuentran el ex ministro del Interior Fernando Rospigliosi, quien en esta campaña ha salido a los medios presentándose como escudero de Villarán, y el periodista Pedro Salinas

El delito de adulteración de la transcripción se perpetró para justificar la denuncia por encubrimiento personal y omisión de denuncia que, inicialmente, los hoy investigados entablaron contra el ex ministro y ex parlamentario Jorge Mufarech Nemy, a quien acusaron de haber encubierto premeditadamente a contrabandistas, según detalla Expreso.

El presunto delito se cometió el 24 de setiembre de 2004, cuando Villarán y sus coinvestigados, Rospigliosi Capurro y Salinas Chacaltana, ofrecieron una conferencia de prensa en el hotel Meliá, en la que presentaron copia de la denuncia y proyectaron el video de la mencionada sesión del Congreso en la que supuestamente se escucha a Mufarech señalar que dejó ir a contrabandistas a cambio de información. Además señalaron que en ese momento Mufarech era ministro de Trabajo.

Denuncia contra Mufarech fue declarada infundada

Sobre la denuncia contra Mufarech, el fiscal provincial especializado en delitos de corrupción de funcionarios, Óscar Zevallos Palomino, resolvió el 27 de diciembre de 2005, con Resolución N.º 183-04, que no existía mérito para formular denuncia penal contra Mufarech Nemy.

La resolución de Zevallos Palomino se lee en una parte lo siguiente: “Recabado del Congreso de la República la trascripción de la sesión secreta del 24 de enero de 2002, de la comisión investigadora de la influencia irregular ejercida durante el gobierno de Alberto Fujimori Fujimori (1990-2000), sobre el Poder Judicial, Ministerio Público y otros poderes e instituciones del Estado vinculados a la Administración de Justicia, se ha determinado que en el diálogo sostenido entre el señor Corrochano Patrón y el señor Mufarech Nemy no coincide con la transcripción presentada con la denuncia penal, puesto que se ha agregado la frase ‘se les permitió ir’”. Aquí se hace alusión a la denuncia penal que Villarán, Rospigliosi y Salinas interpusieron contra Mufarech.

La resolución continúa: “Asimismo se recabó el Informe Número 046-2005-DIRCOCOR-PNP-UNINTE, sobre la visualización y transcripción de dos cintas VHS, relacionada con la declaración de Javier Corrochano, con la intervención del congresista Jorge Mufarech, transcripción que coincide con la realizada por el Congreso de la República”.

Tras ser demostrada falsa la denuncia contra él, Mufarech Nemy interpuso en el Ministerio Público una denuncia contra Susana Villarán, Fernando Rospigliosi y Pedro Salinas por el presunto delito contra la fe pública en la modalidad de falsificación de documentos y falsedad genérica, en agravio del Estado, Congreso de la República, la misma que actualmente se investiga en la 55 Fiscalía Provincial Penal de Lima.

Según Expreso, tres denunciados no han cumplido con acudir a las citaciones que les ha hecho la Policía Nacional, la que investiga el caso por mandato del Ministerio Público.