lunes, 6 de septiembre de 2010

Sin cuota de sacrificio de FFAA y PNP, el país nunca se habría recuperado y no tendríamos bonanza económica

Proyecto para suspender pensión renovable e ingreso a escuelas castrenses no tiene opinión previa del Congreso

Señores Congresistas: El Poder Ejecutivo, mediante Proyecto de Ley de Presupuesto de la República para el año 2011 ha planteado en las Disposiciones Finales Décimo Octava, Décimo Novena y Vigésima, medidas que afectarán enormemente al Sistema de Defensa Nacional en el corto, mediano y largo plazo.

Aún cuando nuestra principal preocupación es la recuperación de la operatividad y capacidad disuasiva de nuestras Fuerzas Armadas para la eventualidad, no muy remota, de tener que hacer frente a una amenaza exterior; esta vez nos dirigimos a ustedes por un problema no menos importante porque atañe al personal, principal activo de las FF.AA. y la Policía y es el problema referido a sus remuneraciones y pensiones, es decir, a la justa contraprestación por los servicios prestados. El Ejecutivo, sin ningún estudio previo de los Ministerios de Defensa y del Interior ni del Comando Conjunto (ya no existe la Secretaría de Defensa Nacional), está proponiendo al Congreso de la República, a través de este proyecto de ley, que durante los años 2011 y 2012 no haya ingreso de personal a las Escuelas de Oficiales y de Suboficiales de las FF.AA. y la PNP. En este punto debe tenerse en cuenta que, si bien el artículo 172 de la Constitución señala que el número de efectivos de las FF.AA. y de la PNP se fija anualmente por el Poder Ejecutivo, no es menos cierto que debe obedecer a un acucioso y profundo estudio realizado por el Ministerio de Defensa, sus órganos correspondientes y POR SER DE INTERES NACIONAL Y RESPONSABILIDAD CONSTITUCIONAL, DEBATIDO EN FORMA ESPECIFICA Y MUY RESPONSABLE POR EL CONGRESO DE LA REPUBLICA. Dudamos que estos proyectos de Disposiciones hayan sido producto de un estudio serio realizado con las instituciones armadas y la PNP. Este proyecto de ley también modificaría la ley 19846 Ley de Pensiones de las FF.AA. y de la PNP, dejando sin efecto todas las disposiciones que de nivelación de las pensiones con las remuneraciones, en pocas palabras las pensiones del personal en retiro con derecho a nivelación se estancarán donde están y no se nivelarán de acuerdo a las remuneraciones del personal en actividad, inclusive de las pensiones de invalidez e incapacidad y sobrevivencia o de sobrevivencia. Afectará a las viudas también. ESA MEDIDA PUEDE SER APLAUDIDA POR QUIENES VEN SOLAMENTE UN AHORRO EN EL USO DEL DINERO DEL ESTADO, PERO NO PUEDE SER ACEPTADA POR QUIENES VEN MAS ALLÁ, CON PROFUNDIDAD, COMO PERUANOS RESPONSABLES, SU IMPACTO EN EL SISTEMA DE DEFENSA NACIONAL ¿Por qué señores Congresistas? Porque son los miembros de las FFAA y PNP quienes dieron su cuota de sacrificio para combatir y derrotar al terrorismo y darle estabilidad y seguridad al país. A la estabilidad y seguridad le siguió la recuperación de la economía y la llegada de inversiones extranjeras, a eso se debe la bonanza económica de la que goza nuestro país. Sin seguridad ni estabilidad NUNCA se hubiese recuperado y crecido la economía. Ese ha sido el principal aporte de nosotros los miembros de las FFAA y PNP en actividad y en retiro, a lo largo de varias décadas. Porque esas supuestas medidas de “ahorro” o restricciones a la nivelación pensionaria, cuyo sustento no se entiende por la razón de tener el país una economía nacional en constante crecimiento, impactarán en la vocación militar y policial, espíritu de servicio, moral combativa y por ende en la seguridad nacional y la seguridad ciudadana. Quizás no lo vean así quienes miran un horizonte de solo 2 años, pero impactará en el mediano y largo plazo en la juventud peruana. Repetimos, el principal “activo” que tiene el sistema de Defensa Nacional son sus integrantes, su personal, peruanos con vocación de servir a nuestra patria que viven y trabajan bajo un régimen laboral TOTALMENTE DIFERENTE al de cualquier otro funcionario del estado. Señores Congresistas, cuando se reúnan a debatir el proyecto de ley de presupuesto en mención, recuerden: ¿No es justo entonces que se establezca, POR LA NATURALEZA ESPECIAL de la función laboral militar y policial, un régimen de remuneraciones y de pensiones ESPECIAL, IGUAL y SOLIDARIO para los miembros en actividad y los de situación de retiro? ¿Por qué diferenciar a quienes SIEMPRE estuvimos, estamos y estaremos al servicio del Perú ofreciendo nuestra vida? Señores Congresistas, demos una mirada a este régimen laboral especial: Nosotros estamos disponibles trabajando para el Estado las 24 horas del día, los 365 días del año. A diferencia de otros funcionarios, no cobramos horas extras, ni sobre tiempo a pesar de mantenernos en las bases y cuarteles o comisarías sin horario de salida y cubriendo guardias o patrullas a cualquier hora, en zonas de emergencia o en las fronteras. No escogemos nuestro lugar de destino o centro de trabajo, ni podemos negarnos a trabajar en las diferentes bases y cuarteles del país, cosa que sí pueden aducir sus funcionarios que por ley no pueden ser cambiados de su centro laboral sin su consentimiento. Nuestras familias deben sacrificarse con estos cambios de empleo, pues muchas veces tienen que vivir adaptándose constantemente a los cambios de localidad, o viviendo separados por las características de las localidades de empleo como zonas de emergencia, zonas de frontera, lugares inhóspitos, etc. No tenemos catorce sueldos al año (un sueldo completo por Navidad y otro por Fiestas Patrias) y, cuando pasamos al retiro no tenemos compensación por tiempo de servicios (CTS). Muchas veces, por exigencias del servicio y la vida militar, no podemos hacer uso del período vacacional y no tenemos compensación por ello y tampoco podemos acumular esos períodos para hacer uso de los mismos posteriormente. Pero, lo que nos distingue principalmente, es el hecho que nuestras vidas están en constante peligro, arriesgándonos diariamente en la lucha contra la delincuencia, el terrorismo, el narcotráfico o en operaciones de entrenamiento para caso de conflicto exterior; cosa que no sucede con otros funcionarios.

Todas nuestras instituciones armadas han tenido bajas en combate, en estos últimos meses recordemos cómo los pilotos de helicópteros y soldados han sido aniquilados por los terroristas en el VRAE y nuestros policías asesinados vilmente en Bagua. Nuestros soldados, marinos, submarinistas y nuestros pilotos de combate también están en “zonas de peligro o condiciones difíciles” y arriesgan sus vidas patrullando y vigilando constantemente nuestras fronteras. En cuanto a modificar el régimen pensionario, ¿acaso no convendría recordar nuevamente al Ejecutivo lo siguiente?: 1. El personal en situación de retiro dio su cuota de sacrificio en su momento, cuando estuvo en situación de actividad. Muchos de ellos han sido vencedores en Falso Paquisha. Muchos de ellos también combatieron en la Guerra del Cenepa, en inferioridad de equipamiento, entre otros motivos –y citamos el libro “Pájaros de alto vuelo”, de Carlos Malpica, – por la venta, bajo oscuras condiciones, de doce (12) aviones Mirage 2000 y todo su armamento. Dicha venta fue anunciada por el Presidente García al tomar el mando en su primer gobierno el año 1985. 2. El personal que se encuentra en retiro actualmente, también es aquél que peleó y GANÓ en la lucha contra el terrorismo en los momentos más duros de la demencial arremetida del senderismo entre 1980 y 1995. 3. Por otro lado, es indudable que el personal militar y policial que sufrió mutilaciones y las viudas de aquellos que resultaron muertos en combate, ahora también pensionistas, requieren de una atención de parte del Estado en agradecimiento a su enorme sacrificio.
Señores Congresistas, ¿Por qué el sistema de pensiones debe funcionar como lo establece la ley 19846 y no a través de una AFP, tal como lo propuso en diferentes ocasiones la ministra de Economía? En primer lugar, la Tasa de Siniestralidad para el caso de personal de las fuerzas del orden se encuentra, en el último quinquenio, en una cifra de alrededor del 27%. Esa tasa de siniestralidad es producto de la naturaleza de las operaciones militares y policiales, un régimen y modalidad de trabajo diferente a otros regímenes públicos o privados.. Con dicha tasa de siniestralidad, ninguna AFP podría sostener un sistema de carácter solidario, es decir, un sistema de reparto y capitalización colectiva como lo es la CPMP y como lo son los sistemas pensionarios del personal militar tanto de los países de la región como de países de otras latitudes, cuyos gobernantes sí entienden el tema. El régimen de pensiones de las FFAA y PNP tiene un carácter solidario. El sistema de AFP’s no es solidario. Funciona a través de una Cuenta de Capitalización Individual (CCI), por lo cual un suboficial u oficial que, en sus primeros grados, sufra un siniestro o muera en acto o con ocasión del servicio, tendría una CCI muy baja que no permitiría cubrir sus requerimientos o los de su familia. Como segundo punto es necesario hacer saber a la opinión pública el porqué de la actual situación caótica de la CPMP; situación que es de conocimiento del Ejecutivo, pero que por falta de decisión o por cálculo político permanece en ese estado: 1. Al comenzar el sistema, en enero del año 1973, la Tasa de Aporte era del 6%, correspondiéndole 3% al miembro aportante y 3% al Estado. Esta tasa debía haberse actualizado conforme iba ingresando más personal al sistema y de acuerdo a estudios actuariales que debían formularse cada cinco (05) años. 2. En el año 1979, y después del estudio actuarial respectivo, se incrementó la tasa de aporte al 12%, correspondiéndole 6% al aportante y 6% al Estado. A partir de ese año comenzaron los problemas, pues el aporte correspondiente del Estado dejó de pagarse por inexplicables razones (o por desidia o indiferencia de los sucesivos gobiernos). 3. A la fecha, la tasa de aporte debería estar (de acuerdo a cálculos actuariales) en el orden del 27 al 30%, lo cual no es novedad, pues diferentes países de la región tienen su sistema previsional militar en porcentajes similares, sino veamos: a. En Argentina, la tasa de aporte asciende a 36%, correspondiéndole 11% al miembro aportante y 25% al Estado. b. En Colombia, la tasa de aporte asciende a 27%, correspondiéndole 8% al miembro aportante y 19% al Estado. c. En Venezuela, la tasa de aporte asciende a 30%, correspondiéndole 5% al miembro aportante y 25% al Estado. Pero como usted puede decir que en Venezuela existe un gobierno cuasi militarizado, entonces le presentamos a continuación el enfoque de Chile. d. En Chile, la tasa de aporte asciende a 26%, correspondiéndole 7% al miembro aportante y 19% al Estado. A esta situación debe agregarse que, sólo en el presente año, el gobierno chileno aumentó los salarios del personal de sus Fuerzas Armadas y carabineros hasta en un 12,7% adicional. Los gobernantes Chilenos son estadistas que consideran que sus Fuerzas Armadas son un seguro para su supervivencia como Estado y para proteger sus inversiones en el Perú y en otras latitudes. Es bueno saber que el incumplimiento del aporte estatal que le corresponde según ley, ha causado que, al mes de enero del 2010, la deuda del Estado con la Caja ascienda a la suma de MIL TRESCIENTOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NUEVOS SOLES (S/.1,300´453,000.00), según datos de la Gerencia de Pensiones de la CPMP). Existe un principio constitucional que dice que pueden expedirse leyes especiales porque así lo exige la naturaleza de las cosas, pero no por razón de la diferencia de personas. Los miembros de las FFAA y PNP que ahora están en situación de retiro, son los mismos que en los peores años del terrorismo estuvieron combatiendo en el campo. Son los mismos que combatieron en Paquisha y en el Alto Cenepa. Aquellos que no tuvieron la “suerte” de perder una pierna, un brazo, un ojo (o ambos), o los que no murieron en combate, ¿deben ser ignorados acaso? ¿Se trata de un castigo para aquellos que, ganando una guerra, regresaron a casa ilesos? Nosotros no lo hemos olvidado.
El Congreso no debe olvidarlo. El país no debe olvidarlo. Señores Congresistas, esperamos que ustedes reflexionen sobre estos temas que afectarán en el corto, mediano y largo plazo a la Defensa Nacional. No seamos ingratos ni mezquinos con quienes han permitido que la democracia permanezca como sistema de gobierno. El Presidente García en su mensaje a la Nación el 28 de julio de 2007 manifestó: “En la paz se dice que el ciudadano se olvida de Dios y vitupera al soldado; en la guerra invoca a Dios y llama al soldado”. Y eso es justamente lo que ustedes señores congresistas deberán evitar: que se vitupere al soldado, marino, aviador y policía peruanos. Cordialmente.

Fuente : La Razón

FS lleno de procesados


CANDIDATOS A REGIDORES DENUNCIADOS POR ESTAFA, PECULADO Y TRÁFICO DE DROGAS


LIMA | El programa Reporte Semanal reveló ayer que cinco candidatos de diversas listas distritales por Fuerza Social, agrupación que lidera Susana Villarán, están siendo actualmente procesados por varios delitos.

Se trata de María Pilar Clavijo Núñez, candidata a regidora para la Municipalidad de Santa Anita, procesada en el 8° Juzgado Penal de Lima por violencia y resistencia a la autoridad.Justificar a ambos lados
Asimismo, tres candidatos a regidores por Fuerza Social para la municipalidad de San Martín de Porres también tienen deudas con la justicia. Se trata de Julio César Montoya Camargo, procesado por tráfico ilícito de drogas en el 44° Juzgado Penal de Lima; Pedro Oriundo Naupari denunciado por lesiones dolosas en el 29° Juzgado Penal de Lima; y Jonas Alejos Ríos, quien tiene una denuncia por estafa en el 9° Juzgado Penal de Lima.

De acuerdo con el reportaje, también Eustaquio Cerafín Vera Muñico, docente retirado, militante del Movimiento Nueva Izquierda y postulante a regidor en el distrito de San Juan de Lurigancho, es acusado del delito de peculado. Su caso se ventila en el 4° Juzgado Penal de Lima y sobre él ya pesa una demanda por alimentos del año 1987, que fue resuelta al año siguiente.

CRÍTICA. De otro lado, Lourdes Flores cuestionó que el SUTEP, gremio que apoya a Susana Villarán, aún contemple la lucha de clases como visión programática. "No podemos volver a la lucha de clases. Está probado que la candidatura (de Villarán) está teñida por las ideas de Patria Roja, que son nefastas para el país", dijo.

Fuente : Correo

Candidatos de Villarán

2-1_edwin_copyAlgunos aliados de la candidata a la alcaldía de Lima promueven la libertad del genocida Víctor Polay Campos (a) “Rolando”.
Impresentables. Perfecto Víctor Ramírez Cifuentes, candidato a regidor por Lima de la lista que encabeza Susana Villarán, estuvo preso acusado de terrorismo, mientras que otros tres candidatos de Fuerza Social (uno a regidor por San Martín de Porres y dos a alcaldes distritales en Cajamarca) son acusados por presunto delito de tráfico ilícito de drogas. A ello se suma el hecho que otros dos candidatos a regidores por distritos cajamarquinos han sido acusados por delito de homicidio.

Perfecto Víctor Ramírez Cifuentes, quien se ubica en el cuarto lugar de la lista de regidores que encabeza Susana Villarán de la Puente, estuvo recluido –por presunto delito de terrorismo– en el Penal Miguel Castro Castro hasta el 2 de marzo de 1989 ya que un día antes la Sala Superior Penal Corporativa Nacional para casos de terrorismo lo absolvió.

No cambia
Pero los hechos posteriores a su liberación demostrarían que Ramírez Cifuentes está muy lejos de abandonar posiciones extremistas.
Según documentos reservados a los que EXPRESO pudo acceder, Ramírez integra desde el año 2006 la Junta Directiva del órgano vinculado al Movimiento Revolucionario Túpac Amaru ‘Comité Pro Libertad de Víctor Polay Campos’, que preside doña Otilia Campos, madre de Polay.
Incluso Ramírez Cifuentes según la documentación– habría participado el 15 de abril del año pasado en un evento organizado por dicho comité junto a activistas de izquierda radical pro emerretistas como Rossina Valcárcel Carnero, María Rosa Soto Bringas, ex editora de la revista Cambio, órgano de prensa del MRTA; César Oyola García, abogado de Polay; y Maite Palacios Pérez, pareja sentimental del emerretista Jaime Castillo Petruzzi.
Después, el 5 de junio de 2009, con motivo de los sucesos de Bagua, Ramírez Cifuentes en su calidad de presidente del Movimiento Nueva Izquierda (MNI) suscribió un comunicado titulado “Repudio a la masacre fascista contra los hermanos amazónicos de Bagua”.
Allí se lee lo siguiente: “es hora de salir al frente con movilizaciones políticas de masas y definir la coyuntura política como insurgente y por lo mismo el derecho del pueblo peruano a fijar y reivindicar sus derechos políticos y sociales expresados en la necesidad del cambio del modelo económico neoliberal”; exigiendo la “renuncia inmediata de todo el Ejecutivo y el Congreso en pleno, por haber demostrado incapacidad para gobernar y haber perdido legitimidad frente al pueblo”.
Incluso en la hoja de vida que Ramírez Cifuentes presentó ante el Jurado Nacional de Elecciones puede leerse en lo que se refiere a cargos políticos que él presidió el MNI desde enero de 2004 a julio pasado. También se sabe que es integrante del Comité Central del Partido Comunista del Perú–Patria Roja, donde es integrante.

También en su experiencia laboral consigna que desde marzo de 1985 hasta marzo de 1990 fue asesor de la Central de Trabajadores de la Revolución Peruana.

Narcotráfico
Pero en Fuerza Social, que lidera Susana Villarán, también hay otros tres personajes que postulan a alcaldías distritales y regidurías que presentan denuncias por tráfico ilícito de drogas.
Es el caso del candidato de Fuerza Social a la reelección en el cargo de alcalde distrital de San Andrés de Cutervo, Alejandro Pérez Cardozo, quien tiene vigente una denuncia por tráfico ilícito de drogas, la misma que viene siendo investigada por la 7º Fiscalía Provincial de Chiclayo. La base de la denuncia se encuentra en el atestado policial signado con el número 00292.
Inclusive en la hoja de vida que Pérez Cardozo presentó ante el JNE señala que no cuenta con sentencia firme en el ítem respectivo a la relación de sentencias que se declararon fundadas o infundadas en parte, con lo que implícitamente reconoce estar inmerso en un proceso judicial.

Otro caso es el del candidato de Fuerza Social a la alcaldía distrital de Cochabamba, en la provincia cajamarquina de Chota, Walter Llempén Quiroz, quien es investigado por la 6º Fiscalía Provincial de Chiclayo por presunto delito de tráfico ilícito de drogas, en base al atestado policial signado con el número 00010.
Inclusive en su hoja de vida presentada ante el JNE Llempén Quiroz consigna en la relación de sentencias condenatorias que hubieran quedado firmes, que fue denunciado por declaración de paternidad por la señorita Mariela Liliana Montenegro Vega.
La denuncia se planteó en abril de 2005 ante el Juzgado de Paz José Leonardo Ortiz. El número de expediente fue el 2005 – 0047 y la sentencia en contra de Llempén Quiroz quedó firme el 23 de noviembre del 2006.
También el aspirante a regidor por el distrito limeño de San Martín de Porres, Julio César Montoya Camargo, tiene un proceso por tráfico ilícito de drogas vigente en el 44º Juzgado de Instrucción de Lima. Incluso en la hoja de vida que presentó ante el JNE señala no tener sentencia firme con lo que implícitamente reconoce estar inmerso en un proceso judicial.

Homicidio
Otros dos candidatos a regidores del partido que lidera Susana Villarán están inmersos en acusaciones de homicidio. Ellos son Eugenio Castro Huamán y Armando Tarrillo Díaz.
En el caso de Castro Huamán, quien encabeza la lista de regidores al distrito de Cortegana, en Celendín–Cajamarca, él tiene una investigación vigente por el delito de homicidio en la 2º Fiscalía Provincial de Huaraz, la misma que se basa en el atestado policial signado con el número 00129.
Pero otro detalle que llama la atención en la hoja de vida que Castro Huamán presentó ante el JNE es su consumada vocación de tránsfuga. Entre diciembre de 2004 y marzo del 2005 militó en dos partidos políticos: el APRA (ingreso en diciembre de 2004 y salió en enero de 2005) y Perú Posible (ingresó en enero del 2005 y salió dos meses después).
Incluso en la hoja de vida señala no tener sentencia firme con lo que implícitamente reconoce estar inmerso en un proceso judicial.
En el caso de Armando Tarrillo Díaz, quien postula en la tercera ubicación de la lista de regidores al distrito de Chancaybaños, en Santa Cruz – Cajamarca, es investigado por la Fiscalía Provincial de Cajamarca por el delito de homicidio, en base al atestado policial signado con el número 00084.
Él, al igual que Castro Huamán, consigna en la hoja de vida que presentó al JNE que no cuenta con sentencia firme en el ítem respectivo a la relación de sentencias que se declararon fundadas o infundadas en parte, con lo que implícitamente reconoce estar inmerso en un proceso judicial.

Van sumando
Estos casos se suman al del defenestrado candidato a regidor por Lima, Alexander Michael Amaya Sancho, quien ha sido procesado por bloquear vías durante una protesta de gremios de transporte público en el 2009.
Alexander Michael Amaya Sancho, un radical salido de las canteras del Movimiento Nueva Izquierda (MNI) –plataforma electoral que alberga a la comunista Patria Roja–, es actualmente procesado por el Poder Judicial por fabricar y suministrar materiales explosivos y peligrosos.
Amaya Sancho fue detenido por Seguridad del Estado cuando realizaba desmanes en las pistas adyacentes a la Carretera Panamericana Sur en Villa El Salvador.
A él y sus acompañantes se les incautó materiales inflamables y explosivos como gasolina y kerosene, así como artefactos caseros peligrosos con los que habrían prendido llantas y llenado de fuego la pista. Por ello fue denunciado por la fiscal Marlene Cabrera Salazar, de la Segunda Fiscalía Provincial Mixta de Villa El Salvador.
Por esta denuncia, Amaya Sancho es ahora procesado penalmente por el Primer Juzgado Mixto de Villa El Salvador –que despacha la jueza Margarita Sánchez Tuesta (expediente N°327-2010)– por los delitos de entorpecimiento de los servicios públicos, fabricación y suministro de material peligroso y contra la seguridad pública y peligro común.

Manejaba borracho
Pero Amaya Sancho también es procesado por delito contra el cuerpo y la salud en la modalidad de conducción en estado de ebriedad, al protagonizar este hecho este año, cuando conducía su automóvil en completo estado de ebriedad por una de las vías de Lima.
Amaya Sancho fue detenido por la Policía Nacional y denunciado ante el Ministerio Público. El hecho lo investigó el titular de la 29º Fiscalía Penal de Lima, Miguel Espinoza Vegas, quien tras analizar las evidencias y recoger testimonios, el pasado 3 de agosto formalizó la denuncia contra Amaya por el delito de conducción en estado de ebriedad en agravio de la sociedad.
El caso pasó a manos del Poder Judicial el 11 de agosto con el número de expediente 303-2010 y actualmente es estudiado por el magistrado Marco Aurelio Tejada, encargado del 39 Juzgado Penal de Lima.

Fuente : Expreso

Lay: Patria Roja influenciaría posible gestión de Villarán


Humberto Lay Sun, candidato a la Alcaldía de Lima por el partido Restauración Nacional, cree que la agrupación Patria Roja sería influyente en una posible gestión del movimiento de Susana Villarán.

Criticó la presencia de Patria Roja en las elecciones, pues aseguró que el dar cabida a dirigentes como Nílver López como candidato a regidor, y otros miembros de Patria Roja, les da cabida para mayor crecimiento y respaldo político, con lo cual la población no concuerda.

En declaraciones a El Comercio recomendó a las dos candidatas no cantar victoria porque puede haber sorpresas.

Candidato a regidor de Villarán defiende ideología de lucha de clases



Villarán huye de responder a acusaciones sobre ideología de sus seguidores

Tras la revelación de Lourdes Flores de la ideología de lucha de clases de Patria Roja, agrupación que se jacta de haber maquinado el lanzamiento de Susana Villarán a las elecciones municipales, Nilver López, candidato a regidor de Villarán, defendió anoche la ideología política de la lucha de clase en el programa de Jaime de Althaus.

Nilver López, un personaje que ni siquiera sabe expresarse bien, respondió con evasivas al cuestionamiento, que puso en evidencia la ideología de lucha de clases que su gremio se ha propuesto predicar en la educación dentro de su planteamiento político, como está consignado en los estatutos del Sutep.

Por otro lado, Susana Villarán rehuyó responder a las contundentes acusaciones de Lourdes Flores, que no hablan de una ideología en la vida pasada de estos personajes, sino que la enarbolan en la actualidad, con pronunciamientos tan frescos como los emitidos hace tan sólo dos semanas.

El Sutep es un gremio que no practica la democracia, pues no aceptan un voto por maestro, sino que sus jerarcas son elegidos por dirigentes enquistados en sus cúpulas, perpetuando así una camarilla que pretende decidir el destino del gremio magisterial.

Por otro lado, se resisten a revelar los jugosos pagos otorgados con dinero de la Derrama magisterial a la cúpula enquistada en su dirigencia, que maneja los fondos que se descuenta mensualmente al modesto sueldo de los maestros.

El peligro violentista

La ideología de la lucha de clases es fundamental en las tesis de Carlos Marx, ideólogo del siglo XIX, en quien se inspiraron sangrientas revoluciones como la rusa, la china; y en el Perú sirvieron al la trama ideológica que dio origen al surgimiento del terrorismo de Sendero Luminoso y del MRTA, que dejaron unos 25 mil muertos en dos décadas de escalada demencial.

Nilver López y la educación

Nilver López, candidato a regidor de la agrupación de Susana Villarán, es ex secretario general del Sutep. Por otro lado, Susana Villarán anuncia que asumirá las funciones de educación. Las nuevas normas establecen que las municipalidades deben hacerse cargo de la educación escolar en las municipalidades.

Villarán admite que Patria Roja está detrás de su candidatura


Tras sucesivas excusas para pronunciarse sobre su asociación con Patria Roja, finalmente la candidata a la alcaldía de Lima Susana Villarán se vio obligada a reconocer que es aliada de ese partido marxista y que es muy importante en su grupo político.

La candidata explicó a RPP sobre Patria Roja: "Me aporta mucho. Nosotros hemos caminado con lealtad; ellos, el Movimiento Nueva Izquierda (MNI), Tierra y Libertad y otros grupos nos hemos unido".

Sobre su vínculo con Patria Roja y el Sutep, pese a que en sus estatutos contemplan la ideología extremista de lucha de clases, Villarán minimizó esa influencia diciendo que de la educación municipal se encargará ella.

No obstante, la presencia de radicales en la candidatura de Villarán produce el rechazo de diversos sectores.

Al igual que Lourdes Flores, Humberto Lay, también candidato, manifestó ayer su preocupación lamentando que Villarán "se ha asociado con gente que no permite el progreso del país. Ella misma ha aceptado que apoya a gente con estas cualidades. Es realmente preocupante que esté vinculada a estos grupos, como el SUTEP, que tantas trabas le puso al progreso de la educación, y sobre todo ahora que pensamos municipalizar la educación", advirtió con molestia.

¡Más que una tacha: una demostración cívica!


`Por : Herbert Mujica Rojas

Para el vulgo que se hace llamar medio de comunicación, la tacha domiciliaria que sacó a Kouri de carrera para Lima, constituye el leit motiv de esa circunstancia. Si preguntáramos si conoce o sabe algo del autor de la tacha arribaríamos a la única conclusión posible: ¡ni siquiera se acordaría del nombre de aquel ciudadano! Si la tacha prosperó fue por la potente razón que el cuestionamiento integral a las monstruosas fallas y fraudes de Cambio Radical tuvo en la argumentación del solitario abogado Guillermo Olivera Díaz a un osado y perseverante enriquecedor cuasi diario de pruebas y más pruebas. Desde hace más de cinco lustros el país no contemplaba una demostración cívica valiente y efectiva.


El miércoles 1 debió llevarse a cabo el informe oral acerca de la segunda tacha, la planteada por Olivera. Nadie entiende la razón del cómo trocó en posterior un cuestionamiento que ingresó ¡140 expedientes antes que la tacha domiciliaria! Sólo la magia ilusionista del experto en materia electoral del Jurado Nacional de Elecciones, Fernando Rodríguez Patrón puede —y debe— ofrecer una explicación, no de cómo hizo, sino en nombre de qué causas o neumáticas de interés ha procedido con dolo ostensible.

El cónclave no se llevó a cabo. En el tabladillo en que se sientan los jueces electorales ya no habían las cinco sillas que albergaban a igual número de magistrados. La subitánea, sorpresiva, aleve y pusilánime salida de vacaciones sine die de Ulises Montoya Alberti propició este asunto. Es que aquél, por haber adelantado opiniones sobre las mecánicas decisorias del JNE, había sido recusado por Guillermo Olivera Díaz. Y en lugar de afrontar el yerro, como lo hacen quienes van a perder o a ganar, prefirió, con la complicidad del colectivo del Jurado Nacional de Elecciones, picárselas o tomar las de Villadiego.

Miedo cerval, aterrado, perverso, culposo, eso es lo que siente el conjunto de jueces que conforma el JNE de actuar como lo demanda la ley y la decencia. Permitieron o se volvieron cómplices de Rodríguez Patrón que fletó el fraude Cambio Radical por todo lo alto y ahora encubren a Montoya Alberti. La mácula pestilente rodea este proceso edil, precedente del que vendrá para la sucesión presidencial. Los lodos de hoy presagian cualquier cosa para los meses que vienen.

La tacha domiciliaria ha sido el pretexto light que encajó bien en los designios del JNE para desbarrancar la candidatura Kouri. La salida de éste y su nadir de más de 30 puntos porcentuales al magro 2 ó 3% que hoy ostenta grafica lo vertiginoso del descalabro. ¿Qué razones tuvo el JNE para no actuar como debía y tocar las múltiples, numerosas e imbatibles razones documentales que presentó Olivera Díaz con estocadas letales periódicas y robustas de argumentos, pruebas y razones?

Superando el silencio de una prensa que ha batido todos los niveles de asco y autocensura abisal, venciendo los escollos económicos de tasas y desplazamientos, ignorado por semanas enteras, obliterado casi por completo, Guillermo Olivera Díaz, más allá de una tacha, emprendió la palmaria realidad que en Perú ¡sí se puede incurrir en demostraciones cívicas con la ley en la mano y la ética en alto!

¿Notó, amable lector, que los intelectuales de todo el amplio espectro, desde la zurda hasta la ultra-derecha, no aventura opinión de fondo sino cosmética y políticamente correcta? Los defensores de los derechos humanos en este capítulo callan. Los analistas, estrategas, internacionalistas, politólogos, especialistas y demás istas, hacen lo propio y no van más allá de muy despreciables circunloquios para justificar los nutridos dineros a los cuales sirven.

Más aún. Los partidos políticos, habida cuenta que esos no existen en Perú, es decir los clubes electorales, se cuidaron muy mucho de opinar o decir algo. La unanimidad yugulada de parecer ha dado una lección de cómo se evita la decencia y cómo se hunde al país en la ciénaga de mediocres colectores de votos que sí saben olvidarse de todo lo que prometieron una vez apoltronados en las sillas de mando.

El Perú es más grande que todas esas castas sin señorío ni savia para absolutamente nada. Desde la tribuna abogadil, premunido de los conocimientos penales que enseñó en varias universidades, ha escrito en la acción y en la práctica Guillermo Olivera Díaz una hermosa página que ilumina el paso decente de las nuevas generaciones. Así de simple.

Lea www.voltairenet.org/es
hcmujica.blogspot.com
Skype: hmujica

http://www.voltairenet.org/article166912.html

FREUMIPOL de Arequipa declara traidor al presidente Alan García


PRONUNCIAMIENTO

EL FRENTE ÚNICO MILITAR POLICIAL DE AREQUIPA (FREUMIPOL AQP) ANTE LA MANIOBRA CONSPIRATIVA DEL GOBIERNO APRISTA PARA ANIQUILAR A LAS FUERZAS ARMADAS SE DIRIGE AL PUEBLO PERUANO PARA EXPRESAR LO SIGUIENTE:

1. EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA EN SU MENSAJE A LA NACIÓN DEL 28 DE JULIO 2010 MANIFESTÓ QUE EN EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA REPÚBLICA PARA EL AÑO FISCAL 2011, ESTA CONSIDERADO UN AUMENTO DE REMUNERACIONES A LOS MIEMBROS DE LAS FUERZAS ARMADAS Y POLICÍA NACIONAL QUE LES PERMITA LA MEJORA DE SUS INGRESOS COMO UNA MUESTRA DE GRATITUD DEL PERÚ A QUIENES COMBATIERON A SENDERO LUMINOSO HACIÉNDOLES MORDER EL POLVO DE LA DERROTA.


2. EL 30 DE AGOSTO EL GABINETE MINISTERIAL PRESENTO AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA EL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA REPÚBLICA MODIFICADO SUBREPTICIAMENTE POR LA MINISTRA DE ECONOMÍA QUIEN INTRODUJO LOS DISPOSITIVOS 19 Y 20 Y OTROS QUE DISPONEN LA ELIMINACIÓN DE LA CEDULA VIVA PARA LOS PENSIONISTAS, EL PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE LA CAJA DE PENSIONES MILITAR-POLICIAL, EL RECORTE DE LAS PARTIDAS PRESUPUESTALES PARA EL VRAE Y LA ELIMINACIÓN DEL INGRESO A LAS ESCUELAS DE OFICIALES Y SUBOFICIALES.

3. ESTA TRANSGRESIÓN CONSTITUCIONAL DEL GABINETE MINISTERIAL QUE COMO SERVIDORES PÚBLICOS ESTÁN AL SERVICIO DE LA NACIÓN Y NO DEL GOBIERNO EVIDENCIA QUE ESTA INICIATIVA HA SIDO DIGITADA POR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA TENIENDO COMO INSTRUMENTO A LA MINISTRA DE ECONOMÍA.

4. LA ELIMINACIÓN DE LA CEDULA VIVA PERJUDICA AL SECTOR MAS VULNERABLE DE LA FAMILIA MILITAR POLICIAL, A LOS ANCIANOS EN EXTINCIÓN NATURAL, LAS VIUDAS QUE CONSIGUIERON ESE BENEFICIO CON LA INMOLACIÓN DE SUS ESPOSOS, A LOS MILITARES Y POLICÍAS QUE SE DISCAPACITARON COMBATIENDO A LA SUBVERSIÓN.

5. DENUNCIAMOS LA IRRACIONAL Y CONTRADICTORIA MEDIDA DE ELIMINAR EL INGRESO A LAS ESCUELAS DE OFICIALES Y SUBOFICIALES, EN UN CONTEXTO DE INSEGURIDAD CIUDADANA E INDEFENSIÓN MILITAR, LO QUE DEMUESTRA EL CARÁCTER MERCANTILISTA DE ESTE GOBIERNO DESPROVISTO DE LA ELEMENTAL CONCEPCIÓN Y PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO. QUE FAVORECE A LA POLÍTICA EXTERIOR CHILENA.

6. EL FRENTE ÚNICO MILITAR POLICIAL DE AREQUIPA ANTE LA AMENAZA AL ESTADO NACIÓN AL ATENTAR CONTRA SUS INSTITUCIONES TUTELARES EXPRESA:

7. DECLARAR TRAIDOR AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, E INDIGNO DE OSTENTAR EL CARGO DE JEFE SUPREMO DE LAS FUERZAS ARMADAS Y POLICÍA NACIONAL.

8. EXIGIR LA RENUNCIA DE LA MINISTRA DE ECONOMÍA AL ACTUAR DOLOSA E INCONSTITUCIONALMENTE Y NO DAR CUMPLIMIENTO AL D/U 014.

9. EXIGIR LA RENUNCIA DE LOS MINISTROS DE DEFENSA E INTERIOR POR COMPLICIDAD AL HABER APROBADO EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO.

10. DEMANDAR EL PRONUNCIAMIENTO DE LOS COMANDANTES GENERALES DE LOS INSTITUTOS ARMADOS O SU RENUNCIA EN CASO DE NO HACERLO.

11. INVOCAR A LOS CONGRESISTAS DE LA REPÚBLICA LA NO APROBACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE LA LEY DE PRESUPUESTO PARA EL AF 2011.

12. EXHORTAR A LAS ASOCIACIONES DE MILITARES Y POLICIAS A MANTENER LA UNIDAD Y EL COMPROMISO DE UTILIZAR TODOS , TODOS LOS DISPOSITIVOS QUE NOS CONFIERE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ.

Fuente : Con Nuestro Perú