Algunos aliados de la candidata a la alcaldía de Lima promueven la libertad del genocida Víctor Polay Campos (a) “Rolando”.Impresentables. Perfecto Víctor Ramírez Cifuentes, candidato a regidor por Lima de la lista que encabeza Susana Villarán, estuvo preso acusado de terrorismo, mientras que otros tres candidatos de Fuerza Social (uno a regidor por San Martín de Porres y dos a alcaldes distritales en Cajamarca) son acusados por presunto delito de tráfico ilícito de drogas. A ello se suma el hecho que otros dos candidatos a regidores por distritos cajamarquinos han sido acusados por delito de homicidio.
Perfecto Víctor Ramírez Cifuentes, quien se ubica en el cuarto lugar de la lista de regidores que encabeza Susana Villarán de la Puente, estuvo recluido –por presunto delito de terrorismo– en el Penal Miguel Castro Castro hasta el 2 de marzo de 1989 ya que un día antes la Sala Superior Penal Corporativa Nacional para casos de terrorismo lo absolvió.
No cambia
Pero los hechos posteriores a su liberación demostrarían que Ramírez Cifuentes está muy lejos de abandonar posiciones extremistas.
Según documentos reservados a los que EXPRESO pudo acceder, Ramírez integra desde el año 2006 la Junta Directiva del órgano vinculado al Movimiento Revolucionario Túpac Amaru ‘Comité Pro Libertad de Víctor Polay Campos’, que preside doña Otilia Campos, madre de Polay.
Incluso Ramírez Cifuentes –según la documentación– habría participado el 15 de abril del año pasado en un evento organizado por dicho comité junto a activistas de izquierda radical pro emerretistas como Rossina Valcárcel Carnero, María Rosa Soto Bringas, ex editora de la revista Cambio, órgano de prensa del MRTA; César Oyola García, abogado de Polay; y Maite Palacios Pérez, pareja sentimental del emerretista Jaime Castillo Petruzzi.
Después, el 5 de junio de 2009, con motivo de los sucesos de Bagua, Ramírez Cifuentes en su calidad de presidente del Movimiento Nueva Izquierda (MNI) suscribió un comunicado titulado “Repudio a la masacre fascista contra los hermanos amazónicos de Bagua”.
Allí se lee lo siguiente: “es hora de salir al frente con movilizaciones políticas de masas y definir la coyuntura política como insurgente y por lo mismo el derecho del pueblo peruano a fijar y reivindicar sus derechos políticos y sociales expresados en la necesidad del cambio del modelo económico neoliberal”; exigiendo la “renuncia inmediata de todo el Ejecutivo y el Congreso en pleno, por haber demostrado incapacidad para gobernar y haber perdido legitimidad frente al pueblo”.
Incluso en la hoja de vida que Ramírez Cifuentes presentó ante el Jurado Nacional de Elecciones puede leerse en lo que se refiere a cargos políticos que él presidió el MNI desde enero de 2004 a julio pasado. También se sabe que es integrante del Comité Central del Partido Comunista del Perú–Patria Roja, donde es integrante.
También en su experiencia laboral consigna que desde marzo de 1985 hasta marzo de 1990 fue asesor de la Central de Trabajadores de la Revolución Peruana.
Narcotráfico
Pero en Fuerza Social, que lidera Susana Villarán, también hay otros tres personajes que postulan a alcaldías distritales y regidurías que presentan denuncias por tráfico ilícito de drogas.
Es el caso del candidato de Fuerza Social a la reelección en el cargo de alcalde distrital de San Andrés de Cutervo, Alejandro Pérez Cardozo, quien tiene vigente una denuncia por tráfico ilícito de drogas, la misma que viene siendo investigada por la 7º Fiscalía Provincial de Chiclayo. La base de la denuncia se encuentra en el atestado policial signado con el número 00292.
Inclusive en la hoja de vida que Pérez Cardozo presentó ante el JNE señala que no cuenta con sentencia firme en el ítem respectivo a la relación de sentencias que se declararon fundadas o infundadas en parte, con lo que implícitamente reconoce estar inmerso en un proceso judicial.
Inclusive en su hoja de vida presentada ante el JNE Llempén Quiroz consigna en la relación de sentencias condenatorias que hubieran quedado firmes, que fue denunciado por declaración de paternidad por la señorita Mariela Liliana Montenegro Vega.
La denuncia se planteó en abril de 2005 ante el Juzgado de Paz José Leonardo Ortiz. El número de expediente fue el 2005 – 0047 y la sentencia en contra de Llempén Quiroz quedó firme el 23 de noviembre del 2006.
También el aspirante a regidor por el distrito limeño de San Martín de Porres, Julio César Montoya Camargo, tiene un proceso por tráfico ilícito de drogas vigente en el 44º Juzgado de Instrucción de Lima. Incluso en la hoja de vida que presentó ante el JNE señala no tener sentencia firme con lo que implícitamente reconoce estar inmerso en un proceso judicial.
Homicidio
Otros dos candidatos a regidores del partido que lidera Susana Villarán están inmersos en acusaciones de homicidio. Ellos son Eugenio Castro Huamán y Armando Tarrillo Díaz.
En el caso de Castro Huamán, quien encabeza la lista de regidores al distrito de Cortegana, en Celendín–Cajamarca, él tiene una investigación vigente por el delito de homicidio en la 2º Fiscalía Provincial de Huaraz, la misma que se basa en el atestado policial signado con el número 00129.
Pero otro detalle que llama la atención en la hoja de vida que Castro Huamán presentó ante el JNE es su consumada vocación de tránsfuga. Entre diciembre de 2004 y marzo del 2005 militó en dos partidos políticos: el APRA (ingreso en diciembre de 2004 y salió en enero de 2005) y Perú Posible (ingresó en enero del 2005 y salió dos meses después).
Incluso en la hoja de vida señala no tener sentencia firme con lo que implícitamente reconoce estar inmerso en un proceso judicial.
En el caso de Armando Tarrillo Díaz, quien postula en la tercera ubicación de la lista de regidores al distrito de Chancaybaños, en Santa Cruz – Cajamarca, es investigado por la Fiscalía Provincial de Cajamarca por el delito de homicidio, en base al atestado policial signado con el número 00084.
Él, al igual que Castro Huamán, consigna en la hoja de vida que presentó al JNE que no cuenta con sentencia firme en el ítem respectivo a la relación de sentencias que se declararon fundadas o infundadas en parte, con lo que implícitamente reconoce estar inmerso en un proceso judicial.
Van sumando
Estos casos se suman al del defenestrado candidato a regidor por Lima, Alexander Michael Amaya Sancho, quien ha sido procesado por bloquear vías durante una protesta de gremios de transporte público en el 2009.
Alexander Michael Amaya Sancho, un radical salido de las canteras del Movimiento Nueva Izquierda (MNI) –plataforma electoral que alberga a la comunista Patria Roja–, es actualmente procesado por el Poder Judicial por fabricar y suministrar materiales explosivos y peligrosos.
Amaya Sancho fue detenido por Seguridad del Estado cuando realizaba desmanes en las pistas adyacentes a la Carretera Panamericana Sur en Villa El Salvador.
A él y sus acompañantes se les incautó materiales inflamables y explosivos como gasolina y kerosene, así como artefactos caseros peligrosos con los que habrían prendido llantas y llenado de fuego la pista. Por ello fue denunciado por la fiscal Marlene Cabrera Salazar, de la Segunda Fiscalía Provincial Mixta de Villa El Salvador.
Por esta denuncia, Amaya Sancho es ahora procesado penalmente por el Primer Juzgado Mixto de Villa El Salvador –que despacha la jueza Margarita Sánchez Tuesta (expediente N°327-2010)– por los delitos de entorpecimiento de los servicios públicos, fabricación y suministro de material peligroso y contra la seguridad pública y peligro común.
Manejaba borracho
Pero Amaya Sancho también es procesado por delito contra el cuerpo y la salud en la modalidad de conducción en estado de ebriedad, al protagonizar este hecho este año, cuando conducía su automóvil en completo estado de ebriedad por una de las vías de Lima.
Amaya Sancho fue detenido por la Policía Nacional y denunciado ante el Ministerio Público. El hecho lo investigó el titular de la 29º Fiscalía Penal de Lima, Miguel Espinoza Vegas, quien tras analizar las evidencias y recoger testimonios, el pasado 3 de agosto formalizó la denuncia contra Amaya por el delito de conducción en estado de ebriedad en agravio de la sociedad.
El caso pasó a manos del Poder Judicial el 11 de agosto con el número de expediente 303-2010 y actualmente es estudiado por el magistrado Marco Aurelio Tejada, encargado del 39 Juzgado Penal de Lima.
Fuente : Expreso
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